Alejandra Gómez
El Diario
En el departamento jurídico de la Secretaría de Educación están en proceso 60 casos de directivos y docentes que fueron denunciados por condicionar el servicio educativo o la entrega de documentos al pago de la cooperación voluntaria de los padres de familia o tutores en escuelas públicas de nivel básico, informó el subsecretario estatal, Horacio Echaverría.
Los trabajadores de la educación que establezcan las cuotas o donaciones como contraprestaciones del servicio serán cesados de sus funciones porque el artículo sexto de la Ley General de Educación indica que:
“En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna”.
El artículo también precisa que la educación que imparte el Estado es gratuita y que compete a las autoridades educativas establecer los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.
Ante lo anterior la Secretaría de Educación giró en la primera semana de julio un comunicado a los coordinadores de departamento de cada nivel de educación básica con la indicación de informar a los directivos y docentes que no tienen la facultad para solicitar cooperaciones, la acción fue recomendada por la Cámara de Diputados, informó Echaverría.
La solicitud de cuotas voluntarias en las escuelas públicas es una acción que sólo compete a los integrantes de las asociaciones de padres de familia, quienes tienen la facultad de establecer un monto pero tampoco pueden condicionar su pago al servicio educativo o la retención de algún tipo de documento.
Los 60 casos que están en proceso en la mesa jurídica de la Secretaría se registraron en su mayoría en la capital del estado y en Ciudad Juárez.
Hasta el momento no se ha dictado ninguna resolución porque aún se están realizando las investigaciones correspondientes para cerciorarse que efectivamente los trabajadores de la educación condicionaron el servicio de sus escuelas a cambio de cooperaciones voluntarias, informó el subsecretario.
En caso de que las denuncias sean corroboradas los docentes y directivos podrían enfrentarse al cese de sus funciones porque infringieron lo establecido en la Ley General de Educación: “Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos”.
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