Luz del Carmen Sosa
El Diario
Víctimas directas e indirectas, así como las ofendidas por el delito de homicidio en grado de tentativa en la masacre de Villas de Salvárcar, recibieron apoyos extraordinarios por poco más de un millón de pesos, revela un informe de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Además de la atención especializada en el área de psicología y legal, la FGE utilizó recursos públicos para resolver situaciones económicas particulares de las familias afectadas, lo que entró en el rubro de “gastos por apoyo”, muestra el documento oficial.
Estos apoyos consistieron en pagos por adeudos ante el Infonavit, compra de muebles, pago de pasaportes mexicanos y visas láser, pago de servicios públicos, liberación de joyas en casas de empeño, reparación de vehículos, hospedajes en hoteles, reparaciones de viviendas, recargas para celulares y hasta cambios de cerraduras, según el documento oficial con el número de folio 004352014, obtenido a través de una solicitud de información.
Víctimas de otros hechos violentos registrados en el 2013 expusieron “que hubo un trato preferencial” en el caso de Villas de Salvárcar, hecho que atribuyen a la atención mediática que recibió el hecho violento.
“Ellos y nosotros somos víctimas, pero más allá del funeral no recibimos ningún tipo de apoyo. Allá sí les dieron, aquí no hubo parques, bibliotecas, guardería, nada. Nuestros hijos siguen jugando en el mismo llano de siempre”, expuso una familiar de las víctimas de la masacre de Loma Blanca, registrada en septiembre del 2013.
En ese poblado fueron asesinadas 10 personas por integrantes de un comando armado, entre los ofendidos se encontraba una niña de siete años; la mayoría de las personas victimadas eran integrantes del equipo de beisbol “Los Cardenales”, que junto a sus familias preparaban una comida.
El día del ataque festejaban un triunfo de la novena y su enorme trofeo quedó en el piso cubierto de sangre. La pieza fue repudiada por los deudos y ahora permanece en el cuarto de evidencias de la FGE.
La mujer entrevistada expuso que ella, así como el resto de las víctimas de Loma Blanca, incluyendo a una mujer que abandonó el pueblo y solicitó asilo político en Estados Unidos, “no han vuelto a saber nada de las autoridades investigadoras”.
“Aquí al pueblo ya no han venido. Nosotros no hemos vuelto a saber nada de las autoridades, sí nos ofrecieron apoyo psicológico y despensas, pero creemos que lo más importante es la justicia. Acá lo que queremos es que agarren a los culpables, a los que nos hicieron tanto daño”, agregó la entrevistada que pide la omisión de su nombre por la creciente inseguridad que se vive en el Valle de Juárez.
De acuerdo con el archivo periodístico, cuando ocurrió la masacre de 10 personas en Loma Blanca ya existía la Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delitos en el estado de Chihuahua, constituida en septiembre del 2012, por lo que los apoyos habían sido estandarizados.
“Los apoyos se ofrecen mediante un estudio socioeconómico a cada una de las víctimas y son atendidas a través de la Unidad de Atención a Víctimas”, explicó ayer Arturo Sandoval Figón, vocero de la FGE.
Posteriormente fue creado el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración Denominado: “Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen” (FANVI), que tiene como objetivo otorgar apoyos educativos, médicos, asistenciales y apoyos especiales directos a los niños, niñas y adolescentes beneficiarios para contribuir a que mejoren su calidad de vida en un entorno familiar y social.
El informe (folio 046342014) emitido por el FANVI muestra la uniformidad en los apoyos que reciben las tres mil 732 familias, de 57 municipios del estado, inscritas en este programa desde enero del 2011 hasta el 31 de marzo del 2014.
En el rubro educativo se ofrecen becas, útiles escolares, ayuda escolar, uniformes, transporte, y promoción de actos culturales y deportivos. También se otorgan apoyos psicológicos, de psiquiatría, atención médica y rehabilitación física; en el área asistencial se ofrecen despensas y guarderías.
Desde su creación y hasta el 31 de marzo del 2014 el monto ejercido de recursos públicos ascendió a 43 millones 496 mil 69 pesos, cita el informe.
Recientemente Gustavo de la Rosa Hickerson, abogado de las familias de estudiantes asesinados en Villas de Salvárcar, dio a conocer que buscan que el Gobierno federal otorgue una indemnización —de uno a dos millones de pesos— a favor de cada uno de los deudos a través de la Ley General de Víctimas.
Dijo que para lograrlo exigirán que el caso sea atraído por la Procuraduría General de la República (PGR) a través de una demanda que interpondrán ante el Ministerio Público Federal.
Apoyo psicológico
La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que en el apoyo otorgado a las víctimas directas e indirectas de Villas de Salvárcar, se involucraron las áreas de Psicología, de Trabajo Social y el área Jurídica. En el primer rubro fueron erogados 145 mil 500 pesos.
Para estimar costos de la atención psicológica proporcionada a cada víctima directa e indirecta, la FGE valoró en 500 pesos cada sesión, por lo que multiplicado por las 291 sesiones el número de consultas ofrecidas representó un gasto de 145 mil 500 pesos.
El documento menciona que de 15 víctimas indirectas, sólo nueve aceptaron la atención psicológica.
La FGE también ofreció atención psicológica a 11 de las víctimas del delito en grado de tentativa de homicidio; tres de ellas la rechazaron.
Por las 200 terapias ofrecidas a las 9 víctimas, la Fiscalía reportó un gasto de 100 mil pesos.
El documento destaca que la atención psicológica es gratuita y la ofrece el personal especializado de la Unidad de Atención a Víctimas. Estas sesiones aún continúan brindándose, menciona el informe oficial.
Ayuda económica
Por parte del área de Trabajo Social de la Fiscalía General de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, Zona Norte, fueron erogados del erario 538 mil 53 pesos por concepto de “apoyos” a víctimas indirectas del delito de homicidio en el caso de Villas de Salvárcar.
En el desglose de gastos, el informe menciona que la víctima 1 obtuvo 14 mil 356 pesos distribuidos en apoyos por despensa, gastos funerarios, apoyo educativo, pago de servicios públicos y mil 600 pesos por recarga de teléfono celular.
A la víctima 2 se le pagaron 10 mil 457 en servicios funerarios, apoyo educativo, pago de servicios y 2 mil 200 por recarga de celular.
Los gastos de la víctima 3 ascendieron a 24 mil 715 pesos, que incluyeron despensa, servicios funerarios, una lápida, dos mil 200 pesos por recarga de celular y 9 mil 225 por pago de transporte fuera del estado.
A la víctima 4 le pagaron 3 mil 256 pesos de mensualidades atrasadas del Infonavit, le otorgaron despensa, cubrieron los gastos funerarios, el pago de servicios públicos, la recarga de celular y el apoyo educativo, por un total de 16 mil 82 pesos.
A la víctima 5 le cubrieron una atención médica por concepto de 74 mil 991 pesos, pago de servicios, despensa, servicios funerarios y recarga de celular, lo que dio un total de 86 mil 842 pesos.
En el caso de la víctima 6 fueron cubiertos 2 mil 752 pesos por la compra de cerraduras, además de recarga de celular y servicio funerario, lo que implicó un gasto total de 11 mil 322 pesos; una cantidad similar fue erogada a favor de la víctima número 7.
En el caso de la víctima número 8 la Fiscalía cubrió 79 mil 52 pesos por apoyo médico, pagó mil 667 pesos por rezagos del Impuesto Predial, además de puertas, instalación de alambre de púas, reparación de vivienda, despensa, servicios funerarios, apoyo educativo, recarga de celular, pago de servicios, pago de pasaportes mexicanos y visas con un costo de 9 mil 234 pesos, así como el pago de revalidación vehicular por 849 pesos, lo que dio un total de 130 mil 999 pesos.
En el caso de la víctima 9 fueron erogados 47 mil 248 pesos lo que incluyó recarga de celular, servicio funerario, apoyo educativo, despensa, liberación de joyas en una casa de empeño, la reparación mecánica de un auto con un costo de 9 mil 500, el pago de servicios, hospedaje de hotel y 21 mil 186 pesos por asistencia médica.
A la víctima 10 le pagaron 11 mil 703 pesos en despensa, el gasto funerario y recarga de celular.
La víctima 11 recibió 23 mil 933 pesos para el pago de la mudanza, despensa, servicio funerario, apoyo educativo, pago de transporte fuera del estado por 9 mil 500 pesos y la recarga de teléfono celular.
En el caso de la víctima 12 la Fiscalía gastó 98 mil 600 pesos por la instalación de bardas y herrería, pago del Predial, recarga del celular, servicio funerario, flores para complementar el servicio funerario por 4 mil 995 pesos y 12 mil 270 pesos por concepto del pago de los servicios públicos, lo que significó un gasto total por 134 mil 463 pesos.
A la víctima 13 la Fiscalía le pagó el servicio funerario, despensa y pago de transporte fuera del estado, por 14 mil 607 pesos.
Las víctimas 14 y 15 no aceptaron algún tipo de apoyo de la Fiscalía, de acuerdo al documento oficial.
Víctimas indirectas
El informe oficial emitido por la FGE desglosa que en el caso de los apoyos otorgados a las 11 víctimas del delito de homicidio en grado de tentativa, fueron erogados 336 mil pesos.
En el desglose de datos menciona que la víctima 1 recibió 6 mil 276 pesos por concepto de despensa, asistencia médica, pago de transporte fuera del estado, pago de servicios públicos y recarga de teléfono celular.
Para la víctima 2 el mayor gasto lo implicó la recarga de su celular por 2 mil 400 pesos, además de asistencia médica y la despensa; el total fue de 3 mil 803 pesos.
En el caso de la víctima 3 la Fiscalía dispuso del erario 53 mil 40 pesos para cubrir la asistencia médica, despensas, recargas de celular y apoyo educativo.
La víctima 4 requirió de 86 mil 186 pesos para cubrir el gasto por la atención médica recibida, 18 mil 135 pesos para la compra de mobiliario, 14 mil 520 pesos para la instalación de rejas, material para la reparación de vivienda, pago de servicios públicos, despensas, compra de refacción automotriz, recarga de celular, artículos de uso personal, pago de licencia, y el pago del adeudo vehicular, lo que dio un total de 210 mil 293 pesos.
La víctima 5 recibió 4 mil 573 pesos para despensa y 2 mil 545 pesos para recarga de celular, lo que dio un total de 7 mil 118 pesos.
La víctima 6 recibió 3 mil 117 pesos por la asistencia médica y recarga del celular.
La víctima 7 requirió la cobertura de gastos por concepto de asistencia médica, instalación de alambre de púas en su casa, instalación de bardas, despensas, pago de servicios públicos, recarga de celular y compra de cerraduras, lo que dio un total de 32 mil 374 pesos.
La víctima 8 recibió 7 mil 615 pesos para cubrir la asistencia médica, apoyo educativo, despensa, recarga del teléfono celular y el pago de los servicios.
La víctima número 9 requirió el pago de asistencia médica, despensa, pago de servicios públicos, la compra de un teléfono celular y la recarga del mismo, lo que representó un gasto por 7 mil 309 pesos.
La víctima 10 obtuvo 5 mil 104 pesos que le permitieron cubrir la asistencia médica, despensa, recarga de celular y el pago de servicios.
La víctima 11 no aceptó algún tipo de apoyo de esta área.
Asesoría jurídica
El área jurídica de la Unidad de Atención a Víctimas y ofendidos del delito, brindó 478 asesorías legales a las víctimas indirectas del delito de homicidio en el caso de Villas de Salvárcar, mientras que las víctimas del delito de homicidio en grado de tentativa recibieron 325 asesorías legales que no implicaron una erogación adicional, concluye el informe.