Martha Elba Figueroa
El Diario/Corresponsal
Distrito Federal– La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República anunció la elaboración de la Ley General de Desapariciones, la cual se está construyendo junto con organizaciones de la sociedad civil y autoridades.
Ambas partes contemplan instaurar la figura de ausencia por desapariciones tratando de evitar, principalmente y entre otras cosas, que se entreguen actas de defunción a familiares que no han encontrado el cadáver del ausente, aseguran legisladores.
En la presentación de Principios y Recomendaciones Ciudadanas para los procedimientos de la Declaratorio de Ausencia por Desaparición, por parte del Centro de Colaboración Cívica (CCC), la presidenta del órgano legislativo, Angélica de la Peña, sostuvo en el acto que el tercer año legislativo, uno de los temas nodales de dicha Comisión será el que la Ley para Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas, debe contar con un capítulo relacionado a la declaración de ausencia de personas.
La legisladora perredista explicó que esta ley significará reformar cuando menos uno de los artículos de la Constitución para integrar a ella el concepto de desaparición de personas forzadas o involuntarias, pues enfatizó que este fenómeno es a nivel federal y por tanto tiene que contar con una articulación de todas las entidades, instituciones y los órdenes de gobierno.
Carlos Moreno, de Movimiento por la Paz, destacó el grave problema que representa el hecho que autoridades entreguen a familiares de desaparecidos un acta de defunción sin contar el cuerpo, que lejos de ser beneficio, le encrudece el dolor por el duelo.
Julio Hernández Barros, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dijo que la propuesta del CCC puede ser la base para un documento que trabajan conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
Destacó que esto podría resultar en una Ley General de Desaparición emanada del Senado, la cual en algunos de sus apartados contemple la declaratoria de ausencia por desaparición y no en una mera política pública, ya que el mayor problema a que enfrenta dicha comisión, es la renuencia de los estados a acatar a la Ley General de Víctimas.
Alan García Campos, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, consideró clave que en la agenda legislativa la desaparición de las personas sea incorporada como un tema de mayor relevancia para ser abordado para este próximo periodo ordinario de sesiones.
Aseguró que México enfrenta un rezago legislativo en materia de desaparición de personas, a pesar de ser parte de dos convenciones: una interamericana y otra internacional vigentes desde el 2002.
Paulina Vega, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, consideró que el documento que surja de la declaración de ausencia por desaparición, será un medio legal que garantice la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida y tenga validez en toda la República.
Consuelo Morales, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, aseveró que la violencia desatada en varios estados de la república ha provocado un ambiente generalizado de miedo, inseguridad e intranquilidad.
A esto, indicó, las autoridades han desplegado planes de acción que contemplan medidas que en ocasiones han constituido violaciones a los derechos humanos, y uno de los problemas graves de la sociedad son las desapariciones forzadas en todas sus modalidades.
Sylvia Aguilera, directora del Centro de Colaboración Cívica subrayó además que el tema de las desapariciones es muy grave en el país, por esa razón que enfatizó que cualquier política pública dirigida a este asunto, tiene que contar con la voz de los familiares de las víctimas y que se realice lo más pronto posible.
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