Blanca Elizabeth Carmona
El Diario
Los Tribunales de Tratamiento contra las Adicciones (TTA) comenzarán a funcionar en los próximos días en Ciudad Juárez, hasta el momento se han aplicado 390 tamizajes o cuestionarios a personas acusadas de diversos delitos y consumidoras de drogas y se ha determinado que 56 de ellos son candidatos a ser procesados por parte de un TTA.
El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de Chihuahua, José Miguel Salcido Romero, informó que todo está listo para el funcionamiento de estos tribunales pues ya se capacitaron a los jueces de Garantía y a los Especializados en Justicia para Adolescentes Infractores así como a los defensores públicos penales.
Además, dijo, se cuenta con la participación de un representante del sector salud y otro del sector social y por supuesto el Ministerio Público del fuero común.
“En el Estado de Chihuahua tenemos de 15 a 20 procesos celebrados por los TTA. En Juárez será cuestión de los próximos días, en cuanto los candidatos den su aceptación pues no queremos forzar las cosas. Pero los tribunales ya están integrados, tenemos al Sector Salud, sólo estamos esperando a que los candidatos nos digan que se quieren someter al procedimiento, señalar fecha e iniciar el tratamiento”, declaró Salcido Romero.
Estos Tribunales se enfocarán a aplicar una herramienta ya prevista en el sistema penal vigente y que consiste en que un juez aprueba la suspensión del proceso penal iniciado contra el acusado para imponerle ciertas medidas a cumplir mínimo durante un año y en caso de que las acate el asunto será sobreseído con efectos de una sentencia absolutoria.
“Es una suspensión del proceso, se le asigna al imputado un tratamiento: desde asistir a terapia con grupos como alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos hasta el internamiento en un centro de deshabituación. Si va cumpliendo con las obligaciones que se le fijen de tratamiento y de terapia, se van a reducir las cargas impuestas para estar presentándose ante el Tribunal a rendir cuentas con la idea de que terminando el tratamiento al procesado se le sobresea la causa penal, se le reinserte en la sociedad y de ser necesario se le auxilie para conseguir un empleo”, señaló.
En el caso de los detenidos mayores de edad, se han aplicado 342 tamizajes y se ha determinado que 53 personas son susceptibles de recibir el beneficio de la suspensión del proceso a prueba por parte de un TTA; en el caso de los menores, se han realizado 48 cuestionarios y en tres se ha determinado que son aptos.
Las personas que fueron consideradas como candidatas no tienen antecedentes penales, son adictos susceptibles de ser rehabilitados, fueron acusados de delitos imprudenciales o dolosos cuya pena máxima de prisión no excede de cinco años y no tienen otro proceso suspendido a prueba y no exista oposición del Ministerio Público de acuerdo al Artículo 201 del Código de Procedimientos Penales.
El magistrado presidente también indicó que si los procesados cumplen será posible que en ocho meses el asunto sea sobreseído y que la Secretaría del Trabajo y Prevención Social les busque un empleo.