Francisco Chávez
El Diario
El subsecretario de Educación estatal, Rodolfo Torres Medina, dijo desconocer los señalamientos publicados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el sentido de que funcionarios estatales de Chihuahua desviaron 101 millones 71 mil 200 pesos para el pago de 391 trabajadores comisionados a actividades de las secciones sindicales.
El Gobierno estatal no cuenta con los resultados de esa investigación hecha a la Cuenta Pública 2013, por lo que no se tiene información al respecto de una presunta averiguación iniciada por el organismo fiscalizador para sancionar a los implicados en el uso indebido de esos recursos, dijo el funcionario.
“Nosotros no conocemos el documento, obviamente desconocemos el dictamen de la Auditoría Superior, ni tampoco los posibles movimientos que en un momento hubiera hecho el Gobierno del Estado de que se realmente hubo una reintegración de dinero”, dijo.
Pese a que se solicitó la versión de Alejandro Villarreal Aldaz, líder de la Sección Octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y de René Frías Bencomo, representante de la Sección 42, ninguno contestó las llamadas a su celular.
Esta nueva acusación de la ASF, se suma a otra irregularidad evidenciada entre semana en el Sector Educativo Estatal, donde se identificó un posible desvío de recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo en Chihuahua por 128 millones 631 mil 300 pesos.
Ese monto representa el 73.8 por ciento –casi tres cuartas partes– del presupuesto asignado al estado para dicho programa por parte de la Federación en el 2013, según el análisis de la cuenta pública, presentado ante la Cámara de Diputados por el auditor Juan Manuel Portal Martínez.
Pero en este otro caso, Rodolfo Torres Medina argumentó que se desconocía tal investigación al no contar con la documentación emitida por la Auditoría Superior de la Federación.
El subsecretario de Educación, mencionó que sin conocer a fondo los señalamientos por desvío de recursos, la ejecución del presupuesto para un ciclo escolar es distinta al análisis que se hace sobre la inversión de recursos públicos.
Es decir, que el año fiscal para efectos de cuenta pública se traduce en el periodo de enero a diciembre –en este caso de 2013–, en tanto que en materia educativa, los programas y sus presupuestos se ejercen en función de los ciclos escolares, que siempre abarcan la mitad de un año y la mitad del que sigue.
“Es un gran problema de la visión que tienen las fiscalizaciones respecto al ejercicio para la educación, los recursos que la Auditoría supone que faltan se están aplicando en este momento”, dijo.
Torres Medina, aseguró que no contar con los reportes oficiales de la ASF los pone en desventaja al carecer de información oficial respecto al tema de falta de recursos.
“Tenemos curiosidad por tratar de ubicar el dictamen correspondiente porque no tenemos mayor información”, dijo.