Luis Chaparro
El Diario
Una de las principales fuerzas de Estados Unidos para el combate al narcotráfico en México son los informantes y testigos protegidos que mantienen las agencias federales de investigación en ambos países.
Sin embargo, según demuestran múltiples demandas legales y funcionarios –retirados y activos– de la Administración Antidrogas (DEA), son estos ‘soplones’ quienes más arriesgan y menos ganan.
De acuerdo con un elemento de la DEA, a pesar de los datos que ofrecen sus informantes, en la mayoría de los casos la dependencia los considera ‘desechables’.
Para el ex operativo de la corporación, quien aún participa en el trabajo de entrenamiento e inteligencia desde El Paso, los testigos protegidos son “desechables” por la poca confiabilidad que ofrecen.
“Si te están dando información a ti y a la DEA es muy seguro que también estén cruzando datos con los traficantes. No podemos confiar plenamente en ellos a pesar de su valor”, dijo a este medio. El entrevistado, quien pidió resguardar su identidad, ya que las declaraciones no forman parte de la postura oficial de la DEA, detalla el brazo operativo de la agencia en México y en otros países de América Latina mediante ‘ganchos’, a quienes se les paga con efectivo, reducción de condenas e incluso con “favores”.
“La mayoría, no digo todos, pero sí la mayoría tienen agendas propias. Quieren dinero, casi todos, pero hay otros que quieren ‘chingarse’ a algún rival o a alguien de su mismo cártel. Otros lo hacen para que les bajen la condena cuando son arrestados por droga, otros incluso para que les dejen cruzar un cargamento, y muy, muy pocos porque les preocupa el daño familiar que están haciendo”, dice el funcionario federal.
“A muchos de ellos los matan muy pronto, por sus obvios nexos con el narco, ni siquiera por ofrecer información, porque casi nunca se enteran de que están vendiendo información. Pero aquí en la agencia muchos dicen ‘pues ni modo, era un narco cualquiera, a quién le importa’. Los que piensan así están enfermos, deshumanizados”, alega.
‘Los presionan’
La abogada migratoria Jodi Goodwin, quien ha atendido decenas de casos de deportación a informantes de las agencias federales estadounidenses que en algún momento aseguran haber proporcionado información para capturar, identificar o procesar legalmente a miembros de los cárteles de la droga en México y Estados Unidos, afirma que las dependencias mantienen una política “antiética” y “abusona”.
“Las agencias del Gobierno federal usan y abusan de los informantes indocumentados por años, atropellan sus derechos impunemente, les prometen residencia permanente y nunca cumplen y saben que no tienen que cumplir con ellos, pero siguen presionándolos con esa promesa para que sigan cooperando”, dijo en entrevista.
El abogado de migración Javier Maldonado, de San Antonio, quien también ha presenciado más de una decena de casos en los que los testigos protegidos o informantes de estas agencias han sido “traicionados”, asegura que este actuar es “inmoral y antiético”.
“No es ético ni moral que no se quiera proteger a los informantes si arriesgan sus vidas en las investigaciones, y esto pasa porque no existe la conciencia ni la voluntad en las dependencias del Gobierno federal para aplicar la ley y brindarles protección y una solución migratoria”, comentó.
El peso de la inteligencia
Para Phil Jordan, ex director del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC), uno de los más grandes de su tipo en Estados Unidos, el peso en las investigaciones y arrestos de las agencias federales estadounidenses recae en estos informantes y testigos protegidos.
“La fuerza más dura que tenemos en México es la del informante que está involucrado con los cárteles”, dijo.
Agregó que al menos el 80 por ciento de los informantes se compone por detenidos relacionados con delitos contra la salud. El resto se forma por gente que se acerca a las agencias federales y demuestra que puede proporcionar datos de interés gubernamental.
Aseguró que un informante de la DEA gana entre el 15 y el 20 por ciento de las cargas de dinero decomisadas.
Incluso, aseguró que su opinión es que al informante que haya entregado a Joaquín “El Chapo” Guzmán, “le deben haber pagado una millonada”.
Pero, como afirma el informante “Alfonso” —un médico juarense que proporcionó datos para la detención de Guzmán Loera— “la única recompensa que recibí fue la deportación de mi esposa a México”.
Actualmente la cifra de informantes y testigos protegidos operando en ambos países es inexacta. Reportes y cables diplomáticos han ofrecido un panorama general de la situación.
El portavoz de la DEA en Washington, Rusty Payne, dijo no poder ofrecer dicha información por ser delicada.
“No es posible divulgar con exactitud cuántos informantes confidenciales usa la DEA en sus operaciones regulares e ignoro si participan personas indocumentadas”, expresó.
Pero aseguró que estos informantes “eligen cooperar con los agentes de la DEA y para eso deben seguir reglas muy estrictas”, explicó.
En 2005, la DEA estimó que operaba a 4 mil informantes activos en Estados Unidos. En 2007, el FBI indicó en un informe presupuestal que el número de sus informantes y testigos protegidos alcanzaba unos 15 mil.
Por su parte, la Oficina de Aplicación de las Leyes de Inmigración y Aduanas (ICE) en otro reporte oficial señala que su gasto en materia de informantes ascendió a 9.5 millones de dólares en 2009.
La dependencia además reconoció en una guía práctica para fiscales que sería beneficioso que informantes extranjeros permanecieran en Estados Unidos por un tiempo en calidad de auxilio en investigaciones o como testigos.
Según funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos citados por el diario mexicano Excélsior, las agencias estadounidenses mantenían hasta el año pasado, unos 500 informantes, infiltrados y testigos protegidos mediante las distintas dependencias.
Para el año 2005 sólo había 60 de ellos. En el primer año de gobierno de Calderón su número llegó a 227, de acuerdo con lo informado por el entonces director de la DEA, Anthony Placido, ante el Congreso estadounidense.
Los cables de WikiLeaks muestran que la DEA admitió que entre el 2007 y principios del 2009, unos 120 colaboradores o informantes suyos y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) fueron asesinados por las redes del narcotráfico. (Luis Chaparro/ El Diario de El Paso)
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