Martín Orquiz
El Diario
Defensores del centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) tienen otros cuatro casos similares al de los acusados de extorsión que recuperarán su libertad luego que un Tribunal Oral determinó el lunes pasado que los testimonios de autoincriminación fueron obtenidos con base en la tortura.
Además, otros ocho expedientes están siendo evaluados para determinar si tienen las características requeridas para asumir su defensa, señaló el vocero de la organización civil, Carlos Murillo González.
Hasta ahora son tres casos en los que han logrado comprobar que los cuerpos policiacos torturaron a los acusados para que “confesaran” su participación en diferentes hechos delictivos, entre ellos el de cinco fronterizos que fueron implicados en el estallido de un coche-bomba en el 2010, pero que finalmente fueron acusados de portación de armas, posesión de droga y delincuencia organizada.
El otro, señaló el informante, no fue tan publicitado pero tenía las mismas características: los señalados eran hombres jóvenes que habitan en colonias de la periferia y que fueron atormentados para que se declararan partícipes en hechos delictivos.
Agregó que en este tipo de casos existen varios factores que coinciden, tales como que los presuntos perpetradores son sacados de sus viviendas por agentes policiacos de distintas corporaciones, pero en sus reportes afirman que el arresto se dio en otros sitios y condiciones.
Acerca de los casos que se están ventilando en la actualidad señaló que se espera que en varios se obtenga éxito, sobre todo porque el proceso de selección para asumir su defensa es muy específico.
Se refirió al caso de los hermanos Juan Antonio y Jesús Iván Figueroa Gómez, además de Misael Sánchez Frausto, quienes llevan dos años con cinco meses en prisión acusados de extorsión. Sin embargo, un Tribunal Oral anuló las pruebas presentadas por el Ministerio Público ya que determinó que fueron obtenidas a través de la tortura.
Otro acusado en el mismo caso, un menor de edad hermano de los Figueroa Gómez, fue absuelto en agosto del año pasado por falta de pruebas. Todos fueron detenidos el 18 de enero de 2012.
Apenas en marzo anterior la Procuraduría General de la República (PGR) retiró los cargos contra los cinco hombres que fueron detenidos e involucrados en la detonación del coche-bomba en el año 2010.
Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí recuperaron su libertad luego de poco más de tres años y medio de permanecer encarcelados.
Los cinco resultaron positivos al Protocolo de Estambul, un manual diseñado para determinar si una persona fue sujeta a tortura o prácticas degradantes.
Datos periodísticos establecen que al ser detenidos se les acusó de delincuencia organizada, delitos contra la salud en la modalidad de posesión de mariguana, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Murillo González mencionó que en estos casos se ha documentado un modus operandi de la Policía, cuyos agentes llegan a las casas y detienen a los hombres que consideran como integrantes de bandas.
“Los arrestados son jóvenes y pobres, es la forma trabajar de la Policía”, añadió.
En cuanto a las acusaciones de tortura para autoincriminarse, dijo que tienen todavía otros cuatro pendientes, más ocho en revisión para ver si los atienden, ya que cada uno es sometido a un proceso de selección puede tardar hasta meses, luego se determina si el CDHPN entra a la defensa o no.
Entre las personas que ahora están defendiendo hay acusados de extorsión, robo y delincuencia organizada.
Sin embargo, son muchos otros los que llegan a solicitar informes para buscar ayuda, pero deciden no seguir adelante porque son objeto de violencia por parte de la Policía, están amenazados y no van más allá. El Centro sólo actúa si los interesados ponen una denuncia.
“Vienen a asesorarse pero no dan los pasos a seguir, pero hemos formado una visión acerca de la sistematización en la forma de trabajar de la Policía, la que hace embates en ciertos grupos sociales, por lo general en contra de jóvenes de colonias populares”, expresó.
Los agentes policiacos, agregó, detienen a alguien y lo obligan por vías no legales, a decirles quienes son sus cómplices y se ven obligados a señalar personas.
“Irrumpen a cualquier hora del día o noche a sacar de sus casas a los jóvenes implicados, luego utilizan la tortura para hacerlos confesar, es algo que hemos estado viendo con frecuencia”, especificó.
El sociólogo mencionó que a la semana acuden entre dos y tres personas en promedio en busca de apoyo sicológico porque han estado viviendo amenazas o tortura por parte de policías, la tendencia es que preguntan, pero para el siguiente filtro ya no siguen.
Las características de los casos aceptados, porque no hay un protocolo directo, incluyen que los afectados sean de un grupo vulnerable, si ha existido tortura, se revisa si su discurso coincide con los hechos y hasta se investiga la honorabilidad de la persona en su entorno.
“Nos acusan de defender a delincuentes, pero defendemos la dignidad humana”, enfatizó el entrevistado. “Le corresponde a las autoridades demostrar lo que el acusado hizo, a nosotros que es inocente”.
También se mide la posibilidad de que haya existido tortura por parte de la autoridad hacia el acusado.
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