Gabriela Minjáres
El Diario
Los herederos de un empresario local reclamaron por la vía judicial la propiedad del terreno donde actualmente se localiza la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
Acusaron a Gobierno del Estado de Chihuahua de apoderarse de manera irregular del predio y donarlo para detonar el desarrollo en esa zona que se localiza a más de 40 kilómetros al sur del centro de la ciudad.
Los hijos de Roberto Moya Acuña, propietario de varios centros de diversión en la ciudad, se ostentaron como los dueños de un polígono de 2 mil 420 hectáreas, en el que se encuentra el terreno de 300 hectáreas que Gobierno del Estado donó a la UACJ en septiembre de 2001.
El 2 de mayo de este año Alfonso Moya Maez, en calidad de albacea y apoderado general de la sucesión de su padre, promovió un juicio ordinario civil que se encuentra radicado en el expediente 537/2014, en el Juzgado Tercero de lo Civil, caso que está en la etapa de desahogo de pruebas y por el que esperan se dicte sentencia en los próximos meses.
Presuntos dueños del terreno donde se localiza la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) reclamaron por la vía judicial la propiedad del predio.
El abogado Héctor Rodríguez Godines, representante legal de los hijos del supuesto propietario del terreno, dijo que la demanda es en contra del Gobierno del Estado, la UACJ, el Notario Público número 18, Enrique Aguilar Pérez, y del titular del Registro Público de la Propiedad, porque intervinieron en la donación del predio a la UACJ.
Explicó que los demandantes reclaman la inexistencia o la nulidad absoluta del contrato de donación celebrado entre el Gobierno estatal y la UACJ.
Así como una indemnización que de no ser posible deben cubrir el pago de daños y perjuicios por los actos realizados, que consisten en el pago de unos 63 millones de pesos por concepto de una renta mensual acumulada desde agosto de 2009 a la fecha, que la Universidad tiene la posesión del predio.
Además de restituir el bien inmueble que consideran prácticamente les fue despojado, también piden condenar a la Universidad con la entrega de las colegiaturas semestrales que los estudiantes han pagado desde que se encuentra en operación ese campus y la entrega de los edificios ahí construidos.
“Pensamos que tenemos pruebas más que suficientes para acreditar el derecho y ganar este juicio, pero existe un temor de que se vaya a dictar una sentencia favorable a los intereses de la UACJ y del Gobierno del Estado sin tener sustento y fundamento jurídico, a pesar de que en el expediente existen numerosas pruebas que dicen que estamos en lo correcto”, afirmó el abogado.
Aseguró que tanto el Gobierno del Estado como la UACJ han declinado llegar a un arreglo y en la respuesta que dieron a la demanda civil aseguraron que el título de la familia Moya es nulo. Mientras que el Estado argumentó también que ellos tienen mejor derecho porque poseen un título más antiguo que ampara la propiedad del inmueble que posteriormente donó a la UACJ.
De acuerdo con los títulos de propiedad presentados por las partes en el litigio, el Gobierno del Estado supuestamente se hizo de ese predio, que en total mide 49 mil 983 hectáreas, en el año 1951, cuando lo adquirió a través de un embargo y adjudicación que hizo a los señores Emilio Kettelsen y Benjamín Degetau.
Mientras que Moya Acuña, de acuerdo con las escrituras del inmueble que se encuentran bajo el número de inscripción 894, folio 124 del libro 1476 de la Sección Primera en el Registro Público de la Propiedad, compró en febrero de 1985 el predio de 2 mil 420 hectáreas.
Según la escritura que el Gobierno del Estado posee y que obra en el expediente, ese predio lo adquirió por embargo que realizó a su favor, en rebeldía de los propietarios del inmueble, quienes debían poco más de 94 mil pesos en impuestos causados desde enero de 1934 a junio de 1951.
Sin embargo, de acuerdo con los demandantes, la propiedad embargada a nombre de Kettelsen y Degetau era de 12 mil hectáreas y no de las 49 mil que registraron a su nombre; además, supuestamente las medidas, rumbos y colindancias que tiene el título no coinciden con las que se describen en la adjudicación de ese inmueble.
Los demandantes argumentaron también que en 1905, año en que murió Kettelsen, sus hijos tramitaron la testamentaría y Kettelsen les vendió el 50 por ciento que le correspondía a la sociedad mercantil que tenían en conjunto, por lo que entonces formaron una nueva sociedad llamada Kettelsen, Degetau y Sucesores que está debidamente registrada, a la que el Estado no notificó años después que embargaría el predio en cuestión.
“Bajo esas condiciones se acreditó que el título de propiedad del Estado es nulo en virtud de no haber notificado a la sucesión que ya tenía los derechos del 100 por ciento que el Estado se adjudicó, desde ahí opera el dolo porque pudo haber tenido acceso a los registros, pero embargó y adjudicó a un muerto (Kettelsen) y a otra persona (Degetau) que ya había vendido sus derechos, por lo tanto ese título es nulo”, sostuvo el abogado Héctor Rodríguez.
El litigante aseguró que desde el año pasado la familia Moya buscó negociar con las partes para evitar el litigio, pero se negaron y supuestamente el Consejo Universitario de la UACJ decidió pelear legalmente el caso porque sostienen que ellos sólo recibieron una donación.
Por lo que en el juicio le piden pagar una renta mensual de 35 centavos de peso por metro cuadrado de las 300 hectáreas, lo que equivale a un pago de un millón 50 mil pesos, que en total suman 63 millones de pesos desde que se colocó la primera piedra para construir la Ciudad Universitaria, en agosto de 2009.
El abogado mencionó que si bien el caso debe ser primero resuelto en la primera instancia y se puede apelar en una segunda, ante un magistrado judicial del estado, al final queda el juicio de amparo directo ante la justicia federal, al cual sus representados están dispuestos a recurrir en caso de que la resolución no les sea favorable.
Sí hay demanda: UACJ
David Ramírez Perea, secretario general de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), confirmó que existe una demanda civil interpuesta por un particular en contra de la institución.
Se buscó la versión del rector Ricardo Duarte Jáquez, pero por encontrarse fuera de la ciudad no pudo atender la solicitud de entrevista, dijo Rafaela Salcedo, vocera de la Universidad.
Personal de Comunicación Social informó que hoy René Soto Cavazos, abogado general de la UACJ daría información al respecto.
Ramírez Perea refirió que una vez que la Universidad recibió la notificación de la denuncia el Departamento Jurídico inició con la valoración del expediente.
El Diario buscó ayer la versión de Gobierno del Estado sobre la demanda civil, pero hasta el cierre de esta edición no dieron respuesta.
El secretario de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado, pidió la información de la demanda para dar una versión oficial, pero no externó opinión.
Su asistente indicó que la enviaría durante la tarde, aunque dijo que seguramente debido a que el proceso ya está avanzado –en etapa de desahogo de pruebas– serían respetuosos del procedimiento hasta que resuelva un juez.
Sin embargo, la respuesta oficial aún no se conoce.
El caso es llevado por el consejero jurídico de Gobierno del Estado, Mario Trevizo. (Gabriela Minjáres, con información de Francisco Chávez y Patricia Mayorga/El Diario)
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