Apro
2014-10-07
Monterrey- Abogados que representan a los deudos de la masacre de Salvárcar buscan llevar el caso ante una corte de Estados Unidos tras comprobar que en dicho suceso ocurrido el 31 de enero de 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua, se utilizaron armas del operativo Rápido y Furioso.
Para que ello sea posible, primero necesitan que el gobierno mexicano desclasifique el proceso judicial que se le siguió a los inculpados.
A nombre de los litigantes que asesoran a los padres de 15 jóvenes asesinados, la penalista regiomontana Diana González Saldaña precisó que los afectados interpondrán una demanda contra la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) de Estados Unidos, porque en el multihomicidio se usaron armas liberadas “irresponsablemente” en el operativo Rápido y Furioso, instrumentado por la dependencia estadounidense.
En entrevista, González Saldaña explicó que la reciente apertura de los expedientes judiciales de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, es un precedente que puede repetirse en el caso que ella representa.
Recordó que el pasado 22 de agosto, cuando se conmemoró el cuarto aniversario de la ejecución de los indocumentados en territorio tamaulipeco, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que entregara a un particular los expedientes del multihomicidio de centroamericanos, porque el hecho representó una violación grave a los derechos humanos.
Ahora la justicia mexicana puede hacer lo mismo con el ataque perpetrado el 31 de enero de 2010 por pistoleros del Cártel de Juárez contra estudiantes inocentes reunidos en una fiesta, explicó la abogada, quien desde hace dos años asesora a los deudos.
Actualmente los litigantes buscan la mejor vía jurídica para que el Ministerio Público Federal les entregue los expedientes del caso ocurrido en Ciudad Juárez, registrado como uno de los ataques más cruentos contra la población civil en el sexenio del presidente Felipe Calderón.
“Como en el caso de San Fernando, en este de Villas de Salvárcar hay también una violación grave a los derechos humanos. Tenemos dos vías para pedir la documentación: una es que las familias demanden, que tengan acceso a las averiguaciones previas. La otra es a través de una petición directa de nosotros al gobierno mexicano”, explicó.
De acuerdo con González Saldaña, luego de que los abogados obtengan los documentos judiciales, el siguiente paso es hacer una traducción al inglés, un proceso laborioso que, dijo, puede demorar meses.
Concluido el trámite, agregó, enviarán las actuaciones a una firma de abogados radicada en Texas, para que solicite una indemnización que podría ascender hasta a 14 mil millones de dólares en total, por reparación del daño ocasionado a las familias de los fallecidos.
La abogada explicó que existe el antecedente de los agentes Jaime Zapata y Víctor Ávila, de los Servicios de Inmigración y Aduana (ICE), de Estados Unidos, quienes fueron baleados en la comunidad Santa María del río, San Luis Potosí, el 15 de febrero de 2011. Zapata murió en el ataque.
En ese caso, apuntó, hubo una solicitud de 75 millones de dólares de indemnización para cada familia afectada, aunque no se sabe exactamente cuánto fue lo que otorgó finalmente el gobierno de Estados Unidos.
Por ello, señaló, ahora buscan una compensación pecuniaria del gobierno estadunidense, pues existe la sospecha fundada de que los jóvenes de Villas de Salvárcar fueron acribillados con armas contrabandeadas por EU en el operativo Rápido y Furioso, mediante el cual la ATF buscaba entregar a cárteles de la droga casi 2 mil fusiles para seguirles el rastro y posteriormente desmantelar sus redes.
“Hay quien dice que es excesivo pedir 14 mil millones de dólares. A mí no me parece así. El caso de los aduanales de San Luis Potosí, estando en funciones, en la camioneta blindada, es un ejemplo. Demandaron a su propio gobierno por 75 mil millones de dólares y sacaron 75 millones cada uno. Ganaron el caso”, manifestó.
En el caso en cuestión, la abogada dijo que ha recibido el respaldo de Lilia Aguilar, diputada federal por Chihuahua, del Partido del Trabajo. Y anunció que en las próximas semanas viajará a Washington para exponer el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde solicitará apoyo para la causa.
Por último, explicó que el año pasado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, utilizó una facultad presidencial y determinó reservar la información de Rápido y Furioso. Sin embargo, señaló, los abogados de los dos lados de la frontera están dispuestos a llegar al fondo del operativo fallido que liberó armas que han sido usadas en suelo mexicano, para que la justicia compense a las familias afectadas en Ciudad Juárez.
“Que quede bien claro que ningún presidente de la tierra puede estar por encima de 15 muchachitos ultimados”, remató.