Juan de Dios Olivas
El Diario
La ejecutiva de Proyectos del Municipio, Alva Almazán, presentó su renuncia tras haber sido separada del manejo de los subsidios federales y denunciada junto con el Municipio ante la Secretaría de la Función Pública.
La querella ante esta última instancia fue motivada por su intervención para que una empresa ganara un contrato de 12 millones de pesos para venderle 650 chalecos antibalas al Municipio.
“La renuncia no exime a la ex funcionaria de responsabilidades en caso de haberlas”, dijo el alcalde Enrique Serrano Escobar, quien recientemente ordenó a la Contraloría Municipal una revisión a los fondos del Subsemun y del Pronapred en los que Almazán intervino.
El documento de renuncia fue difundido por la administración municipal tras una orden que el alcalde dio ayer en público.
En ella, sin referirse a ninguna persona en particular, la ex funcionaria afirma haber sido víctima de señalamientos dolosos y que ha estado impedida para defenderse.
“Como es del conocimiento público, en las últimas semanas se ha desatado en mi contra una serie de señalamientos que dolosamente atacan mi actuación como servidora pública en el cargo de Ejecutiva de Proyectos Especiales del Municipio de Juárez; y en tal condición me he visto impedida a ejercer acciones de defensa a las que tengo derecho”, refiere en su escrito dirigido a Serrano Escobar.
Indicó también que los señalamientos en su contra tienen la finalidad de frustrar el trabajo del alcalde. “Veo en usted a un gran ser humano, a un funcionario honesto, capaz y que busca lo mejor para Juárez, mi permanencia en el cargo implicaría un desgaste que su administración municipal no merece y que intereses creados calumnian en forma indirecta con el fin de frustrar sus proyectos políticos”, añade.
Tras confirmar la salida de Alva Alamazán Negrete de su gabinete, el alcalde señaló que el martes por la tarde le presentó la renuncia y él la aceptó.
Sin embargo, señaló que las investigaciones que lleva a cabo la Contraloría Municipal al manejo de los recursos federales del Subsemun y del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) seguirían su curso.
El principal señalamiento contra Almazán fue por su intervención para que una empresa ganara el contrato de los chalecos antibalas.
Este contrato fue licitado a través del sistema de Compranet, pero fue anulado a fines del mes pasado antes de siquiera conocer el Municipio las propuestas de las empresas que buscaban ganar la adjudicación.
En cambio, fue otorgado en forma directa a la empresa Blitzkrieg, con sede en Monterrey la cual vendió los chalecos a un precio de 17 mil 98 pesos cuando el resto de los proveedores presentaron ofertas de 12 mil pesos en promedio.
La licitación fue anulada bajo el argumento de que los recursos provenientes del Subsemun tendrían que ejercerse antes del 30 de junio.
La ex funcionaria también fue implicada en la adjudicación a una empresa contable del contrato de 14 millones de pesos para brindar capacitación para el programa de Policía de Proximidad.
Su intervención en la asignación de recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) levantó también críticas por el manejo sin transparencia en la asignación de 80 millones de pesos a organizaciones civiles.
Fue este punto el que obligó al Cabildo de Juárez a exhortar al alcalde a investigar el manejo de esos recursos federales, lo cual lleva a cabo actualmente la Contraloría Municipal.
Esa situación también provocó que el alcalde decidiera retirarla del manejo de ese programa y asignarlo a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y a ampliar la recepción de proyectos que en un inicio no fueron incluidos.
Al abrirse una nueva etapa, las organizaciones civiles excluidas presentaron 109 proyectos que se sumarán a los 57 que ya habían sido seleccionados anteriormente, pero que volverán a ser objeto de análisis por parte de la Universidad para determinar si se les asignan recursos. (Juan de Dios Olivas/El Diario)
jdolivas@redaccion.diario.com.mx