Martín Coronado/Patricia Mayorga
El Diario
Una veintena de barzonistas se colocaron ayer por espacio de casi 3 horas en las puertas de los Juzgados Civiles y de la Fiscalía General del Estado para protestar pacíficamente contra un desalojo realizado bajo condiciones que calificaron de irregulares, en donde la propietaria del lugar resultó robada.
Patricia Fernández, quien desde hace 18 años se defendía de un juicio hipotecario por parte del banco, dijo que su casa fue allanada el lunes pasado por el actuario Arturo Torres para poder cumplir con la orden de desalojo del juez Séptimo de lo Civil.
Fernández Nava se quejó que además de la arbitrariedad, ahora no sabe dónde están sus muebles y sus cosas personales, que le debieron entregar, por lo que interpuso ayer tres denuncias por robo, fraude procesal y abuso de autoridad.
“Ellos no deberían haber desalojado, porque no estaba la orden específica, me gustaría ver qué dice la juez del Séptimo de lo Civil, son sus términos, pero sí me dijo que hicieron una tremenda marranada”, dijo.
“Es un juicio que iba caminando, pero se pasaron de abusivos, así fue la expresión de ella”, dijo la quejosa, que había planteado el caso ante el gobernador del estado César Horacio Duarte Jáquez durante la audiencia celebrada hace tres semanas en esta ciudad.
En tanto el coordinador de actuarios del Distrito Bravos, Servando López Jaimes dijo que Patricia Fernández Nava quien fue desalojada ayer de sus vivienda había mentido en el juicio civil para evitar el desalojo.
Ella indicó que su madre estaba muy enferma y no tenían a dónde ir a pesar de que ésta ya había muerto.
Informó que el juicio hipotecario 742/97 inició hace 18 años por falta de pago a una institución bancaria, por parte de la demandada.
Hace un año, llegaron a su casa e iniciaron el procedimiento de desalojo, pero al llegar a la última recámara encontraron a la mamá de la deudora en etapa terminal.
El actuario y la abogada del banco determinaron dar por concluido el procedimiento y posponer el embargo.
Fernández Nava metió una serie de recursos para posponer el desalojo y en varias ocasiones aseguró que su mamá estaba enferma y la casa donde vivían era la única vivienda con la que contaban, acudió con el secretario general del Supremo Tribunal de Justicia y con el mismo gobernador para impedirlo.
La parte acusadora presentó el acta de defunción de la madre de la deudora, por lo que un juez de Distrito ordenó el embargo, ya que se determinó que había fallecido.
La fecha de desalojo la programaron para la temporada navideña y por ese motivo la postergaron para la semana pasada, pero fue el día que nevó y tampoco lo pudieron llevar a cabo.
Finalmente ayer, llegó el actuario con un grupo de policías para realizar el desalojo. La deudora abrió, le pidieron que se identificara y ella les dijo que iría por un abogado, pero ya no regresó.
Patricia Fernández dejó su identificación en la casa y el actuario la tomó para llenar la notificación, pero la deudora no regresó, aseguraron en el STJ.
Los muebles están bajo resguardo de la abogada del banco, indicaron.
Por su parte la afectada dijo que el lunes andaba en el médico cuando llegaron y abrieron la puerta, y al salir colocaron candados para evitar que la moradora entrara. Ahora no sabe el paradero de todas sus pertenencias.
“Legalmente no sé cómo explicarle, pero ellos no tenían derecho a sacar mis cosas”, dijo.
La casa se encuentra en Parque del Amor 772, en el fraccionamiento Los Parques, donde ayer se pudieron apreciar candados nuevos.
Dice que en 1994 pidió 72 mil pesos al banco, mismos que ya pagó dos veces. Sin embargo, a la fecha le asignan un cobro de 380 mil pesos para poder dejarle su casa.
“Para ampararme necesito 20 mil pesos, yo me defiendo sola, me he estado defendiendo como he podido, he logrado 2 ó 3 amparos pero con estos abusos no se puede”, abundó.
Llorando, Fernández Nava dijo que vive sola, y que no tiene medios suficientes para vivir en otra parte, y que mientras se resuelve este asunto, una amiga le ofreció que se quedara en su casa.
Griselda Sosa Beltrán, dirigente local de El Barzón dijo que apoyaron la denuncia de Fernández Nava, porque además de lo preocupante, este caso demuestra cómo los actuarios hacen mal su trabajo a favor de los despachos de cobranza y de gestión legal, incluidos los que trabajan para el Infonavit.
“Venimos a denunciar la corrupción que existen, despachos de gestión jurídica o de cobranza y el Infonavit también participan, y lo hacen igual que hicieron con ella”, indicó.
“No habíamos tenido las pruebas para demostrarlo, hoy las tenemos porque el lunes se dio este desalojo cuando la afectada no estaba en su vivienda, se llevaron todos sus muebles, suplantaron la identidad, dijeron que la señora estaba en su casa, el actuario entra a la casa, se encuentra una credencial de elector vieja de la señora entre las cosas, y pega la credencial en la diligencia, pero se la había encontrado en la casa que allanaron”, afirmó Sosa Beltrán.