Luz del Carmen Sosa
El Diario
La Fiscalía General del Estado (FGE) y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) negocian con las partes involucradas en mil 200 casos de investigación de presuntos hechos delictivos para resolverlos mediante un procedimiento abreviado, con la intención de destrabar juicios y evitar el colapso del Sistema de Justicia Penal.
Esto fue dado a conocer por el fiscal general del estado, Jorge González Nicolás, quien aseguró que con esta medida, que se contempla en la ley estatal, se busca darle salida a esos procesos en los próximos tres meses.
El ofrecimiento es otorgar una menor penalidad a cambio de que los detenidos acepten la culpa y eviten un juicio oral, una negociación que tal vez sea aceptada por la gran mayoría de los acusados y las víctimas, expuso el fiscal.
Jorge González Nicolás, fiscal general del estado, dijo que lo ideal es buscar el equilibrio para agilizar los juicios sin crear impunidad y sin dar penas muy bajas, lo cual se tiene que hacer antes de que entre en vigor el nuevo Código de Procedimientos Penales en México.
Con este procedimiento se busca aliviar la satuación del sistema penal que se registra en este distrito judicial “por el mucho trabajo” que realiza el Ministerio Público, agregó el funcionario.
Para el fiscal general del estado, el sistema de justicia “es como una carretera, tiene un final, pero también caminos con los cuales se pueden acortar distancias”.
“Estamos trabajando con el Poder Judicial ahorita y estamos revisando mil 200 carpetas de investigación en la Zona Norte. Estamos entrando a una negociación –válida por la ley– para ver si nos vamos a procedimiento abreviado en los próximos tres meses; este es un gran trabajo y un gran apoyo del Poder Judicial”, declaró.
Consultado sobre esta medida, Edgardo Buscaglia, especialista en asuntos de violencia y seguridad de la Universidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana, consideró que el sistema de justicia de Chihuahua no está en condiciones de negociar carpetas de investigación para buscar sentencias por procedimientos abreviados.
El “negociar” un caso bajo investigación requiere de dos condiciones para alcanzar justicia que no posee el sistema actual, dijo.
Primero, enumeró, que la negociación procesal se regule bajo controles sociales de las víctimas e internos y de tribunales, para que la discrecionalidad del fiscal no sea excesiva, de lo contrario, sólo se desahogan causas a costa de alcanzar justicia.
“Este es el caso de Chihuahua, ya que los controles sociales de víctimas y procesales de tribunales son inexistentes”, expuso.
La segunda condición es que el procedimiento penal sí aplique mecanismos alternativos de resolución, sujetos a los controles jurisdiccionales de consejos de la judicatura autónomos que apliquen sanciones disciplinarias y correctoras, agregó Buscaglia.
Sin embargo, el problema es que en Chihuahua y México “brillan por su ausencia controles jurisdiccionales previos a la resolución judicial”, dijo.
En Ciudad Juárez aún no opera el Centro de Justicia Alternativa, aunque se espera que entre en funciones en los próximos meses, señaló por su parte el fiscal González Nicolás, y para ello se está preparando la contratación de más personal. Recientemente fue publicada la convocatoria para la preparación de nuevos agentes del Ministerio Público.
Hace unos días, El Diario mostró la situación de juzgados saturados y audiencias programadas hasta diciembre de este año y enero del 2016, un problema que está haciendo crisis en un sistema de justicia “pronta y expedita”, como se publicitó en el 2008.
“Los juzgados se saturan principalmente porque hay demasiado trabajo, esto ha provocado que las cosas se vayan atrasando, ¿por qué? Porque el número de jueces no es el ideal, el número de salas no es el ideal, el número de agentes del ministerio público no es el ideal. Estamos trabajando cada día para crecer pero hay que preparar a la gente”, dijo González Nicolás.
Indicó que antes de la llegada del gobernador César Duarte Jáquez, en 2010, una gran parte de los juicios terminaban a través del procedimiento abreviado.
“Esto hacía que no se congestionaran los tribunales, sin embargo, creaba un gran tema de impunidad. Los medios de comunicación, con justa razón, criticaban y cuestionaban por qué penas tan bajas, por qué siempre por debajo de la mínima”, dijo el fiscal.
Sobre el trabajo realizado aquí por la Unidad de Atención Temprana y la Justicia Alternativa, González Nicolás afirmó que en Ciudad Juárez es donde mejor trabaja, sin embargo no ofreció estadísticas oficiales ya que desde el 2010 esta Fiscalía ocultó la información que por dos años fue pública.
El funcionario estatal dijo que es momento de apostarle a la mediación en los procesos penales y dejar el sistema de justicia oral para los delitos graves.
Mientras tanto, ya estudian mil 200 carpetas en las que se busca que las partes involucradas acepten el procedimiento abreviado.
–¿Y si los imputados no aceptan?, se le preguntó.
Agregó que este embudo que existe se creó porque es mucho el trabajo y entre la sociedad no existe la cultura de llegar a un arreglo.
“Tenemos que convencer a la gente en este sentido, estamos acostumbrados a irnos a las últimas instancias y es porque la gente no confía en nuestras leyes, no confía en la aplicación de ellas, pero tenemos que crear esa seguridad y esa certeza se la tenemos que dar”, expuso el fiscal.
Edgardo Buscaglia consideró que para alcanzar la justicia se deben cumplir con las condiciones antes mencionadas, pues de lo contrario el sistema se colapsa por su ineficiencia e ilegitimidad social.
Y aunque en la zona se han identificado dos delitos como el narcomenudeo y la violencia familiar como los de mayor incidencia ventilados ante los Tribunales, la prevención y combate del delito aún registra fallas.
Para Buscaglia las negociaciones procesales no resuelven el problema si se carece de una verdadera prevención social, de policías que atiendan los derechos humanos y no pisoteen evidencia. “Sin consejos controladores y sin jueces capaces, es como intentar apagar un fuego de un centro comercial con un litro de agua”.
“La justicia es una cadena de eslabones, con uno solo que falle colapsa. El ‘fiscal negociador’ sólo conduce a más abusos procesales si los demás eslabones no funcionan, puntualizó. (Luz del Carmen Sosa)
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