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El Diario
Cinco agentes de la Policía Estatal Única (PEU) fueron presentados ayer ante un Tribunal de Garantía acusados de los delitos de cohecho, amenazas, intimidación y uso ilegítimo de la fuerza pública ejercido presuntamente en contra de los integrantes de una familia, en hechos ocurridos el 5 de diciembre del 2013.
Casi un año después de la supuesta comisión del delito, los oficiales comparecieron ante el juez Apolinar Juárez Castro, quien les giró la medida cautelar de acudir a firmar cada mes ante la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, es decir, que permanecerán en libertad en lo que se resuelve su situación jurídica.
Los servidores públicos son acusados por el agente del Ministerio Público de exigir a las víctimas (de quienes se omitieron sus nombres) la cantidad de 82 mil 500 pesos en dos pagos, a cambio de no detenerlas por la presunta posesión de una camioneta tipo Liberty, que en ese entonces se encontraba ilegal en el país, se leyó ayer en la Séptima Sala de Ciudad Judicial.
Los imputados son Pedro Satarain Piedra, Abner Fernando García Pérez, Héctor Issac Maldonado Montes, Vladimir Enríquez Medrano y Eduardo Esparza Guerrero, a quienes se acusa de irrumpir en el domicilio de las víctimas para cometer el delito, en la colonia División del Norte
“Sus hijos tienen un delito muy grave, denme dinero para arreglarnos. Antes de retirarse dijeron a los testigos que si les hacían una jugada chueca ´no se la iban a acabar´, refiriéndoles que ya conocían a toda la familia y que si los denunciaban los iban a balacear y a matar (...)”, dijo el agente del Ministerio Público citando a los agentes en el desahogo de pruebas acusatorias.
Agregó que los oficiales haciendo uso de violencia moral, amenazaron a la familia con atentar contra su vida sino les entregaban el dinero que les pedían, que sabían que tenían dinero guardado y que tendrían que entregárselos a cambio de no hacerles daño.
En la audiencia de formulación a imputación desarrollada ayer bajo el número de causa penal 242/14, el juez de Garantía dijo que la pena mínima y máxima por los delitos que se les acusa a los policías va de dos a 24 años de prisión en caso de encontrarlos responsables de los hechos que se les imputan.
Los agentes de la PEU se reservaron su declaración preparatoria y solicitaron la duplicidad del término constitucional, es decir, que la audiencia de vinculación o no a proceso fue programada para el miércoles 26 de noviembre.
La parte defensora solicitó al juez de Garantía la comparecencia de los afectados en el hecho a fin de que rindan su declaración, petición que fue aprobada.