Juan de Dios Olivas
El Diario
Tras los conflictos entre vecinos que se vienen registrando desde el año pasado, la Dirección General de Desarrollo Urbano detectó que 75 fraccionamientos fueron cerrados sin autorización del Municipio.
El titular de esa dependencia, Eleno Villalba Salas, indicó que esa fue una situación que a la fecha, solamente 189 cuentan con autorización y al resto se les está llamando a regularizarse y en el caso del último de ellos Urbi Quinta Granada, en particular se le dio un plazo de 30 días para hacerlo, de lo contrario el municipio retirará los enrejados.
Esa situación le fue heredada a la actual administración, enfatizó el funcionario.
“Se agarraron a diestra y siniestra autorizando fraccionamientos por la situación que vivía Juárez sin ninguna regulación o acuerdo y nos heredaron 189 fraccionamientos con autorización y alrededor de 75 sin autorización. Los hemos estado convocando para que cumplan con los requisitos”, dijo.
Señaló que además del caso de Urbi Quinta Granada en el fraccionamiento San Ángel se tiene otro conflicto tras registrarse la inconformidad de una persona contra 32 más por el cierre de la zona habitacional, “la misma persona que pidió cerrar y que ahora pide abrir”, manifestó.
Como solución, en primer lugar se pide en caso de no estar regularizados, la anuencia del 75 por ciento de los habitantes de los lugares, además de otras medidas, indicó.
“Estamos retirando rejas en el sentido de en una primera etapa estén abiertas de 7 de la mañana a 9 de la noche para permitir un libre tránsito. La otra, el conflicto principal que es el pago de la vigilancia, muchos se han dado a la tarea de poner sistemas electrónicos para abrir las puertas y se les pide instalar buzones también para que ahí dejen los recibos y que no lo dejen a los guardias”, refirió.
Villalba Salas señaló que los 75 fraccionamientos cerrados sin permiso, no están emplazados, debido a que tras ser notificados están respondiendo y regularizándose.
Sin embargo, en el caso de Urbi Quinta Granada, se les dio un plazo de 30 días hábiles en vez de las 15 que marca la norma, tras las quejas que surgieron.
Señaló que la Dirección fue acusada falsamente por una de las partes de los vecinos de retirar las rejas las cuales ayer aparecieron y motivaron que 4 vecinos se quejaran de que no los dejan entrar.
Conflicto vecinal llega
hasta los juzgados
Tras dos días de permanecer sin rejas en el acceso a su unidad habitacional, los vecinos del fraccionamiento Urbi Quinta Granada las instalaron de nuevo y advirtieron que no dejarán que las autoridades municipales las retiren.
Apenas el martes pasado habían retirado las rejas para evitar que empleados municipales acudieran al sitio a llevárselas.
Los habitantes de la zona dieron a conocer que la situación se derivó de las diferencias que sostienen los integrantes del Comité de Vecinos anterior y el actual, cuyos integrantes laboran desde hace un año.
En medio de la disputa, se quejaron de que el director de Desarrollo Urbano los amenazó con destruir la caseta y las rejas, así como mandar aprehender a los guardias de seguridad.
Varios de los vecinos, entre los que se encontraban Erica Rivera, José Nájera y Blanca Ríos, expresaron su inconformidad por la actitud que asumió el funcionario para resolver la problemática que están ocasionando al menos tres que no simpatizan con la actuación del Comité de Vecinos que está en funciones desde hace un año.
Dieron a conocer que los anteriores integrantes de la directiva vecinal, Juana Martínez y Lázaro Armenta, son quienes comenzaron a crear problemas en la comunidad luego que terminaron su gestión y se nombraron a los nuevos representantes.
De los 155 vecinos sólo cinco omiten el pago, entre ellos Martínez y Armenta, quienes fueron los que denunciaron ante el Municipio la supuesta ilegalidad del sistema de seguridad.
Dijeron que el anterior Comité de Vecinos pagaba 40 mil pesos mensuales por el servicio de seguridad privada, cuando el costo en la actualidad es de 20 mil pesos, por lo que tienen sospechas de que hubo un mal manejo de recursos.
Criticaron el hecho de que el director de Desarrollo Urbano se haya mostrado a favor de dos vecinos inconformes cuando hay 150 que están conformes con la administración que está a cargo de manejar los recursos de los habitantes de Urbi Quinta Granada, unidad habitacional que se encuentra sobre la calle Parral, entre el bulevar Zaragoza y la calle Vía Láctea, al sur de la ciudad.
Los residentes de esa zona dijeron que si el hostigamiento por parte de Villalba Salas continúa en su contra, acudirán hasta la Presidencia Municipal a plantársele para que de una solución al conflicto por la restricción para ingresar y que incluso planean buscar un amparo de la justicia federal contra la eventual actuación de la autoridad local.
Responden los ‘quejosos’
Lázaro Armenta Bojórquez y la maestra Juanita Martínez acompañados de otro vecino del fraccionamiento Urbi Quinta Granada se presentaron ayer por la tarde en El Diario para expresar que han sido víctimas de calumnias, amenazas e incluso agresiones físicas y verbales por exigir trasparencia en el manejo de las cuotas que aportan los vecinos al nuevo comité encabezado por la presidenta Vanessa Murillo Guerrero.
Con documentos en mano, la anterior presidenta y tesorero del comité mencionaron que han entregado todos los comprobantes de su desempeño del periodo 2010 – 2014, pero además han emprendido acciones de carácter civil y ante instancias de gobierno por lo que consideraron una campaña de desprestigio de su persona fundada en la desinformación que han creado en los demás vecinos.
Mencionó que Vanesa Murillo inició una serie de ataques, infundios, amenazas y ofensas hacia la maestra Juana Martínez que presidía el comité anterior al punto de que desactivaron su tarjeta de acceso electrónico al fraccionamiento bajo supuestos de fraude no comprobados.
Dijo que desde el año pasado la maestra ha presentado denuncias ya que la están acusando sin fundamentos de malversar fondos.
Agregó que todo este tiempo han sido víctimas de amenazas, no le han aceptado los pagos de sus cuotas ni la dejan participar en las juntas de vecinos y les cambiaron los accesos electrónicos al fraccionamiento y en su caso lo excluyeron de la comunidad por haber declarado a favor de la maestra.
“Emprendí un juicio ante el juzgado tercero de lo civil para confinar mis pagos y también fui víctima de acusaciones de fraude ante los medios de información e incluso se me señalo que había tenido una querella por robo”, señaló. (Con información de Martín Orquiz/Salvador Castro/El Diario)