De la Redacción
El Diario
Las acusaciones por el presunto uso de recursos públicos del Gobierno estatal para adquirir acciones en el Banco Progreso (en vías de creación), así como invertir dinero del erario en esa institución desde 2007, que derivaron en una denuncia penal en su contra, mantienen la figura del gobernador César Duarte Jáquez en el centro de la controversia.
La polémica que rodea al mandatario trascendió ya las fronteras de la entidad, ya que tanto el Senado como la Cámara de Diputados se han hecho eco de la demanda en su contra, de donde ayer surgieron exigencias por legisladores de oposición al PRI para que el Gobierno estatal transparente las operaciones que se le cuestionan.
El Gobierno del Estado no se pronunció ayer sobre el tema. Aunque el miércoles, Duarte Jáquez, negó ser accionista de un banco. “Que me la hagan buena”, expresó y se declaró abierto para una investigación.
Pero su declaración no detuvo la polémica, la cual inició luego de la denuncia penal contra el gobernador que fue interpuesta por el ex diputado local Jaime García Chávez a finales de septiembre pasado ante la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En el expediente, García Chávez asegura que Duarte y su esposa crearon el fideicomiso 744743 ante Banorte por 65 millones de pesos, para la adquisición de acciones de Banco Progreso.
De hecho, el periódico Reforma difundió en su edición de ayer que el Banco Progreso Chihuahua confirmó la participación del César Duarte en el capital de esta firma financiera y atribuyó a Sergio Becerra, gerente de esa institución, la afirmación de que el mandatario estatal “aportó 65 millones de pesos al fideicomiso que formará al capital del banco y que suma 694.5 millones de pesos”.
Sin embargo, en entrevista con El Diario, Becerra descartó ayer que el Ejecutivo estatal haya hecho una aportación directa para conformar el fondo de inversionistas.
Explicó que la información, que se dio en una rueda de prensa ofrecida el miércoles en Delicias, se desvirtuó.
Aunque precisó que entre los posibles inversionistas del banco figura un fideicomiso conformado en Banorte, pero los nombres de los que lo integran están protegidos por el secreto bancario.
Preguntado directamente si César Duarte y su esposa han hecho alguna aportación de capital para el Banco Progreso, Becerra afirmó que “no hay ninguna aportación de su parte”.
Sobre el fideicomiso conformado en Banorte, Becerra aseguró que no sabe quiénes han depositado en éste por ser información clasificada.
A su vez, Luis Ramón Daw Daher, director jurídico de Unión de Crédito Progreso (la institución que está en vías de convertirse en banco), dijo que el fideicomiso al que hace referencia la denuncia de Jaime García Chávez es prospecto para socio del futuro banco, y como todo prospecto a socio, su patrimonio ha sido auditado por las autoridades financieras.
“Los recursos de los socios actuales y de aquellas personas que han mostrado su deseo de participar como socios del futuro Banco Progreso Chihuahua, S.A. Institución de Banca Múltiple, han sido del escrutinio legal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México”, dijo por su lado Becerra.
Incluso, agregó, en algunos casos esos prospectos han sido rechazados por esas autoridades financieras para formar parte del capital del futuro banco.
Sobre la inversión de recursos públicos del Gobierno estatal en la Unión de Crédito Progreso que también se mencionan en la denuncia penal, y que de acuerdo con el senador Javier Corral se trata de 834 millones de pesos que el gobernador Duarte Jáquez depositó en el Banco Unión, Becerra dijo que desde 2007 manejan dineros de dependencias públicas estatales, las cuales, señaló, invierten con la tasa de intereses más alta del mercado financiero, que varía de acuerdo con el plazo contratado.
En la querella de García Chávez, de acuerdo con el senador Corral, se detallan las instrucciones que el Ejecutivo estatal dio a su secretario de Hacienda, Jaime Herrera –quien a su vez es director y fundador del banco– para realizar esos depósitos millonarios.
Entrevistado por el periódico Reforma, Corral dijo que el gobierno chihuahuense aceptó que el banco entregara rendimientos del 3.95 por ciento, cuando en anuncios espectaculares ofrece a sus clientes una tasa del 6.7 por ciento.
Al respecto, Becerra dijo que el Gobierno del Estado, “al contratar inversiones en esta Unión a tasas de 3.93 por ciento anual, comprándolas con tasas que van hasta el 6.55 por ciento anual, el plazo pactado en las inversiones con las inversiones de Gobierno del Estado, precisamente por la liquidez de ese ente público, es de siete días, por lo que la tasa convenida, está por encima de las que otorgan otras instituciones financieras del país, lo que nos hace altamente competitivos”.
Becerra reiteró que la información que se ha generado respecto a la conformación del fondeo para que inicie operaciones el Banco Unión Progreso no ha sido bien manejada en lo que respecta a la participación del gobernador, al descartar que Duarte y su esposa hayan hecho una aportación económica al fondo y que en el futuro serán inversionistas.
Trasciende en San Lázaro
Tal como lo hicieron hace algunos días un grupo de senadores, los cuestionamientos y la denuncia en contra del gobernador César Duarte en torno al uso irregular de recursos públicos resonaron en la Cámara de Diputados en su sesión de ayer, cuando se pidió detener las acciones de “irresponsabilidad política y administrativa” del mandatario estatal.
Desde su curul, la diputada del PAN, Alicia Ricalde Magaña, aseguró que “es urgente que se detengan estas acciones que gobernadores priistas como los de Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo vienen realizando. Son actos de irresponsabilidad política y administrativa que debieran tener consecuencias incluso penales”.
Los dichos se dieron cuando la quintanarroense hizo una denuncia parlamentaria sobre el endeudamiento del gobernador Roberto Borge, de extracción priísta, y el mal manejo financiero que está teniendo en la entidad.
Al respecto, el coordinador de los legisladores priístas por Chihuahua, Pedro Domínguez, aseguró que las declaraciones son “mediáticas, infundadas y de naturaleza total y absolutamente partidistas y refritos”.
Además, precisó en un comunicado enviado a la prensa, pretenden desviar la atención de “temas realmente importantes” como la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Domínguez insistió en que “la postura del senador Javier Corral y de algunos diputados panistas no es más que un circo mediático que carece de cualquier fundamento”.
En el mismo sentido se manifestó el juarense Luis Murguía Lardizabal, quien aseguró que quienes acusan al gobernador Duarte Jáquez únicamente quieren sacar “ventaja política” de un asunto que debe de resolver la autoridad y que, aseguró, será a favor del gobernante estatal.
Ante las declaraciones realizadas por los legisladores priistas, el senador panista Javier Corral Jurado, consideró como “comprensible” la defensa realizada por los priistas ante las denuncias en torno al gobernador de Chihuahua, pues son “comparsas de estos manejos”.
El senador explicó que “en términos de una cultura de impunidad dentro de un sistema de tapaderas, es comprensible que los legisladores priistas vean así lo que constituye una muy robusta denuncia de carácter penal en contra del gobernador del estado y también era de esperarse una respuesta de ellos así, porque finalmente son comparsas de estos manejos que están absolutamente acreditados”.
Si de algo hoy podemos decir con toda contundencia, dijo, es que está acreditada la participación del gobernador del Estado en el Banco (Unión).
“El mensaje de esta denuncia y el punto de acuerdo que han suscrito los senadores al final de cuentas es un desafío para el Gobierno federal, para el propio PRI y para el gobierno de Peña Nieto. Es un reto para las instituciones y una apuesta por el Estado de derecho, pero confirma el ánimo priista de colusión de intereses salir a responder o descalificar así una denuncia que tiene elementos probatorios muy importantes, que tiene datos precisos fechas nombres, números de contratos y además tenemos un arsenal de elementos probatorios, sobre depósitos del Gobierno del Estado a la Unión de Crédito Progreso”, aseguró. (Con información de Patricia Mayorga, Orlando Chávez y Martha Figueroa/El Diario)