Martín Orquiz
El Diario
Familiares de víctimas de Villas de Salvarcar y sobrevivientes acudieron ante un agente del Ministerio Público Federal a interponer una denuncia por el asesinato de 15 personas el 30 de enero del 2010, así como por las lesiones que sufrieron otras 10, por lo que se abrió la averiguación previa 136/2015.
El representante de los deudos y de los sobrevivientes, Gustavo de la Rosa Hickerson, dio a conocer que la autoridad federal aceptó el trámite y ahora se espera que se tome un acuerdo para establecer la competencia de la querella
“La demanda ya está hecha, así como la solicitud para que los familiares de las víctimas y los heridos sean atendidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”, explicó el litigante.
Además, se entregó una carta dirigida al presidente de México, Enrique Peña Nieto, donde se explica la postura de los deudos de Villas de Salvarcar.
Algunos de los deudos de los 15 asesinados y 10 heridos en la calle Villa del Portal, acudieron ayer a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), ubicadas en el cruce de las avenidas Abraham Lincoln y Hermanos Escobar, a realizar la diligencia.
La principal motivación del trámite, explicó de la Rosa Hickerson, es exigir justicia para los padres y viudas de quienes fueron masacrados en esa ocasión.
El abogado señaló que cada núcleo familiar, formado por los deudos de las víctimas, debe recibir como indemnización entre uno y dos millones de pesos, según lo que establece la Ley General de Víctimas.
Sin embargo, para acceder a esa compensación el hecho debe ser atraído primero por un agente del Ministerio Público federal, por lo que ayer emprendieron el primer paso en busca de esa meta.
Al menos 10 familias van a firmar esa demanda, ya que otros cuatro no desean hacerlo por razones personales, también están incluidos los 10 sobrevivientes del ataque.
A través de la demanda se pretende que la autoridad establezca que se perpetró un delito de carácter federal, luego que se comprobó que fue perpetrado por un grupo de la delincuencia organizada, hecho que debe ser investigado por la PGR.
Indicó que los hechos que derivaron en la muerte de 15 personas y en las lesiones que presentaron otras 10 fueron consideradas de carácter local, cuando se trata de un crimen que debe investigar el ámbito federal.
Además, los perpetradores utilizaron armas de grueso calibre de las prohibidas por la ley y los encargados de la seguridad pública en ese momento eran elementos militares.
También ha trascendido que hubo declaraciones de personas que fueron líderes de grupos de la delincuencia organizada en el sentido de que iban a matarlos, incluso están procesados por delitos federales.
De la Rosa Hickerson indicó que jueces locales impusieron como reparación del daño a cada uno de los cuatro sentenciados por ese caso el pago de 40 mil pesos, que les parecen una burla.
El defensor legal enfatizó que más allá de la cantidad monetaria que se puede llegar a obtener, la vida de ninguna de las víctimas tiene precio, pero se busca que se les indemnice de forma digna.
Se refirió a la versión de que en ese evento se utilizaron armas que fueron introducidas a México a través del programa realizado por el gobierno de Estados Unidos denominado “Rápido y Furioso”, pero el reclamo se hará en México ya que para que hayan podido ingresar al territorio nacional tuvo que existir la complicidad de autoridades nacionales, que están encargadas de controlar el tráfico de este tipo de artefactos.
morquiz@redaccion.diario.com.mx