Luz del Carmen Sosa
El Diario
El Gobierno de Estados Unidos destinó en los últimos cuatro años a Ciudad Juárez poco más de 14 millones de dólares, enfocados a construir “una sociedad fuerte y resiliente” (fortalecida después del trauma vivido por la violencia), como parte de la segunda fase de la Iniciativa Mérida (IM) que inició a finales de 2010.
Los recursos entregados en equipamiento, capacitación y en efectivo, fueron distribuidos entre corporaciones policiacas y Organizaciones no Gubernamentales –recibieron en conjunto poco más de 4 millones de dólares– para que trabajaran en “el rescate” de esta frontera después de un largo periodo de violencia.
La asignación de estos millonarios fondos no tiene precedentes en otras ciudades del país, de acuerdo con datos proporcionados por la Embajada de Estados Unidos en México.
No obstante, y pese a la trascendencia de esta inversión, hasta hoy no existe un análisis a fondo que demuestre el impacto real entre la sociedad fronteriza, de los programas emprendidos por las agrupaciones e instituciones receptoras de estos recursos.
Ésta es una de las limitaciones de la IM”, expone la investigadora Sonja Wolf, consultora del International Crisis Group e Investigadora del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), en su investigación “La Guerra de México contra el narcotráfico y la Iniciativa Mérida: piedras angulares en la búsqueda de la legitimidad”, publicado en 2011.
“La Iniciativa Mérida no prevé ningún mecanismo para medir los resultados del desempeño”, plantea.
Agrega que el Departamento de Estado (de Estados Unidos) no estableció objetivos para determinar el progreso en la obtención de las metas estratégicas de la Iniciativa, ni para decidir qué ajustes podrían requerirse.
“La ausencia de indicadores sugiere que la Iniciativa Mérida fue diseñada sin poner verdadera atención en la planeación y la transparencia que permitirían garantizar que la ayuda multimillonaria realmente tuviera un efecto positivo en el control y la prevención del crimen transnacional”, cita.
En un informe entregado a El Diario, la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de la Embajada de Estados Unidos en México, detalla el destino de los recursos asignados a Juárez por medio de instituciones públicas como la Fiscalía General del Estado (FGE) y organizaciones sociales como el Pacto por Juárez o el Centro de Integración Juvenil, entre otras.
Algunos proyectos ya concluyeron y no se repetirán al no ser institucionalizadas estas acciones; en otros casos, los programas creados continuarán al ser implementados por organizaciones civiles que cuentan con presupuestos propios o que son financiadas por otras comunidades como la Unión Europea.
Además, esta aportación de 14 millones de dólares para la ciudad es sólo una mínima parte del financiamiento recibido por causa de la guerra contra el narcotráfico, ya que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) la que distribuye la mayor parte de la ayuda de carácter no-militar, al estado y a la ciudad.
“La Iniciativa Mérida ya pasó por varias etapas, ahora con (Barack) Obama se le ha dado ese rol simbólico a la sociedad civil, pero en términos prácticos no se han creado redes de sociedad civil que brinden servicios más allá del proyecto; cuando termina el proyecto, el show termina y lamentablemente (IM) ha sido más un show”, dice el especialista en temas de seguridad y narcotráfico, Edgardo Buscaglia.
El también presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia AC, dice que hasta hoy no existe una medición del impacto de los programas implementados con recursos de IM en México a largo plazo. “Si vas a medir el impacto a largo plazo, no vas a encontrar mucho de eso”, afirma.
Plantea que la evaluación real de la Iniciativa Mérida debería ser realizada por la Oficina de Contabilidad General (GAO, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
Los pilares del apoyo a México
En diciembre de 2008 México y EU firmaron la primera Carta de Acuerdo de la Iniciativa Mérida (IM), un compromiso “de cooperación y reconocimiento de las responsabilidades conjuntas de ambas naciones para contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas que amenaza a los ciudadanos en ambos lados de la frontera”, cita la Embajada de Estados Unidos en su página oficial.
En una primera etapa, la ayuda se otorgó en las áreas de: Lucha contra el narco y seguridad fronteriza; Seguridad Pública y Procuración de Justicia; así como en el Fortalecimiento de Instituciones y el Estado de derecho.
Con 1.9 mil millones de dólares de fondos asignados por el Congreso de Estados Unidos, al cierre de 2013 la Iniciativa Mérida entregó aproximadamente 1.2 mil millones de dólares en equipo y entrenamiento al Gobierno mexicano, cita el informe de la Embajada.
En la segunda etapa de la IM el marco estratégico para implementar los programas y actividades de la Iniciativa, conocido como los Cuatro Pilares, es de carácter más social.
El Pilar Uno tiene como propósito afectar la capacidad operativa del crimen organizado; el Dos busca institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de Derecho; el Tres pretende crear la estructura fronteriza del siglo XXI; y el Pilar Cuatro busca construir comunidades fuertes y resilientes.
Y es precisamente dentro de este último rubro como se hizo la millonaria asignación de recursos para Ciudad Juárez, aun cuando cabe mencionar que para algunos programas se involucraron tres ciudades fronterizas.
En su investigación, Sonja Wolf refiere que las ventajas de este plan se ven reducidas por una serie de limitaciones importantes. “Primero, aunque el monto total del presupuesto de la Iniciativa Mérida pueda ser impresionante, palidece ante la riqueza que han amasado las organizaciones de narcotráfico en México y ante lo que pueden gastar en compra de armamento y corrupción”, suscribe.
“Más aún, el financiamiento para México se gasta principalmente en capacitación y equipo costoso y no en la creación de instituciones y en acciones en contra de la corrupción”, agrega.
Este equipo, sin embargo, desvía recursos importantes de otras áreas; además, sin un fortalecimiento institucional ni medidas eficaces para combatir la corrupción, el apoyo de la IM podría no servir realmente para optimizar las tareas policiacas, sino para –de manera inadvertida– proporcionar mejores herramientas y mayor preparación a los elementos deshonestos en el sistema de procuración de justicia, refiere.
Como en la primera etapa la mayor parte del financiamiento se asignó al equipamiento, la nueva propuesta parece cambiar el centro de atención a la creación de instituciones y la prevención social del delito y la violencia. Sin embargo, en la práctica, no se vislumbra ningún cambio de paradigma, menciona Wolf.
Financiamiento en Juárez
Después de la implementación del Sistema de Justicia Penal en Chihuahua (2007-2008), auspiciado en su mayor porcentaje por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el segundo financiamiento más importante en materia de seguridad para el Gobierno de Chihuahua fue el Complejo Estatal de Seguridad Pública, donde está radicado el Centro de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Chihuahua a Juárez.
“Este programa establece un sistema de telecomunicaciones seguro entre las dos ciudades más grandes del estado, dando cobertura en zonas donde la de radio es inexistente. Estados Unidos ha comprado, va a instalar y configurar equipo de telecomunicaciones valuado en 4 millones de dólares”, informa la Oficina Internacional Antinarcóticos y de Procuración de Justicia (INL, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
Este equipo incluye torres de radio para mejorar la red de comunicaciones que operará el Centro de Comunicación, Cómputo, Control y Comando (C4), albergado en el Complejo Estatal de Seguridad Pública en la ciudad de Chihuahua (El Diario, 17 junio 2014).
“Hay un proyecto más que incluye una torre y equipo de comunicaciones en Ciudad Juárez por 750 mil dólares”, informa INL.
Valioso apoyo: Fiscalía
Para el fiscal general Jorge González Nicolás, el Gobierno de Estados Unidos ha sido más que generoso con México y particularmente con Chihuahua.
Los avances en materia de seguridad no se habrían alcanzado sin este apoyo que se dio en equipamiento y capacitación, dice.
“El Estado no habría sido lo suficientemente solvente. La lucha contra la inseguridad que tenemos en este estado tiene que ver con fondos estatales que son los mayores recursos, el presupuesto de Fiscalía es muy alto; luego tenemos los fondos federales y accedemos a otros fondos internacionales en los que concursamos”, plantea.
González Nicolás expone que sólo Chihuahua y Nuevo León reciben los recursos, en especie, directamente, ya que el resto de los estados los reciben a través del Gobierno federal.
“Hemos recibido en Servicios Periciales equipamiento para el manejo de la escena del crimen, equipo de lectura de placas sobrepuestas”, agrega.
Además, IM ha donado 76 mil 432 dólares en equipo para la Escuela Estatal de Policía en Ciudad Juárez que recibió computadoras, impresoras, laptops, pizarrones electrónicos, proyectores, sistemas de audio, sillas para salón de clases, escritorios, sillas ejecutivas, refrigeradores, congeladores, campanas extractoras, mesas y sillas para comedor, vajillas, persianas, aires acondicionados, reparación de sanitarios y hasta la pintura.
A esta escuela le asignaron escritorios para salón de clases, archiveros, escritorios ejecutivos, repisas, pizarrones para salón de conferencias y de clases, sillas para salón de clases y secretariales, literas y colchones para habitaciones, sillas para auditorio, simulador de juicios orales, todo con un costo total de 111 mil 925 dólares.
La Escuela Estatal también recibió 68 mil 318 dólares en equipo de protección y entrenamiento de arrestos. Adicionalmente fueron invertidos 16 mil 462 dólares en equipo de entrenamiento de rescate y 23 mil 219 dólares en equipo de lavandería industrial, además de 15 mil 100 dólares para pintura.
Al grupo de inteligencia, que opera en las cuatro zonas que conforman la FGE, se le dotó de equipo de vigilancia satelital, como GPS, por 9 mil 910 dólares; cámaras fotográficas y de video con valor de 12 mil 715 dólares, equipo de cómputo por 58 mil 637 dólares; equipo de comunicación por mil 725 dólares, además de equipo de oficina por 71 mil dólares.
Para la Policía Canina fueron destinados 11 mil 450 dólares en jaulas e insumos veterinarios para perros entrenados para drogas.
Adicional a los aparatos que recibió la FGE para Chihuahua, la inversión total fue de un millón 717 mil 175 dólares en equipo.
El informe del INL detalla que dentro de la FGE, la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales utiliza una unidad canina para detectar contrabando en las instituciones correccionales del estado y provee asistencia en operativos policiacos en Chihuahua y Juárez.
Para esta unidad fueron asignados más de 500 mil dólares para el entrenamiento canino básico, para su cuidado, para el mantenimiento y monitoreo de registros, además de 3 camionetas y perreras móviles. Queda pendiente el entrenamiento por la Policía Nacional de Colombia para dos funcionarios y sus respectivos caninos.
Equipo de Inspección
El reporte de INL menciona que, si bien no se han otorgados Equipos de Inspección no Intrusiva (NIIE, por sus siglas en inglés) directamente a un estado, sí se han entregado a la Policía Federal, al SAT y a la Secretaría de la Defensa Nacional y se utilizan en Ciudad Juárez.
Los equipos NIIE permiten a las autoridades mexicanas escanear e inspeccionar discretamente vehículos de pasajeros, contenedores de carga y furgones de carga en busca de armas de fuego, explosivos, drogas, dinero en efectivo, contrabando o personas, cita la Embajada de Estados en un informe de enero 2012.
Además moderniza y mejora la seguridad fronteriza en cruces terrestres, puertos marítimos y aeropuertos, ya que detecta y reduce el flujo de mercancías ilegales y simultáneamente facilita el comercio y los viajes legítimos, menciona.
“Basados en recientes informes del Gobierno de México, este equipo donado a la Policía Federal, el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría de la Defensa Nacional, se está utilizando en Juárez”, indica.
El equipo asignado a la Policía Federal está valuado en 3 millones de dólares, mientras que los aparatos donados a Sedena están instalados en Janos y el Punto de Revisión Carretero Precos, el valor estimado de cada uno es de 1.3 millones de dólares (es decir, 2.6 millones de dólares).
El SAT ha recibido equipo de escaneo por valor de 2.9 millones de dólares, además de Rayos Equis para equipaje.
Migrantes
En programas indirectos fue destinado un millón de dólares para la delegación estatal del Instituto Nacional de Migración a través del Grupo Beta, dedicado a la búsqueda y rescate, asistencia humanitaria, legal y de orientación a migrantes.
Con estos recursos se financiaron torres de vigilancia “Skywatch” para Palomas y Ojinaga, camionetas 4x4 para Palomas, Juárez y Ojinaga, además de equipo para búsqueda y rescate, equipo técnico, para entrenamiento para búsqueda y rescate del Gobierno de Estados Unidos a través de la Patrulla Fronteriza “Borstar” realizados en 2009 y 2014, y queda pendiente una entrega de botes de rescate para Ojinaga.
Hasta ahora las instituciones beneficiadas no han emitido, al menos públicamente, los resultados obtenidos gracias a las donaciones obtenidas a través del Pilar Cuatro de Iniciativa Mérida. (Luz del Carmen Sosa/El Diario)
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