Luz del Carmen Sosa
El Diario
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) pidió a la Fiscalía General del Estado sancionar la actuación irregular de funcionarios y ex funcionarios que integraron la carpeta de investigación de Armando Rodríguez Carreón, asesinado el 13 de noviembre del 2008.
La consignación del expediente del periodista de esta casa editora es el primer caso de homicidio calificado que resuelve la FEADLE desde su creación en 2006, y desde que se le facultó para atraer casos de homicidio.
Ayer, Laura Angelina Borbolla Moreno, quien está a cargo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dijo que ante las anomalías detectadas en la primera etapa de la investigación se dio vista al fiscal general Jorge González Nicolás, por lo que a él le corresponderá investigar y aplicar las sanciones correspondientes.
“En los resultados que se desprendieron de la investigación detectamos algunas anomalías en las actuaciones propias de la Fiscalía Estatal, ya se les dio vista y ellos tienen que actuar en consecuencia, yo tengo entendido que ya han iniciado las investigaciones”, dijo Borbolla Moreno, entrevistada vía telefónica.
Sin embargo, el vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), Arturo Sandoval Figón, dijo desconocer esta situación y la práctica de investigaciones internas en torno a anomalías en la integración de la carpeta de investigación del reportero.
La fiscal Borbolla describió que entre las deficiencias detectadas está el caso concreto del extravío de un teléfono celular de Armando Rodríguez.
“Esa es una evidencia que ya no se va a poder reponer y se le dio vista de extravío a la Fiscalía porque en su momento ellos tenían la cadena de custodia y no se entregó debidamente a esta Fiscalía Especial, se hizo varias veces el requerimiento y no hubo resultados al respecto”, agregó.
El Diario documentó que desde agosto de 2013, cuando la FGE entregó el caso del asesinato de Rodríguez Carreón a la FEADLE, salieron a la luz pública las omisiones que se cometieron y que llevaron a la instancia estatal a que abriera un procedimiento administrativo para establecer si existen responsabilidades en el manejo del expediente.
En medio de las diligencias se ha citado a declarar a ex funcionarios de la FGE, incluidos algunos agentes que a la fecha ya están muertos, para tratar de esclarecer lo que ocurrió.
Borbolla Moreno declaró en noviembre de 2013 que estaba en busca de la colaboración de la Fiscalía local para esclarecer cuál fue el destino del vehículo y del teléfono celular que tenía la víctima al momento del atentado.
Aparentemente, dijo, las autoridades estatales aseguraron ambos elementos, pero cuando la FEADLE recibió el caso no encontró indicio de dónde estaban físicamente.
Los artículos se requerían para ser objeto de pruebas subjetivas en materia pericial.
El vehículo fue entregado por el Ministerio Público estatal a esta casa editora después de los hechos, pero está reportado como robado desde 2012. El teléfono celular también se encuentra en poder de esta empresa luego de que el Ministerio Público así lo dispuso, pero el contenido fue rescatado por la instancia federal.
A un año de distancia, la fiscal especial tuvo conocimiento de que el automóvil, de la marca Nissan, fue entregado a la empresa periodística, su legítima propietaria, después de realizar las periciales correspondientes; sin embargo, desconoce el paradero del teléfono.
“En su momento se obtuvo la información que contenía y se analizó su relevancia. Finalmente, de alguna responsabilidad que pudieran tener los servidores públicos con relación al teléfono, será la FGE quien lo determine; tan es así, que por esa razón inició el procedimiento correspondiente”, señaló.
Una persona relacionada con el caso reveló que en la carpeta de investigación del homicidio no existe la cadena de custodia ni del automóvil ni del teléfono.
“Era una práctica común que cuando Patricia González era la procuradora, dispusiera de la evidencia sin cumplir los protocolos requeridos. Siempre mandaba a alguno de sus escoltas a que le entregaran tal o cual prueba y se las daban sin que hubiera constancias de recibido o cualquier otro comprobante”, comentó después de pedir que se omitiera su identidad.
Por razones de jerarquía y temor a represalias, ninguno de los funcionarios le puso “peros” a los enviados de la ex procuradora, lo que generó desorden en el caso de Rodríguez Carreón debido a este proceder.
Si se llega a determinar la existencia de alguna responsabilidad, se impondrán sanciones que van desde la amonestación, la suspensión y la inhabilitación. Además, si esa conducta se llegara a constituir en delito, se tendrá que abrir una carpeta de investigación.
Entre las personas citadas se encuentra el agente del Ministerio Público que llevó el caso, Eruvey Herrera Venzor, quien fue reubicado a la Zona Centro de la FGE.
También compareció Edgar Gerardo Caro Ramírez, quien fungía como coordinador de la Unidad Especializada para Investigar Delitos Contra la Vida (UEIDCV) y quien tras del cambio de administración estatal, presentó su renuncia voluntaria al cargo.
Saúl Chávez Sandoval, perito responsable del aseguramiento del teléfono celular y el embalaje de los casquillos percutidos, quien fue asesinado el 3 de junio de 2010, también fue requerido.
Otro citado fue Víctor Hugo Tovar Galaviz, quien entrevistó a la familia de la víctima.
El agente y su compañera fueron acribillados el 15 de abril de 2012 en Paseo Triunfo de la República y Humberto Lara Leos. El oficial murió y la mujer quedó herida.
Carlos Soltero Cano, otro agente del Ministerio Público que fue el encargado de notificar del deceso al Registro Civil y fungía como coordinador de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, fue asesinado el 4 de febrero de 2010 en el fraccionamiento Fuentes del Valle.
La fiscal Laura Borbolla Moreno destacó que fueron varias las anomalías detectadas por los investigadores a su cargo.
En cuanto a si se dará vista también contra la ex procuradora Patricia González Martínez, Borbolla dijo que “se compartieron todas las diligencias que se hicieron en la carpeta de investigación y había señalamientos de varias personas en contra de varios funcionarios, no recuerdo de momento si había contra la ex procuradora, pero el expediente está abierto y puede ser consultado en el juzgado”, dijo.
“Ya se le dio vista al fiscal de todas las actuaciones, se le compartió la información justamente para que haga él lo conducente en contra de los funcionarios en los que procediera alguna acción ya sea de carácter administrativo o de otra índole, incluso penal. Eso ya no será competencia de esta fiscalía, sino de la Fiscalía General del Estado”, dijo. (Luz del Carmen Sosa)
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