Martín Coronado
El Diario
Tras el suicidio de la inmigrante ecuatoriana de 12 años, Noemi Álvarez Quillay, una ola de al menos 30 peritos de todas las especialidades estuvieron en el albergue La Esperanza, en donde midieron cada espacio y rociaron con luminol -líquido que se usa para buscar rastros de sangre- cada objeto tocado por la niña, según indicaron la directora y el abogado del albergue La Esperanza.
“Parecía que estábamos en el programa de CSI”, dijo David Alonso Carreón, el abogado, quien señaló que en su carrera nunca había visto una investigación de tal grado.
El 7 de marzo del 2014, el albergue La Esperanza recibió al mediodía a Noemi, que se suicidaría el 11 colgándose con la cortina de la regadera.
El abogado y la directora Joefina Molina Gutiérrez, dijeron que tras el suicidio, vinieron 11 meses de una minuciosa investigación.
Primero, afirman, la Fiscalía citó a todos a declarar, adultos y niños. Luego llegó gente de la PGR para hacer su investigación.
“Hicieron peritajes y también nos mandaron a comparecer al personal”, dice la directora.
“Luego vimos que tomó un tinte político porque el embajador de Ecuador empezó a presionar y nos vimos en una inspección, una supervisión muy exhaustiva”, agrega.
“Vino gente de México, vinieron 30 peritos, en planimetría, en química, criminología, etcétera, hicieron valoración psicológica de todo el personal, de todos los menores e incluso les hicieron exámenes físicos con médicos que trajeron ellos, con el consentimiento de los papás, para ver en qué condiciones se encontraban”, agrega.
David Alonso Carreón, abogado de la asociación civil responsable del albergue, dice que la investigación fue muy exhaustiva.
“Vimos situaciones que, aunque soy abogado, no había visto en otras investigaciones, todos los peritos que estuvieron aquí estaban capacitados en muchas áreas. Se tomaron medidas de todo el albergue subieron a los techos para ver si alguien podía ingresar de manera furtiva a las instalaciones, desde mi punto de vista todo fue muy profesional, algo a lo que no estamos acostumbrados… Era casi estilo los programas de televisión CSI, o algo así”, dice.
“En esta habitación se rociaron con luminol muchos de los objetos a los que la niña tuvo acceso para saber si había rastros de sangre o cualquiera de esas situaciones”, añade.
“Si de algo estamos seguros es que se agotaron todas las líneas de investigación en esa situación”, añade.
“Veíamos lo que hacían pero ya saliendo de aquí no nos decían más de lo que estaban haciendo o realizando… teníamos instrucción de no comentar las situaciones que pasaban por la investigación y por seguridad propia de cada uno de nosotros”, agrega.
Respecto a la violación, el abogado afirma que nunca tuvieron idea ni siquiera de que se trataba de una inmigrante, sino hasta que se dio a conocer en los medios de comunicación.
“En particular el albergue no tenía noción de lo que había pasado con la menor antes, sí supimos lo que pasó aquí porque lo veíamos, pero nunca tuvimos datos de algún abuso”, añade. Dice que no hay nadie del albergue detenido.
“La investigación fue tan exhaustiva que tienen que haberse realizado exámenes de ADN y que muy probablemente ahí es de donde puedan ellos obtener algo, pero a todas las personas que laboran aquí se les hicieron exámenes”, apunta.
La directora afirma que como era una adolescente, ella se bañaba y cambiaba sola, así que nadie pudo detectar algún posible abuso.
“Ellas tienen su privacidad y nosotros no podemos invadirla, en esta ocasión no quisimos hacer una inspección física por el estado emocional difícil en que venía, no la quisimos presionar más de lo que ya venía”, dice.
El abogado dice que el albergue ha quedado libre de cualquier cargo, salvo que aún tienen pendientes determinaciones de Coespris.
“El DIF sigue en contacto con nosotros porque se pasa un reporte semanal de los menores que siguen siendo atendidos”, añade.
El abogado enfatiza en que el albergue ahora se abre a los medios de para tratar de restituir cualquier imagen negativa que se tenga de él.
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