Gabriela Minjáres
El Diario
A pesar de que el Gobierno del Estado aseguró que es falso que el predio donado a la UACJ para construir la Ciudad Universitaria (CU) sea irregular o propiedad de un particular, como se reclama en un juicio civil, dependencias estatales compraron este año a los demandantes una porción de la superficie para la construcción del Libramiento Oriente.
Dependencias estatales compraron este año a los demandantes del predio de Ciudad Universitaria una porción de la superficie para la construcción del Libramiento Oriente.
La transacción está documentada en el contrato de afectación 67/14, suscrito por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal, en el que se acredita como propietarios a los hijos de Roberto Moya Acuña, representados por Alfonso Moya Maez, quien promovió el juicio civil para reclamar la propiedad donada a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
En el documento oficial, del cual El Diario tiene en su poder una copia, consta que el Gobierno del Estado pagó a los herederos de Roberto Moya Acuña 200 mil pesos por 105 mil 847 metros cuadrados que van a afectar para la construcción de la vialidad que cruzará esa zona desde la carretera Panamericana hasta el puente internacional Guadalupe-Tornillo.
La afectación del polígono para desarrollar la obra vial se hará en el área sur del terreno que la familia reclama como propio, mientras que CU se localiza en el área norte.
“La parte contraria en la demanda –el Gobierno del Estado– objeta las pruebas que nosotros presentamos en el juicio y no reconoce el derecho de propiedad de la familia Moya sobre ese terreno, pero por otro lado lo reconocen con un contrato de compra-venta que se celebró para la construcción del Libramiento Oriente, lo que para nosotros es una prueba determinante e importante para nuestra causa”, expuso el abogado Héctor Rodríguez Godines, representante legal de la familia.
Agregó que la familia aceptó la compra-venta del polígono de afectación y celebraron un contrato en el que transmitieron al Gobierno del Estado los derechos de propiedad de esa fracción del predio, por lo que el 22 de agosto de este año pagaron el monto correspondiente.
El litigante destacó, sin embargo, que la transacción se realizó apenas 10 días después de que el Estado respondió por escrito al juez que lleva el caso, Jorge Payán Figueroa del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Bravos, que el título de propiedad que ostenta la familia Moya era nulo.
Y es que mientras la demanda civil quedó radicada el 2 de mayo de este año en el expediente 537/2014 y el Estado respondió por escrito el 2 de junio en el que rechaza irregularidades en la donación del terreno a la UACJ y se ostenta como dueño del predio, la compra-venta de la superficie se realizó el 12 de junio.
La respuesta a la demanda la hizo el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Mario Trevizo Salazar, mientras que el contrato de afectación lo hicieron los titulares de Hacienda y Comunicaciones, Jaime Ramón Herrera Corral y Eduardo Esperón González, respectivamente.
“Por un lado respondieron que es nulo el título de propiedad de la familia Moya, pero por otro lado no tuvieron ningún inconveniente en buscar a la familia Moya para que le vendiera una porción del terreno que reconocen es de su propiedad y esto es un reconocimiento expreso de los derechos que tienen mis representados sobre el predio”, agregó Rodríguez Godines.
En el contrato se detalla que la sucesión de Moya Acuña “son dueños y se encuentran en pleno dominio y posesión de un terreno rústico ubicado en la parte poniente del poblado de San Isidro, cerca del punto denominado ‘El Puerto’, del Distrito Bravos, en el estado de Chihuahua, con una superficie de 2420-59-80 has”, tal como los demandantes alegan en el juicio.
Describe que la obra consiste en la construcción de terracerías, estructuras, obras de drenaje, pavimentación y señalamiento, “por lo que es necesario afectar diversos terrenos de propiedad y/o posesión ejidal y particular para la construcción de la obra, anteriormente mencionada y la liberación del derecho de vía”.
Expone que la propiedad del inmueble la acreditaron mediante la escritura pública que está inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, bajo el número 894 a folios 124 del libro número 1476 de la Sección primera, en abril de 1985.
Esta misma escritura es la que los herederos de Moya Acuña presentaron en el juicio ordinario civil y que el Estado asegura que es nula, porque alegan tener mejor derecho porque poseen un título más antiguo que ampara la propiedad del inmueble que posteriormente donaron a la UACJ.
De acuerdo con el título de propiedad que ostenta el Estado, supuestamente se hizo de ese predio, que en total mide 49 mil 983 hectáreas, en el año 1951, cuando lo adquirió a través de un embargo y adjudicación que hizo a los señores Emilio Kettelsen y Benjamín Degetau.
De acuerdo con la respuesta que el Gobierno del Estado dio al juez civil, la autoridad niega que se hubiera celebrado de forma indebida o con mala fe el contrato de donación de las 300 hectáreas a la UACJ y que es falso que se ubique en la superficie que reclaman como propia los particulares.
En su defensa, el Estado asegura que Roberto Moya Acuña compró el predio en cuestión a Bernardino Sáenz Lazcano, quien a su vez lo había comprado a María Asunción Díaz Lomelí, transacción que supuestamente se efectuó el 4 de junio de 1958 en una escritura privada, pero que fue inscrita hasta el 13 de febrero de 1986.
Además, menciona que Díaz Lomelí carecía de inscripción en el Registro Público, por lo que el inmueble carece de punto de partida o referencia que permita su ubicación indubitable, por lo que no pueden reclamar como propio el terreno de 300 hectáreas que donaron a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. (Gabriela Minjáres/El Diario)
gabrielam@redaccion.diario.com.mx