Editorial
2014-12-17
Esta Navidad, miles de padres de familia regalarán computadoras a sus hijos porque se han convertido en herramienta indispensable dentro de los programas de educación, aun cuando también es cierto que les estarán abriendo libremente la puerta a contenidos de todo tipo.
Porque cualquier cosa que se busque, se puede encontrar en internet con sólo dar un click al teclado, desde los materiales necesarios para la formación escolar, hasta instrucciones para fabricar bombas o imágenes de extrema violencia y pornografía sin ninguna restricción.
Sin embargo, ahora al Congreso del Estado le ha dado por meterse a regulador de los medios impresos con una “ley mordaza” a todas luces discriminatoria, porque no somos los únicos que difundimos contenidos polémicos.
¿Acaso los legisladores locales no han visto las telenovelas vespertinas o nocturnas? ¿O los programas de realidad o reality shows? ¿O las series estadounidenses? ¿O las películas que se transmiten por televisión abierta?
En cualquier país con un régimen democrático, la tarea de la autorregulación siempre le ha correspondido a los propios medios, amparados, como en nuestro caso, por la Constitución Política y las leyes federales que de la Carta Magna se desprenden.
Siempre será más saludable que sean profesionistas de la comunicación bien entrenados y calificados, como los que laboran para El Diario, quienes se encarguen de discernir sobre la conveniencia o no de publicar determinados contenidos, en vez de que lo hagan funcionarios que –la larga experiencia nos lo confirma– llegan a sus puestos por favoritismos o cuotas de poder.
Funcionarios que, sin duda, en caso de que entrara en vigor esta disposición, utilizarían sus cargos a su arbitrio para negociar, presionar o extorsionar. En pocas palabras, para vulnerar la libertad de expresión.
De hecho, en esta empresa editorial desde hace años tomamos conciencia de la delicadeza de algunas imágenes, para las cuales utilizamos pantallas o difuminamos algún detalle o alguna cara, pero no las dejamos de publicar por el derecho que nuestros lectores tienen de recibir esa información. Ellos decidirán si las ven o no.
Una vez más las autoridades quieren cargarle la culpa o la responsabilidad a los medios impresos con esta normatividad, con la pretensión de quitarle la autonomía de regulación a los periódicos para entregársela a los gobiernos.