B. Carmona/J. Martínez
El Diario
La Fiscalía General del Estado abandona procesos penales debido al exceso de trabajo, dijeron agentes del Ministerio Público (MP) consultados sobre los casos que han solicitado cerrar y no procesar a los inculpados.
Además indicaron que la dependencia los hace trabajar en la mayoría de los juicios sólo con las declaraciones de los propios acusados, sin prueba científica ni testigos.
Debido a la carga de trabajo, una vez que obtienen las vinculaciones a proceso contra los detenidos prácticamente los elementos de la Policía Ministerial Investigadora (PMI) se olvidan de los asuntos, es decir, en el plazo para hacerse de pruebas no continúan indagando.
Por ello el MP del fuero común, perteneciente a la Fiscalía, se ve obligado a desistir al no tener pruebas para ir a juicio oral, donde el estándar probatorio es muy alto, señalaron.
“Esta deficiencia de la Fiscalía nos pone a trabajar con declaraciones de los imputados, sin pruebas ni testigos. Yo lo que hago es negociar con ellos, aprovechar su desconocimiento y la falta de interés de algunos defensores”, indicó una agente del MP que pidió la reserva de sus datos por no estar autorizada para hablar.
Afirmó que los agentes piensan que se acaba la investigación con la vinculación a proceso y no continúan por la carga de trabajo.
Agregó que es falso que haya dos policías investigadores por cada agente del Ministerio Público.
“Cuando hay un evento los reúnen a todos y tenemos que andar los fiscales yendo a los domicilios de los testigos para traerlos a declarar”, señaló.
Otro fiscal explicó que el estándar para probar un delito en juicio oral es alto, contrario a la vinculación a proceso. “En algunos casos tenemos que sobreseer porque no tenemos los datos suficientes para sustentar una acusación en una audiencia de debate de juicio oral, donde se debe acreditar más allá de toda duda razonable y con base en los conocimientos científicamente afianzados”, dijo.
Expresó que para una vinculación se requiere muy poco, apenas la probabilidad de que el inculpado sea responsable.
Ambos entrevistados señalaron que trascurrido el plazo para la investigación se les dificulta localizar a los testigos o en ocasiones no se puede recuperar el arma que se usó para cometer un delito.
Incluso refirieron que en algunos casos se ven forzados a presionar a los testigos para que rindan declaración. “Tenemos que ir por ellos (testigos) y pues sí a veces les damos un mal trato y sienten temor. Nos ha pasado que en la vinculación se desisten de lo que nos declaran a nosotros y a veces los presionamos diciéndoles que eso es una falsedad. En otras ocasiones cuando llegan al juicio oral ya van asesorados y saben que deben decir la verdad”, indicó otro fiscal.
En tanto, diversos jueces de Garantía informaron que de oficio ellos están sobreseyendo asuntos que ya prescribieron. A cada uno les han entregado unas 10 causas para cerrar, asuntos judicializados desde el año 2008 hasta el 2010.
Son causas que para los Tribunales de Garantía estaban vigentes como autos de no vinculación donde el MP permaneció inactivo, órdenes de aprehensión libradas y que no se ejecutaron, órdenes negadas y no recurridas por el MP y formulaciones de imputaciones a las cuales no acudieron los posibles sospechosos y que fueron abandonadas por los fiscales.
En el caso de las prescripciones, mínimo son tres años para que venza el periodo para que el MP ejerza acción penal, pero en los casos que los Tribunales de Garantía están sobreseyendo en ese periodo el Ministerio Público no hizo nada.
En el primer semestre del presente año, en Ciudad Juárez el MP del fuero común ha solicitado el sobreseimiento de 384 causas penales correspondientes a diversos delitos.
De acuerdo con un reporte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de Chihuahua, en el mes de enero el MP pidió a los tribunales de Garantía el cierre de 71 causas; 48 en febrero; 52 en marzo; 54 en abril; 51 en mayo; 58 junio y 50 en julio, para un total de 384.
Esta cifra equivale al 18.4 por ciento de las 2 mil 74 causas penales judicializadas en el mismo periodo.
Además en el mes de agosto se dictó el cierre de otras 51 causas penales, de acuerdo con un informe dado a conocer ayer por personal del STJE.
Catalina Castillo, directora de la Organización Popular Independiente, señaló que cerrar de esta manera los casos habla de la falta de profesionalismo del sistema judicial y de sus ministerios públicos.
“Aquí también se trata de los niveles de corrupción que existen, y que se refleja en la falta de aplicación de la justicia para muchas personas y en la normalización del acto delictivo para muchos que los cometen”, expresó.
Indicó que el hecho de cometer un delito y no recibir castigo lleva a la normalización de la violencia, sobre todo si se tiene dinero e influencias.
El presidente de la Barra y Colegio de Abogados, Eduardo Mariscal, consideró que los ministerios públicos utilizan lo que en derecho se conoce como “criterios de oportunidad” para tomar decisiones en relación a los casos que llevan y debido a ello algunos casos se abandonan.
“Tomar estas decisiones depende de las circunstancias y del delito, existe algo que se llama criterios de oportunidad, es una figura, y quiere decir que cuando los delitos son menores o los daños causados son menores, en ciertas circunstancias, el Ministerio Público puede decretar ejercitar o aplicar esos criterios de oportunidad y no ejercitar la acción penal”, expresó.
Agregó que la Fiscalía decide judicializar lo menos posible porque están saturados de trabajo y los Ceresos están llenos. Los sobreseimientos tienen efecto de un veredicto absolutorio y por ley el Ministerio Público está impedido para volver a ejercer acción penal por los mismos hechos que pidió la cancelación. (B. Carmona/J. Martínez/El Diario)