Juan de Dios Olivas
El Diario
La Comisión del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) de la Cámara de Diputados, así como la Secretaría de la Función Pública (SFP), instruyeron a la Contraloría de Chihuahua investigar la compra de 650 chalecos antibalas que el Municipio de Juárez asignó en forma directa a una empresa privada.
Proveedores que participaron en la licitación por 12 millones de pesos que fue anulada a finales de junio para conceder el contrato a Blitzkrieg S.A. de C.V, formalizaron quejas tanto con los legisladores como en la SFP.
Sin embargo, aunque ayer tanto el encargado del despacho de la Presidencia Municipal, Jesús José Rodríguez Torres, como el secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana Silveyra, coincidieron en señalar que el Municipio está abierto a auditorías y a que se sancione a quien sea necesario, el coordinador de la fracción del PAN, José Márquez Puente, dudó que el Estado vaya a proceder.
“Esta instancia depende del gobernador (César Duarte) y ejerce una influencia muy fuerte en las acciones y decisiones que se hacen ahí, no tenemos seguridad de sus investigaciones y resultados”, dijo.
La Contraloría de Gobierno del Estado fue instruida para que investigue las denuncias de proveedores que se interpusieron en la Ciudad de México y que involucran a la ex ejecutiva de Proyectos del Municipio, Alva Almazán Negrete.
Tras las quejas, la SFP, a través del oficio 112DGAQDI/MAGP/1808/2014 –del cual El Diario posee una copia– respondió a los proveedores denunciantes que el caso fue turnado a la contralora estatal Nesly Guadalupe Zapata para su investigación.
En la licitación participaron las empresas Escorpión Negro, Elite By Carga, Protective Materials Technology, Giramsa, Security Plus Technology Private Malugo y Bullet de Mexico, pero sólo estas tres últimas se inconformaron.
El contrato fue asignado en forma directa a la empresa Blitzkreig, con domicilio en Monterrey, propiedad de Carlos Elizondo, la cual no cuenta con la autorización de la Dirección de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación, ni las certificaciones NIJ-06 ni el Seguro de Responsabilidad Civil por 10 millones de dólares.
Los denunciantes sostienen que el chaleco de dos placas nivel IV que compró el Municipio y que se fabrica presuntamente sin cumplir las normas, fue vendido a Almazán en 9 mil 500 pesos, pero facturado en 17 mil 98 pesos.
El pasado 23 de julio Almazán presentó su renuncia como ejecutiva de Proyectos tras haber sido separada del manejo de los subsidios federales.
En cuanto a la calidad del producto, el alcalde Enrique Serrano indicó que el secretario de Seguridad Pública Municipal César Muñoz realizó pruebas con un fusil de asalto Ak-47 y estuvo satisfecho de los resultados.
Manifestó que la empresa ganadora del concurso es el único fabricante que ofreció alternativas al Municipio según los requerimientos de la licitación, además de garantizar su producto por 7 años y ofrecer una póliza de mil dólares.
En tanto los diputados, además de tomar el caso para su investigación, también lo turnaron a la Contraloría del Estado, añadió el regidor del PAN Sergio Nevárez Rodríguez.
“Es una instrucción por parte del comité del Subsemun que está instruyendo a la Contraloría del Estado para que investigue lo de los chalecos. Todavía falta que la autoridad estatal defina su postura con respecto a ese asunto”, dijo.
Los proveedores inconformes por el manejo de los fondos federales que la administración municipal lleva a cabo, cuestionaron tanto el favoritismo a la empresa que obtuvo el contrato, como el precio de 18 mil pesos por unidad cuando había ofertas de 12 mil y la calidad del producto que adquirió el Municipio.
Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana Silveyra, señaló que la Administración municipal está en auditorías constantes y este caso no amedrenta, ya que el Gobierno local está abierto a que se sancione a quien incurra en anomalías.
“Todo recurso público es auditable y en el caso particular de la Administración municipal es una constante permanente que se audite toda la función”, dijo.
Señaló que esas revisiones son tarde o temprano parte de la dinámica de los gobiernos, independientemente de quien los solicite.
“Si hay un error, una falta, hay que sancionar, no nos debemos asustar, desde el momento en que asumimos la responsabilidad protestamos cumplir y hacer cumplir la Ley, es parte inherente a la administración pública”, añadió. (Juan de Dios Olivas/El Diario)