Gabriela Minjáres
El Diario
Regidores del Partido Acción Nacional (PAN) interpusieron ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos por la posible comisión de delitos electorales, por la presunta coacción a los cadetes de la Policía Municipal para que se afiliaran como militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
También acudieron ante las oficinas locales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a levantar una queja por los mismos hechos registrados el viernes 25 de julio, cuando se realizó un operativo especial para trasladar a los cadetes a las instalaciones locales del PRI en la ciudad para que se registraran como militantes.
De acuerdo con la denuncia presentada por escrito por los ediles panistas José Márquez Puentes, Norma Alicia Sepúlveda Leyva y María del Rosario Delgado Villanueva, los hechos constituyen delitos en materia electoral, derechos laborales y derechos humanos.
La denuncia fue interpuesta en contra de quien resulte responsable, aunque en la narración de los hechos mencionan al director de la Academia de Policía, Gilberto Ontiveros Chávez, quien ayer fue separado de su cargo por tiempo indefinido.
El abogado Enrique Torres Valadez, asesor jurídico de la fracción edilicia del PAN en el Cabildo, dijo que por estos hechos se configura un delito electoral establecido en el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que puede ser sancionado con 200 a 400 días de multa y prisión de dos a nueve años.
Explicó que el artículo 11 establece estas penalidades en contra del servidor público que coacciones o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición.
Pero también, agregó, cuando el funcionario público “proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores”.
Mientras que en materia laboral hay una violación de los derechos de los trabajadores establecidos en la misma Constitución Mexicana, que establece que toda persona tiene derecho un trabajo digno y socialmente útil.
Además, la Ley Federal del Trabajo agrega que el trabajo no es un artículo de comercio, por lo que no se pueden establecer condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social o cualquier otro que atente contra de la dignidad humana.
En materia de derechos humanos, el abogado consideró que se violentan los derechos universales en los que se establece que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas y que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación.
El abogado que llevará el caso ante las instancias judiciales, Sergio Madero Villanueva, agregó que como elementos de prueba presentaron las notas periodísticas que se publicaron el sábado 26 de julio en medios locales de comunicación, donde se documentaron los hechos.
Asimismo, anexaron la lista con los nombres de los cadetes que se encuentran registrados actualmente en la Academia, para que el Ministerio Público Federal los pueda llamar a declarar.
“Son corruptos, pero no son tontos, no han dejado evidencia en ello, pero hay otros medios de probación y por eso estamos pidiendo que se haga la entrevista directa con el personal que fue llevado”, dijo cuando acudieron a interponer la denuncia a la PGR.
Agregó que si bien las notas periodísticas no tienen valor probatorio ante la autoridad, dan un indicio y con eso se puede iniciar la investigación, mientras que en el PAN también se darán a la tarea de comprobar los supuestos delitos.
Ayer alrededor de las 6 de la tarde arribaron a las instalaciones de la PGR, los regidores, José Márquez Puentes, Norma Alicia Sepúlveda Leyva y María del Rosario Delgado Villanueva acompañados por abogados del PAN, con la intención de ratificar la denuncia.
El grupo de ediles permaneció en el edificio hasta pasadas las 8 de la noche para ratificar la denuncia y solicitaron al fiscal que iniciará las investigaciones correspondientes para que se determine responsabilidad en lo que consideran un delito federal.
El dirigente del PAN, Hiram Contreras, dijo que esperan que la autoridad penal federal investigue los hechos y actúe en consecuencia.