Luz del Carmen Sosa
El Diario
Aun cuando varios programas de organizaciones civiles juarenses recibieron más de 4 millones de dólares del Gobierno de Estados Unidos en los últimos dos años, fenecieron a corto plazo ante la carencia de recursos propios y a que fueron excluidos de una política de Estado.
La Embajada de Estados Unidos en México, a través de la Iniciativa Mérida (IM), apoyó con esa cantidad a organizaciones de la sociedad civil que crearon programas preventivos –focalizados en los polígonos de pobreza– contra el consumo de drogas, el fortalecimiento del estado de derecho y la cultura de la legalidad.
Un claro ejemplo de uno de esos programas que están por sucumbir por falta de recursos propios, es el inminente cierre de la Unidad para la Prevención de Adicciones del Centro de Integración Juvenil (CIJ) que carece de los casi 2.5 millones de pesos que necesita anualmente para operar.
Este centro, ubicado en el bulevar Bernardo Norzagaray, a unos metros de la zona limítrofe entre México y Estados Unidos, fue beneficiado con la asignación de 1.3 millones de dólares para implementar un modelo de actividades de prevención de adicciones, de acuerdo con la Oficina Internacional Antinarcóticos y de Procuración de Justicia de EU (INL, por sus sigla en inglés).
A decir de la directora del CIJ en Juárez, Olivia Caraveo Villalobos, en dos años se agotaron los recursos de la IM utilizados en el equipamiento inicial de unas instalaciones que ahora cerrarán sus puertas. Lo crítico es que carecen de recursos propios para continuar y del apoyo oficial para seguir operando.
“Por eso es importante la autonomía financiera”, destacan asociaciones como Pacto por Juárez que recibió 790 mil 231 dólares de IM para impulsar programas desde la ciudadanía en el fortalecimiento del estado de derecho.
“Nosotros estamos trabajando en darle sustentabilidad a esos programas, pues lo que menos nos interesa es depender de las financiadoras que están de momento. Tenemos nuestros propios socios que aportan fondos a la asociación, pero también tenemos contacto con otras organizaciones que están apoyando financieramente”, dice Sergio Meza, director del Pacto.
El activista plantea que muchos de estos financiamientos que reciben las organizaciones de la sociedad civil surgen en una situación de emergencia.
“La urgencia en Ciudad Juárez de repente pareciera que ya terminó, pero en realidad lo que sucedió es que hemos regresado a la situación que generó todo el clima de inseguridad. Nosotros estamos trabajando en fortalecer el estado de derecho, pero es el esfuerzo de una organización civil cuando debería de ser una política de Estado”, reprocha.
Luego de la crítica situación de inseguridad pública que esta frontera vivió a partir de 2007, el Gobierno de Estados Unidos focalizó su atención en Ciudad Juárez, calificada durante tres años como la ciudad más insegura del mundo, y a través de Iniciativa Mérida destinó millonarios recursos para la reforma al Sistema de Justicia Penal, Inteligencia, Centros Penitenciarios y equipamiento de corporaciones policiacas.
Fue a partir de 2012 cuando entró la segunda etapa de la IM, que es de carácter más social, y fortalece el pilar IV que “busca construir comunidades fuertes y resilientes”, informa la Embajada de Estados Unidos.
Y es precisamente dentro de este rubro como se ha hecho la millonaria asignación de recursos para Ciudad Juárez.
Programas civiles
financiados por IM
CIJ.- En un informe entregado a El Diario, la Oficina Internacional Antinarcóticos y de Procuración de Justicia (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement, INL por sus siglas en inglés) precisa que bajo el pilar IV de la Iniciativa Mérida fueron apoyados programas de reducción de la demanda de drogas. Uno de los beneficiados fue el Centro de Integración Juvenil.
“Se apoya con 1.3 millones de dólares al CIJ para implementar un modelo de actividades de prevención de adicciones, tanto en las instalaciones como en localidades de la zona metropolitana para cinco grupos demográficos: mujeres que trabajan en maquilas, familias en alto riesgo, jóvenes entre 10 y 19 años, jóvenes (menores de 29 años) y ONG’s que trabajan con migrantes”, cita el texto.
En los informe de la subvención al CIJ se da a conocer que más de 5 mil personas han participado en los eventos de salud, cultura y capacitación, desarrollados por este modelo.
“El programa finaliza en junio de 2014”, advierte el INL.
El cierre estaba proyectado para el 31 de agosto (El Diario, 22 de agosto 2014).
La directora del CIJ refiere que los programas implementados fueron definidos desde la Ciudad de México y los recursos económicos fueron entregados a la dirección general que los administró directamente.
“Los niños ya nos manifestaron su preocupación porque desconocen dónde van a jugar, dónde van a hacer deporte; también los padres están preocupados”, dice Olivia Caraveo Villalobos, quien expresa lo difícil que es para ella y el personal el cierre de esta unidad preventiva.
“Trabajamos mucho, hicimos un gran esfuerzo”, lamenta.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha realizado algún pronunciamiento de apoyo al CIJ.
CADCA.- Otra de las organizaciones beneficiadas fue Coaliciones para la Lucha contra las Drogas de Estados Unidos de América (CADCA).
“Se apoya con un millón de dólares la formación de coaliciones comunitarias antidrogas en Ciudad Juárez, Nogales y Tijuana, con entrenamiento de las CADCA e implementación del Programa Compañeros/ABC”, informa la INL.
El informe, vago y poco preciso, menciona que se han formado tres coaliciones en esta ciudad y un total de nueve en las tres fronteras.
“Colonias enteras se han beneficiado de las acciones de las coaliciones: apertura de una piscina en una instalación deportiva abandonada (no se precisa cuál), estableciendo una liga de futbol. Además, los principales miembros de la coalición se benefician de las acciones de formación comunitaria y el empoderamiento de acercarse a sus autoridades locales, recaudación de fondos y desarrollo de planes de acción que incluyen presupuestos y evaluación de resultados”, menciona.
“Además de los participantes principales, Compañeros ha capacitado a cerca de 50 trabajadores del Estado (en coordinación con el Consejo de Adicciones del Estado y el Consejo Federal de Adicciones) en las tres ciudades a continuar esfuerzos similares en el futuro”, agrega.
Denuncia Ciudadana en Ciudad Juárez (Anonymous Citizens Complaint Program).- El informe menciona la asignación de un millón 276 mil dólares, que son los gastos programados para el Proyecto Denuncia Ciudadana en Ciudad Juárez por concepto de equipo y costos de los programas de la sociedad civil.
El recurso fue asignado desde septiembre de 2011 hasta septiembre de 2014, refiere el INL.
Los talleres que imparte esta organización son: “Hazlo Mejor (Do it Better)” por parte de Fomento del Tejido Social de Ciudad Juárez (FoTeSoCj); “Sensibilizando a la comunidad para la disminución de la violencia”, implementado por la agrupación Ciudadanos Organizados por el Desarrollo Integral de las Comunidades (CODIC) y “Ciudadanía en Acción (Citizenship in action)”, del Programa Educación en Valores (PEV).
Además, a través del National Emergency Number Association (NENA) y el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad Juárez, imparte el diplomado en “Gestión de Centros de Emergencias” (Online training for C4 operators)” al personal del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI).
INL menciona que como parte del programa de Cultura de la Legalidad trabajan en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, medios de comunicación y el sector privado.
Plan Estratégico de Juárez.- El INL destaca el apoyo ofrecido a dos organizaciones no gubernamentales con los programas “El Pacto” y “Pa’K te cuides”.
El primero es implementado por el Plan Estratégico de Juárez (PEJ) que recibe un apoyo financiero desde junio de 2012 y termina en septiembre de 2014 (con posibilidades de extensión en tiempo y costo a petición del Gobierno de México a través de la ventanilla única), cita el informe de INL.
“La cantidad total que se adjudicó para este programa fue de 790 mil 231 dólares”, detalla.
“El objetivo general es poner en marcha un programa impulsado por completo por la ciudadanía con el fin de fortalecer el estado de derecho y la cultura de la legalidad en Ciudad Juárez. PEJ está convencido de que lo anterior se puede lograr a través de una mayor participación ciudadana, así como a través de una mayor transparencia y rendición de cuentas”, precisa.
Agrega que el PEJ intenta trabajar con el Gobierno municipal para promover los cambios necesarios para fomentar una mejor calidad de vida en Ciudad Juárez y trabaja en cinco programas específicos:
A.– Sistema de Indicadores de Calidad de Vida. Así estamos Juárez.
B.– Gobernanza gestionada a través de la ciudadanía.
C.– Formación ciudadana y sensibilización en temas de la ciudad.
D.– Vigilancia y auditoría social (Watchdog culture).
E.– Promoción del servicio público.
ABC.- La Alianza de Colaboración Fronteriza (Alliance for Border Collaboratives, ABC por sus siglas en inglés) implementó el programa “Pa’K te cuides”, el cual terminó en diciembre de 2013 y para el cual se otorgó una cantidad de 205 mil 47 dólares.
Este apoyo financiero se mantuvo de junio de 2012 a diciembre de 2013.
“El propósito de ese proyecto fue el de inculcar en los niños y jóvenes radicados en tres colonias, entre ellas Riberas del Bravo, un sentido de responsabilidad individual, así como la idea de defender y respetar el Estado de Derecho”, menciona el informe de INL.
Para lograrlo, ABC adoptó los modelos de “entre pares” (peer-to-peer) y de “Pasa la Voz” que se han utilizado con éxito para educar a los jóvenes en riesgo de alcohol, drogas, y la influencia de las actitudes y comportamientos de cambio en consecuencias positivas.
El programa “Pa’K te cuides” fue dirigido a niños de quinto y sexto grados de primaria que viven en extrema pobreza y son vulnerables a actos de ilegalidad, detalla el informe.
Este programa que benefició a niños de varias escuelas primarias feneció, pese a que Riberas del Bravo enfrenta de manera permanente hechos violentos y es considerada una de las zonas de más alto riesgo por el elevado número de menores de edad y las pésimas condiciones en que aún se encuentra esta colonia.
Se limitan los recursos
En Ciudad Juárez son muchas las organizaciones de la sociedad civil que entraron en una fase crítica por la falta de recursos económicos y su incapacidad de gestión en nuevas fuentes de financiamiento y si bien, el trabajo de la sociedad civil organizada de Ciudad Juárez no es de los últimos años, es a partir del 2010 cuando surge “Todos Somos Juárez”, que empiezan a recibir un considerable financiamiento por parte de Iniciativa Mérida.
Sergio Meza, director del PEJ, expone que en la ciudad hay organizaciones que trabajan desde mucho tiempo atrás y no existe improvisación en sus proyectos que son a largo plazo.
“No podemos decir que el trabajo de la sociedad civil depende de estos financiamientos, al contrario, estos financiamientos llegan porque hay una base de la sociedad civil trabajando y eso da seguridad y cierta certeza a los financiadores, porque el movimiento civil que existe aquí no existe en otros municipios del país”, asegura.
Dice que el verdadero reto que tienen estas asociaciones civiles es profesionalizarse para “bajar recursos y diversificar nuestros ingresos para, precisamente, no depender de una sola fuente”.
Plantea que en la mayoría de las grandes organizaciones sus ingresos están diferenciados.
“El problema es con las que nacen a partir de ‘Todos Somos Juárez’, por ejemplo, en el tema de los jóvenes hasta dónde son capaces de sostenerse en el trabajo, porque es un desafío muy grande el que tenemos”, cuestiona.
–¿El financiamiento de Iniciativa Mérida ha sido un buen impulso?
–Sí, dice.
–¿Ha sido suficiente?
–No.
“Aún falta mucho qué hacer en el sentido de articularnos como organizaciones de la sociedad civil y debemos tener mucho cuidado a los riesgos de la desarticulación, por el tema de las agendas, de los tiempos, de las urgencias que pueda tener cada organización. Nos falta muchísimo porque la historia nos ha enseñado que las agendas de cada quien no es fácil hacerlas coincidir”, plantea Meza.
“El desafío es cuáles son las líneas a seguir que pueden ir al fondo del problema”, comenta.
Las causas que originaron toda esta inseguridad están ahí. Sigue habiendo una gran desigualdad, sigue habiendo una gran corrupción, una gran pobreza, falta de estado de derecho, una impunidad total, no hay gran participación ciudadana en los asuntos públicos, el gobierno bloquea esa participación ciudadana en asuntos públicos”, enumera.
Por eso, los financiadores y las organizaciones tenemos el reto de ver cómo atendemos las causas de esa urgencia que aún están presentes y que hacen posible que toda esa violencia se vuelva a repetir, afirma.
“Tenemos que trabajar en que haya un verdadero estado de derecho. Si no avanzamos en eso no vamos a solucionar los verdaderos problemas. Deben entender todos que nos jugamos el futuro de la ciudad”, advierte.
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