S. Castro/L. Sosa/F. Chávez
El Diario
A pesar de que el presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, Eduardo Mariscal Ojeda se pronunció a favor de que la Fiscalía General y el Supremo Tribunal negocien con los acusados de delitos la opción de procedimiento abreviado a cambio de que acepte la culpabilidad, advirtió de “no ofrecerlo a cualquier delincuente y por cualquier delito”.
Expresó que si se trata de delitos menores está bien que se apliquen, pero en el delito de alto impacto pudieran propiciar mayor impunidad.
Mariscal Ojeda dijo que es una realidad de que está congestionado el sistema penal y había que hacer algo, ya que se están programando juicios orales allá por el 2016.
“Se están suspendiendo audiencias por falta de personal, falta de ministerios públicos, se reprogramaban y se reprogramaban. Estos es una realidad”, comentó.
Expresó que el procedimiento abreviado, es un procedimiento legal y tiene como fin de que cualquier infractor de la ley si acepta su responsabilidad se le puede reducir hasta un tercio de la condena del delito que se trate.
Sin embargo, señaló que el caso es que el procedimiento abreviado tiene que ser manejado de una manera muy inteligente porque no se puede someter a este procedimiento a delincuentes que hayan cometido delitos de alto impacto porque sería como premiarlos. Dijo que el procedimiento abreviado es una acción que la Fiscalía está tomando con el propósito de que no lleguen éstos a juicio oral.
“Si llegan ya están congestionado el sistema porque ya tenemos allá juicios hasta el 2016 y podría extenderse al 2017 y 2018 y sería como una violación a los derechos humanos de un reo por que tendrá que esperar a que se aplique justicia nomás porque está saturado”, señaló.
Dejan fuera a detenidos
con defensa privada
La oferta de procedimientos abreviados, que reduce la penalidad al detenido que acepta la culpa, excluye a los internos que cuentan con una defensa particular, ya que la negociación involucra sólo al Poder Judicial, la defensoría de oficio y el Ministerio Público.
Actualmente la partes involucradas negocian mil 200 carpetas de investigación de presuntos hechos delictivos para resolverlos por la “vía económica” del procedimiento abreviado, informó el fiscal general Jorge González Nicolás.
Héctor González Mocken, abogado litigante y presidente estatal de la Federación Chihuahuense de Colegios de Abogados, dijo que los abogados particulares no pueden tomar decisiones en lo general porque atienden casos en lo particular y tienen contratos de prestación de servicios con pago de honorarios.
Estimó que sólo en Cereso Estatal 3 aproximadamente el 15 por ciento de los internos cuentan con abogados particulares, por lo que la oferta que hacen ahora para destrabar juicios y evitar el colapso del Sistema de Justicia Penal no es generalizada, sino va dirigida a los acusados que cuentan con defensor de oficio.
“El Estado tiene la posibilidad, a través de la defensoría pública, de entrar y establecer una mecánica de destrabar tanto juicio pendiente porque tiene manera de dialogar con la defensoría pública que es una institución que está incrustada dentro del sistema y que recibe recursos del contribuyente y pueden llegar a esos acuerdos”, dijo el abogado.
Sin embargo, los abogados particulares a través de las Barras y Colegios, están demandando ser incluidos en las pláticas previas que están sosteniendo para establecer estas políticas públicas, de negociar los procedimientos abreviados, ya que están siendo relegados.
En estas políticas públicas que surgen ante la posibilidad de un colapso del Sistema de Justicia Penal no están presente los representantes de los colegios de abogados particulares y es necesario que sean incluidos para analizar, en forma general, las políticas concretas que establezcan y ver si de esa forma sus clientes también pueden ser beneficiados.
Algo que también buscan los abogados particulares es el rescate de los beneficios de los criterios de oportunidad, como por ejemplo, los beneficios a los acusados que apoyen las investigaciones del Ministerio Público a cambio de que reciban una penalidad más corta ofrecida por la Fiscalía, estímulos, dijo, que son completamente legales.
Anteriormente el magistrado Marco Tulio Cano Corral expuso que la saturación que padece ahora el Sistema de Justicia Penal se debe a que la Fiscalía estatal está judicializando un mayor número de casos después de la ola delictiva que se registró en Ciudad Juárez y porque no se están aplicando las salidas alternas que prevé la ley del Estado de Chihuahua para finalizar los procesos penales.
“Se trata de una saturación del sistema y no de rezago”, dijo.
Por ello, se busca que a través de la negociación de procedimientos abreviados se lleguen a sentencias favorables para la víctima y el acusado sin que se llegue al juicio oral, explicó González Nicolás.
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