Jesús Salas
El Diario
En el 2008, una llamada cambió la vida de José Holguín. Un extorsionador le exigió una cuota semanal de 10 mil pesos, o de lo contrario se “atendría a las consecuencias”. Un año después su hijo fue asesinado a tiros en un bar de la ciudad a manera de “escarmiento”.
Fue entonces que cruzó la frontera en compañía de más de 20 parientes. Desde entonces forma parte de una comunidad que se mantiene en el limbo, sin saber cuál es su estatus migratorio y en espera de que se les otorgue el asilo político.
Si bien reciben un permiso temporal de trabajo, pueden pasar años para que un juez federal migratorio determine si les otorga de manera definitiva el derecho a no ser extraditados.
Mientras tanto, deben esperar por años con la incertidumbre de que al final el tribunal deseche su caso y sean obligados a regresar a México, el país del que huyeron porque sus vidas corren peligro.
“En total y de las personas que conozco de Juárez, hay casi 350 personas en la misma situación que yo, y como a nueve se les ha entregado el asilo político, los demás estamos en el limbo, no sabemos qué pasará”, dijo Holguín.
Estadísticamente, las posibilidades de salir del limbo en que se encuentra José son mínimas. Incluso expertos en el tema tienen registrados casos de familias que ingresaron a territorio estadounidense en 2007 y se les ha pospuesto la audiencia migratoria hasta el 2015 o 2016.
“Quieren cansarnos, que nos vayamos a México”, dijo Armando, un solicitante de asilo nativo de Ojinaga que omitió decir su apellido.
“Yo llegué en 2013 después de que mataron a un colega y mi cita con el juez es hasta el 2015, si es que no la retrasan”, agregó.
En el 2009 llegaron 2 mil 490 peticiones de asilo de mexicanos, de las cuales únicamente 56 fueron otorgadas, mientras que 336 fueron negadas y el resto se desechó el caso, se abandonó por parte de los solicitantes o hubo otra situación.
En el 2010 la cifra aumentó a 3 mil 996 solicitudes por parte de los mexicanos. La de aceptados bajó a 38 y los rechazados fueron 477. El resto se desechó.
Para el 2011, uno de los puntos álgidos de la violencia, se tuvieron en Estados Unidos 7 mil 425 peticiones de asilo y se aceptaron 92, mientras que mil fueron rechazadas y el resto desechadas.
En 2012, cuando la tasa de homicidios en Juárez iba a la baja, las peticiones alcanzaron su punto máximo, 10 mil 542 mexicanos solicitaron el asilo y sólo a 113 se les consideró que presentaban “riesgo creíble” para otorgárselo, mientras que mil 306 fueron rechazados. Los demás trámites fueron desechados.
En el portal del gobierno estadounidense, las cifras de peticiones en el 2013 comenzaron a ser menos. Fueron 8 mil 569 las solicitadas y 155 las otorgadas, mientras que mil 566 fueron rechazadas.
Desde el 2007, cientos de residentes de zonas fronterizas de Chihuahua huyeron hacia El Paso en busca de asilo político, que les permitiera vivir en paz, pero a la fecha casi la misma cantidad sigue sin que se le resuelva su situación.
La ola de violencia en Ciudad Juárez los alejó de su lugar de origen, obligándolos a dejar todo y comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Se trata de “los exiliados”.
Una historia de horror
Desde un restaurante en El Paso, José Holguín cuenta su historia y la serie de sucesos que lo llevaron a cambiar de país y comenzar todo desde cero. Casa, automóvil, trabajo y escuela para sus hijos tuvieron que surgir de nuevo.
La tragedia comenzó con la llamada exigiendo el pago de la cuota, a cambio de no hacerle daño a él, a su familia y a la pequeña empresa que había formado junto a sus hermanos.
Cerca de 1990, el hombre se inició como transportista en Ciudad Juárez. Compró primero una “rutera”, la cual viajaba a diario a través de las colonias Lázaro Cárdenas, Insurgentes, Periodista y Fronteriza Alta.
“Comenzamos con un camión y con el paso de los años fuimos comprando otro y otro, hasta por ahí de 1999 el Gobierno del Estado dio permisos para que trabajáramos tiempo completo y que comenzáramos con el transporte de personal de maquiladoras y para el 2004 ya teníamos una nueva ruta”, relató.
Para esa fecha la empresa de transporte era pequeña y se limitaba a que los empleados fueran los mismos familiares.
El 2006 fue un año redondo para José pues pudo hacerse de varias concesiones, lo que le permitió tener cerca de 20 unidades que recorrían toda la ciudad. En ese momento la empresa había tomado una mayor dimensión y se contaba con asistentes, mecánicos, contadores, choferes y administradores.
En el mejor momento en la carrera de José, los asesinatos comenzaron a registrarse por decenas, después en cientos y llegando a miles. La lucha de los cárteles por el control de la plaza en Ciudad Juárez había comenzado.
Una tarde de 2008 fue cuando la delincuencia tocó la puerta de José. La llamada para exigirle la “cuota” finalmente lo había encontrado. Antes había escuchado a colegas que eran víctimas de la extorsión.
“No me lo imaginaba, nos pedían 10 mil pesos a la semana, y por supuesto que no hicimos caso, nos comunicamos con los de la CNOP, pero nadie nos ayudaba, no confiábamos en la Policía ni en nadie”, dijo Holguín.
Fue hasta después de que los delincuentes incendiaron uno de sus camiones que decidió comenzar a pagar la cuota.
La cantidad había sido pactada: 5 mil pesos de manera semanal y en efectivo, que serían entregados a los extorsionadores en un parque ubicado por la avenida 16 de Septiembre.
“Yo nunca fui, iban trabajadores, siempre era donde mismo, yo tenía mucho coraje de que nos hicieran eso, pero nadie nos ayudaba, sabíamos que las Policías eran corruptas y no nos daba confianza”, indicó.
En esa fecha, autoridades federales y militares habían llegado a Juárez para tratar de aplacar la violencia, sin embargo las quejas por abuso de autoridad eran el pan de cada día en oficinas de derechos humanos.
“Yo mismo miré cómo a un vecino los militares le sembraron mota y después se lo llevaron a México a presentarlo como un narcotraficante”, narró.
Al cabo de seis meses de pagar la cuota, José, harto de desembolsar dinero y de vivir con el miedo de ser asesinado, comenzó a pelear con los extorsionadores sobre los pagos.
“Me les puse ‘al pedo’, no era justo que mi trabajo estuviera yéndose con esos malandros”, dijo José.
El 15 de mayo, Día del Maestro, recibió otra llamada que lo dejó perplejo.
Su hijo y un compañero habían sido asesinados por un grupo de hombres armados que llegó hasta una cantina de la Zona Pronaf.
“No tuve nada más que hacer que ir a reclamar su cuerpo para enterrarlo, después de eso duré desconectado como dos o tres meses de mi empresa, no hallaba qué hacer”, señaló.
Meses después del asesinato de su hijo, José y 24 miembros de su familia llegaron a El Paso a solicitar el asilo político.
“Para nosotros no había ‘sueño americano’, sólo buscábamos un lugar para no morir”, dijo.
Una vez establecido en El Paso pasó varios meses viviendo con algunos familiares, y, de acuerdo con su testimonio, comenzó a notar la magnitud de lo que pasaba en su ciudad de origen.
El Diario solicitó a personal de inmigración en Estados Unidos la cifra de solicitudes de asilo político y de trámites aceptados, pero no hubo respuesta por las autoridades americanas.
La travesía de José apenas empezaba, pues en un nuevo país comenzó de cero.
“Aquí me dedico a pintar casas, es una empresa familiar, yo y mis hijos estamos comprando alguna camioneta para poder ir a pintar, hacer jardinería o trabajos del hogar, pero apenas sale para pagar los recibos”, comentó.
A José se le otorgó una visa que le permite estar en Estados Unidos laborando, pero no le da una certeza migratoria.
“No sabes cómo estás aquí, si como exiliado, refugiado, criminal, víctima o qué onda”, dijo.
Holguín dijo que no regresaría a Juárez, pues ha visto con el paso del tiempo que las cosas no cambian y el riesgo sigue presente.
“Yo no regresaría allá, con la pena y el dolor del mundo pero nada ha cambiado allá como para que yo y mi familia regresemos, a lo único que regresaría sería a visitar la tumba de mi hijo y de mis amigos”, indicó.
En el sitio oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se manejan cifras de solicitudes de asilo político por país. México, Colombia, China, El Salvador y Guatemala encabezan la lista.
De acuerdo con información proporcionada por Carlos Spector, abogado estadounidense experto en Migración, en los últimos dos meses se han estado recibiendo entre 10 y 15 casos a la semana, es decir aproximadamente 120 de manera bimestral, cifra similar a la de hace tres años.
“Estos acercamientos son para solicitar información, iniciar un trámite, consultar o comentar algunos casos que existen y ver qué se puede hacer”, dijo.
Para el abogado, la razón de que sean muy pocos los otorgamientos de la protección en el vecino país, es por cuestiones políticas y de percepción ciudadana.
“Existe una conspiración binacional de masajear la violencia, México dice que no hay violencia y los americanos se resisten en otorgar el asilo para que se comente que no hay nada de peligro en México, lo que tienen que confrontar es la realidad de reportes y de grupos de derechos humanos”, comentó.
Uno de los casos emblemáticos en la entrega de asilo político a juarenses es el de Sara Salazar, quien tiene 79 años y que perdió a nueve miembros de su familia al ser asesinados en la zona de Guadalupe, en el Valle de Juárez.
“Doña Sara”, originaria de ese poblado, perdió a sus seres queridos como resultado directo de la posición política de su familia y las opiniones vertidas sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por parte de la Policía Federal y militares mexicanos.
Todo comenzó el 16 de noviembre de 2008, cuando asesinaron a Julio César Reyes Salazar. Después le siguió su hermana, la activista y derecho humanista Josefina Reyes Salazar.
Rubén Reyes Salazar fue victimado el 18 de agosto de 2010, después María Magdalena Reyes Salazar, su hermano Elías Reyes Salazar y la esposa de éste, Luisa Órnelas, quienes fueron secuestrados y sus cuerpos encontrados 18 días después. (J. Salas)
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