Blanca E. Carmona/Martín Orquiz
El Diario
Soledad Griensen Porras, directora del albergue “Mujeres Unidas contra la Violencia”, que operaba con el apoyo de recursos públicos, fue denunciada por sus propias “protegidas” y tras un cateo en el lugar, fue detenida el 18 de octubre de 2011 acusada de abusos y agresiones en perjuicio de las menores que acudían a ese centro de ayuda.
Caso muy similar al que recientemente se registró en Zamora, Michoacán, en el que Rosa del Carmen Verduzco, conocida como “Mamá Rosa” fue señalada como la responsable de diversas violaciones a los derechos humanos de los menores del albergue “La Gran Familia”, que ella dirigía.
El juicio contra Griensen inició ayer y la pena mínima que demanda el Ministerio Público es de 347 años de prisión por su presunta responsabilidad en los delitos de privación de la libertad, trata de personas, abuso sexual y lesiones.
La defensa señaló al Tribunal que no hay pruebas para destruir el principio de inocencia que le asiste a la acusada y aseguró que por más de 15 años ella estuvo asistiendo a mujeres víctimas de la violencia.
En la acusación, el Ministerio Público estableció que entre marzo y el 18 de octubre de 2011, mediante coacción moral y el engaño, Soledad Griensen ejerció un abuso de poder y vulneró la voluntad en contra de siete mujeres, pues presuntamente las amenazaba de muerte para retenerlas.
Además, se expuso, las obligaba a realizar trabajos de servidumbre y no las dejaba salir solas. A una de ellas la forzó a “salir” con un agente federal el 17 de octubre de 2011.
A otra de las supuestas víctimas la obligaba a dar masajes a un hombre identificado como José Santos y de otra de ellas se presume obtuvo un beneficio económico por ofrecer sus servicios sexuales a partir de septiembre de 2011 y hasta que fue detenida Griensen, un mes después.
También es señalada por prostituir a las mujeres en las propias instalaciones del albergue, a partir de mayo de 2010.
Otra de las víctimas dijo en su declaración que la directora logró mermar su autoestima toda vez la amenazó de que si no regresaba al albergue la mataría a ella y sus hijos.
A Griensen también se le atribuye el delito de no permitir que una madre alimente a su hijo, ya que al impedir esta acción causó lesiones que ponen en peligro de vida del menor.
Además se le atribuye que entre abril y el 18 de octubre de 2011 en las instalaciones del albergue, hizo tocamientos y colocó un chile en las partes íntimas de una menor de 4 años, esto sin propósito de llegar a la cópula.
Respecto al delito de privación de la libertad por el total de las víctimas la representación social pidió un castigo de 135 años de prisión y una multa equivalente a 120 veces el salario mínimo; 10 años y tres meses por el ilícito de abuso sexual agravada; 196 años de cárcel trata de personas y seis años por el ilícito de lesiones en comisión por omisión.
“Las víctimas de esta causa buscaban alejarse de la violencia y de todas las situaciones que las afectaban física y emocionalmente, buscaban un albergue, tomando como definición básica de albergue un lugar que sirve para protegerse, pero encontraron un infierno, como ellas lo dicen. Es por esto señores jueces que se instruye este proceso en contra de la señora Soledad Griensen Porras”, dijo la agente del Ministerio Público a cargo al Tribunal colegiado que preside el juez Arnulfo Arrellanes.
El maltrato que padecieron estas mujeres se evidenció el 18 de octubre de 2011 durante la detención de Griensen Porras.
En esa fecha, indicó la entonces agente de la Policía Municipal, Cecilia Domínguez Portillo, quien participó en la detención, encontraron a las víctimas encerradas bajo llave en el albergue ubicado en la calle Delicias número 2747 casi esquina con Jiménez de la colonia 9 de Septiembre.
Orilladas por la desesperación, indican los testimonios periodísticos recogidos en esa fecha, solicitaron la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y señalaron a su “protectora” como quien las mantenía encerradas, las enviaba a solicitar ayuda que luego les quitaba el dinero y las obligaba a prostituirse.
Ese mismo día la activista social, quien entonces dijo tener 53 años, fue arrestada por la Policía Municipal, aunque en todo momento negó los señalamientos en su contra.
“Soledad, la directora, castigaba a los niños, nos obligaba a tener relaciones con hombres y nos encerraba por días y sin comida…”, declaró una de las supuestas víctimas de la activista social.
Su agrupación administraba el refugio a donde llegaban mujeres, que eran golpeadas por sus parejas, incluso con sus hijos en busca de ayuda.
El centro recibía un subsidio oficial para cumplir con la supuesta labor de ayuda.
De acuerdo con la página del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), “Mujeres Unidas Contra la Violencia” recibió apoyo económico por parte de la Junta de Asistencia de Gobierno del Estado en aquél año.
El refugio abierto por Griensen Porras estaba catalogado como “sujeto obligado”, lo que implica que estaba dado de alta en el padrón que maneja el organismo de transparencia y era beneficiado con un subsidio por parte de la Junta de Asistencia, instancia que comunica al Instituto sobre el desarrollo de este tipo de operaciones.
Las afectadas denunciaron que en ese centro eran maltratadas y abusadas sexualmente por parte de dos familiares de la directora, quien supuestamente estaba de acuerdo con los hombres a quienes les cobraba por “visitarlas”.
Una mujer, quien acudió al refugio en abril de 2011 después que sus padres la corrieron de su casa porque se embarazó, dijo que desde su llegada recibió malos tratos.
Además fue obligada por Griensen Porras a pedir ayuda a instituciones y empresas locales, y luego la despojaba de los recursos que obtenía y no le dejaba ni para comprar los pañales de su niño, quien tenía siete semanas de nacido cuando denunciaron a su posible explotadora.
Otra persona que estaba refugiada desde 20 días antes en ese centro señaló que varias de las mujeres que fueron en busca de ayuda eran obligadas a prostituirse con hombres que la directora llevaba al refugio.
Los sujetos entraban todas las noches y se quedaban hasta la madrugada.
Añadieron que los niños también eran sometidos a castigos por parte de Griensen Porras, quien les daba picante cuando lloraban y los golpeaba para que se callaran.
También familiares de las víctimas y vecinos del centro narraron que la activista social negaba la entrada cuando alguien quería visitar a las recluidas. El esposo de una de las internas del centro señaló, en el mismo lugar pero al día siguiente al acudir en busca de su familiar, que en varias ocasiones quiso visitar a su pareja, que tenía tres meses en el sitio, pero la directora le negaba la entrada.
Los vecinos respaldaron la versión del hombre y agregaron que era una situación que se registraba con frecuencia.
Señalaron incluso que cuando las personas acudían al sitio y se molestaban porque no las dejaban entrar, Griensen Porras activada el “botón de pánico” que estaba instalado en el refugio para que acudiera la Policía Municipal.
Una vecina del centro aseguró que la encargada del refugio tenía problemas con algunos residentes de la colonia 9 de Septiembre, en específico de la calle Jiménez, porque era muy altanera y en cualquier situación llamaba a una patrulla.
En su testimonio, señaló que tanto ella como otras personas externaron sus sospechas debido a que un primo de la activista estaba siempre en el lugar, algunas veces en estado de ebriedad.
En varias ocasiones observaba que la acusada sacaba a las mujeres y a sus hijos a barrer la calle, donde les gritaba y les daba malos tratos, mientras que los menores presentaban un aspecto desaseado.
El proceso penal
Ayer la primera testigo que compareció fue la entonces agente de la Policía Municipal, Cecilia Domínguez Portillo, quien participó en la detención de Griensen Porras el 18 de octubre de 2011.
En esa fecha, indicó Domínguez, encontraron a las víctimas encerradas bajo llave en el albergue ubicado en la calle Delicias número 2747 casi esquina con Jiménez de la colonia 9 de Septiembre.
Además las observaron muy nerviosas y al convencerlas que Seguridad Pública iba para ayudarlas una de ellas se atrevió a denunciar y después todas las demás.
En su turno el abogado defensor de la procesada, Héctor González Mocken dijo que por más de 15 años muchas personas fueron enviadas, por instituciones de seguridad pública y organizaciones, a “Mujeres Unidas contra la Violencia”, una agrupación que se constituyó para luchar en contra de la violencia de género y en auxilio del Estado.
“En el curso del proceso se percataran de que lo que tienen en contra de Soledad Griensen sólo son palabas, expresan acciones de tipo verbal sin pruebas suficientes ni pertinentes que avalen su dicho. Para acreditar la inocencia escucharán las propias versiones encontradas, inconsistentes y contradictorias de quienes deponen en su contra”, dijo el defensor. El juicio oral marcado como 159/13 continuará en las siguientes semanas pues se espera la comparecencia de unos 60 testigos. (Blanca E. Carmona/Martín Orquiz/El Diario)
redaccion@redaccion.diario.com.mx