Luz del Carmen Sosa
El Diario
La primera bofetada retumbó en sus oídos. El golpe seco sólo se escuchó en la recámara donde Minerva discutió con su esposo ebrio. Nadie más se dio cuenta y después, ella justificó el moretón en la mejilla con una supuesta caída. Otra vez calló ante su familia.
Era la tercera pelea de la semana y apenas era jueves 13 de marzo. El miedo se apoderó de ella al pensar que estaba por llegar el fin de semana y era quincena. Parte del sueldo de su esposo terminaría, otra vez, en la tienda de autoservicio a cambio de 24 cervezas y un litro de licor.
En la habitación, Minerva pidió a su marido que no bebiera más alcohol, él reviró y le exigió que no lo molestara: “para eso trabajo, pa’ mis gustos”, le gritó.
Este es el drama que vive la madre de 32 años, que económicamente depende de su esposo. La pareja reside en el fraccionamiento Paseos del Alba, junto con sus dos hijas de 7 y 5 años. Minerva ya es usuaria recurrente de los servicios de emergencia que ofrece la Unidad Especializada en atender casos de Violencia Doméstica (Unevid) de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
Como ella, miles han requerido de asistencia. En la pasada administración municipal, los agentes preventivos atendieron más de tres mil 500 llamadas de auxilio realizadas por mujeres maltratadas.
De esos casos, los jueces de Barandilla y Oficialía Jurídica consignaron ante el Ministerio Público a mil 600 hombres como probables responsables del delito de violencia familiar. Estos son sólo los casos documentados por la SSPM.
El número de agresores es mayor. La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) recibió más de 6 mil denuncias por violencia familiar, del 26 de marzo del 2012 a la fecha.
En marzo, mes en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, las diversas corporaciones policiacas documentaron más de 60 casos de agresiones; en todos los casos el ofensor fue detenido, de acuerdo con los comunicados de prensa emitidos.
Daniel Ruiz Anguiano golpeó a su mujer que se encontraba en su octava semana de gestación, sólo porque la observó llamando por teléfono, dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
La golpiza quedó evidenciada con los hematomas que presentó en la espalda baja, los brazos y el cuello. Fue su suegra quien la ayudó presentar la denuncia por violencia familiar contra el padre de su hijo sin nacer.
Otro caso fue el de Sergio Osvaldo Marrufo Ortiz, de 39 años, quien agredió a su madre porque se negó a darle dinero para comprar cerveza.
La mujer recibió varios golpes con el puño en el rostro y alcanzó a correr a la calle en busca de auxilio. El Ministerio Público consignó al agresor ante un Tribunal de Garantía por los delitos de violencia familiar, lesiones y amenazas en perjuicio de su madre.
El juez de la causa consideró que los cargos eran suficientes para vincularlo a proceso e impuso como medida cautelar el ser internado en un centro de rehabilitación hasta por dos meses, cuando concluyan las investigaciones del caso, ya que el acusado tiene una adicción a varias drogas.
Las denuncias
La denuncia de violencia doméstica y violencia familiar ha tenido una incidencia importante en los últimos años, informó Ernesto Jáuregui Venegas, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM).
“La denuncia de hechos de violencia en el hogar ha tenido una incidencia importante en los últimos años. Al menos el registro que se tiene revela una situación que requiere una atención inmediata, especializada y eficaz, los números que conocemos nos informan que aproximadamente se están recibiendo cerca de 60 a 70 denuncias al mes por estos hechos”, dijo.
El funcionario explicó que la Unidad de Violencia Familiar es la que más casos atiende.
“Debido a la gran demanda social esta unidad es la que más concentra el apoyo a las víctimas. La FEM brinda atención especializada en materia de salud, asistencia social, jurídica y sicológica, cuando la mujer ofendida así lo solicita”, explicó.
Las instalaciones de esta Fiscalía se encuentran en el Centro de Justicia para la Mujer “Maricela Escobedo”, sobre la avenida Sanders. El edificio fue inaugurado el 25 de marzo del 2012 en cumplimiento a la sentencia en el caso González y otros contra el Estado Mexicano, conocido como caso “Campo Algodonero”; la resolución fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Jáuregui Venegas informó que la Fiscalía opera con 150 elementos, entre ministerios públicos, investigadores, sicólogos, peritos y personal especializado.
“Yo percibo que la denuncia también se incrementó con la creación de este centro, de una fiscalía de género, eso ha permitido a las ciudadanas registrar todos estos casos”, agregó.
Las causas
Para el fiscal, en el 90 a 95 por ciento de los casos de violencia familiar la principal causa está vinculada directamente con el alcoholismo y las drogas.
El resto están relacionadas con la subordinación de la mujer ante el hombre.
Inciden, dijo, factores psicológicos y baja tolerancia a la frustración.
Es muy común, agregó, que el factor económico influya en estas conductas agresivas del hombre.
Se ha detectado también que muchas de las mujeres agredidas provienen de hogares donde también hubo violencia familiar, es decir, una tendencia que se arrastra por generaciones y llega a normalizarse.
Las estadísticas oficiales revelan que un elevado porcentaje de los agresores cuenta con antecedentes policiacos o penales.
“Muchas mujeres no denuncian por miedo a que la separen de sus hijos, eso las frena o las induce a otorgar el perdón al agresor, pero no debe ser así”, planteó.
“Se debe privilegiar el derecho de vivir libre de violencia, respetando su integralidad como mujer, su entorno, su familia, sus hijos, por eso estas instituciones que participan en el Centro de Justicia ofrecen un servicio integral porque no se pretende separar a la familia que es víctima de la violencia”, agregó.
Penalidades
Jáuregui Venegas expuso que en un fin de semana normal se pueden recibir de 30 a 60 arrestados por situaciones de violencia familiar y otros delitos.
“De estos 30 casos, el 90 por ciento son personas detenidas por violencia familiar y se inicia el procedimiento para resolver la situación jurídica; de inicio el agresor tiene derecho a una libertad caucional”, explicó.
La realidad es que son mínimos los casos que llegan ante un Juez de Garantía.
“Estamos hablando que mínimo, sólo un 10 por ciento, de asuntos se van a sentencia por violencia familiar”, informó.
El fiscal dijo que en el procedimiento penal acusatorio vigente en el estado existen salidas alternas.
“El objetivo del Ministerio Público no es ir a un juicio oral, hay otras formas de concluir el procedimiento y depende de los intervinientes, es decir la víctima y el acusado”, agregó.
Lo prioritario para la representación social es el bienestar superior de la víctima, por eso las investigaciones en los casos de violencia familiar requieren personal especializado.
“Las investigaciones son laboriosas, no es cuestión de recibir la denuncia a la mujer y detener al hombre para llevarlo ante el juez. Necesitamos un análisis de las afectaciones emocionales que le hizo a la víctima, privilegiar el interés superior de la víctima para ver qué es lo que ella desea en forma integral”, abundó.
Muchas mujeres ignoran que pueden solicitar medidas cautelares contra su agresor, además de una pensión alimenticia para sus hijos e incluso, desconocen que este centro cuenta con espacio suficiente para albergar a una familia en forma temporal mientras inician las investigaciones.
Dijo que el Ministerio Público canaliza a las víctimas con el resto de las instituciones que participan en este centro, a fin de brindar una atención integral con perspectiva de género que permita resolver el problema y reparar el daño.
“En los delitos de género se va más allá del dinero, en este contexto es más allá de lo económico, es más restaurativo que reparatorio”, señaló.
“Pareciera que vivimos en la impunidad, pero si analizamos detenidamente el contexto de las investigaciones y la atención que se debe dar, no todo va a sentencia condenatoria es un delito de género que requiere una atención integral para que no se repita”, dijo.
Agregó que no todos los casos de violencia familiar son entre parejas. (Luz del Carmen Sosa/El Diario)
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