Martha Elba Figueroa
El Diario/Corresponsal
Distrito Federal— Ante múltiples inconformidades registradas por parte de usuarios por el cambio de medidores y la modalidad de pago del servicio de energía eléctrica que imparte la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó un informe pormenorizado sobre estas acciones y los efectos económicos generados a las familias mexicanas.
El exhorto fue impulsado por diversos legisladores federales del PAN quienes advirtieron en julio pasado que “adicional a la falta de información sobre el cambio de medidores convencionales, existe el efecto directo en el aumento de las facturas de luz.
Durante los primeros meses del año miles de familias se encontraron con un aumento de más de 1000 por ciento en su recibo, y cerca del 25% de los hogares en el país no han podido pagar los recibos de luz”.
Al margen de esta problemática, afirmaron, la empresa pública ha señalado que los medidores que se instalaron son inteligentes y que la lectura que aparece en el recibo de luz no puede ser un error.
“Sin embargo, fuentes nacionales han señalado que los medidores son manipulados para que aumenten el consumo de luz de las familias con el objeto de que la Comisión pueda trasladar el costo por cambio de medidores a los usuarios”, denunciaron los legisladores federales.
Los proponentes argumentaron que resulta incongruente que la Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda y Comisión Federal de Electricidad no hayan realizado un mapeo de la población objetivo del programa de sustitución de medidores; lo anterior hubiera anticipado los efectos no deseados de la política.
Por ello, concluyeron que los informes de transparencia que realiza la Comisión Federal de Electricidad no reúnen los elementos mínimos necesarios para una efectiva rendición de cuentas, es imprescindible que se asuma la responsabilidad por las afectaciones económicas que han tenido las familias mexicanas
Finalmente, de acuerdo con información obtenida por los panistas, el Ejecutivo federal aseguró que “los nuevos medidores tenían que ser aceptados de manera voluntaria por los usuarios, sin que ello significara algún cobro adicional para las familias”.