Blanca Carmona
El Diario
Los centros de arraigo de Juárez y Chihuahua, que resguardan fuera del Cereso a presuntos culpables en espera de juicio, están al 98 por ciento de su capacidad, informó el titular de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Eduardo Guerrero Durán.
Advirtió que esta situación podría colapsar el sistema judicial pues en estos edificios se recluye a los procesados que cumplen dos años en prisión sin ser sentenciados y el año pasado en el Distrito Judicial Bravos, con cabecera en esta frontera, quedaron 230 juicios pendientes.
El funcionario dio a conocer que el Centro Estatal de Arraigos de Ciudad Juárez, ubicado en la calle Barranco Azul, a un costado de la “Ciudad Judicial”, hasta ayer albergaba a 82 internos, cuando su capacidad es de 84.
Mientras que en las instalaciones de la ciudad de Chihuahua están internados 42 y su aforo es para 45, refirió.
“Ya están casi al cien por ciento de su capacidad. Se requiere trabajo por parte del Ministerio Público para que no se sigan venciendo las prisiones preventivas. Yo sé que en la Fiscalía General en las zonas Norte y Centro ya hay estrategias definidas, pero desconozco en qué consisten”, señaló Guerrero Durán.
También explicó que el único plan de contingencia previsto por la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales es habilitar otros espacios en estos mismos centros de reclusión.
En el de esta ciudad se pretende aumentar a 110 los lugares, es decir, 26 camas más; y en el de Chihuahua crecer a 60 camas, 15 espacios más.
Eduardo Guerrero Durán, titular de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, consideró que si bien no es grave el hecho de que los centros de arraigo de Juárez y Chihuahua estén casi al cien por ciento de su capacidad, es una situación a la que sí se le debe poner atención.
Jueces consultados respecto a la saturación en los centros de arraigos consideraron que esto representa un riesgo para los propios internos y para los elementos de la Policía Procesal en caso de que se registre una riña o intento de fuga.
“Además del riesgo, no sabríamos nosotros los jueces a dónde enviar a los procesados. Es el único lugar con el que se cuenta al vencerse la medida de prisión preventiva que máximo debe de ser de dos años”, consideró el juez, quien pidió la reserva de sus datos por no estar autorizado para hablar con la prensa.
De acuerdo con un reporte emitido a principios del presente año por funcionarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de Chihuahua, en el Distrito Judicial Bravos con cabecera en Juárez durante el 2014 los jueces de Tribunal dejaron 230 juicios orales pendientes.
En 139 casos los acusados estaban recluidos en un Cereso al habérseles impuesto la prisión preventiva y a 91 se les permitió enfrentar el proceso en libertad, sujetos a otras medidas cautelares.
De los 139, en 44 juicios se dictaron arraigos a los procesados al vencerse la prisión preventiva en el plazo máximo de dos años que prevé la Constitución.
A su vez, 13 arraigos son de juicios radicados en el año 2013 y tres de 2014.