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El Diario
El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado presentó un recurso de apelación contra la declinación de competencia realizada por un Tribunal de Garantía respecto a Ramón Gerardo Quintana Villasana, ex director del Cefereso 9 Norte, acusado de haber excarcelado a Israel Arzate Meléndez para que fuera torturado y durante el proceso que se le siguió como uno de los responsables de la matanza de Villas de Salvárcar.
El pasado 25 de marzo la juez de Garantía, Carmen Leticia Prieto Ruiz, se declaró sin competencia para conocer de los delitos atribuidos por el Ministerio Público a Quintana Villasana, que son: en el ámbito de la ejecución penal y de ejercicio ilegal del servicio público presuntamente cometidos en perjuicio de Arzate Meléndez y de la sociedad.
La jueza concluyó que iniciar en el fuero común un proceso penal en contra del ex director del Cereso implicaría juzgarlo dos veces pues el ilícito, y que lo que debe estudiarse es si Israel Arzate Meléndez fue sujeto a vejaciones en las presuntas excarcelaciones ordenadas por Quintana Villasana los días 9 de febrero y 17 de marzo del año 2010.
Además, en esa fecha y en una audiencia pública, Prieto Ruiz también indicó que debido a que los posibles actos de tortura le fueron inferidos por servidores públicos o empleados federales con motivo de sus funciones o en ejercicio de ellas, probablemente los militares, es competencia federal.
Por ende la juzgadora dictó auto de no vinculación a proceso, dejando claro que el delito que debe estudiarse es la tortura como lo señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su resolución 49/11 y declinó la competencia a un juzgado federal.
Esta resolución fue la que apeló el Ministerio Público del fuero común, dentro del plazo de los diez días que le otorga la ley para inconformarse, dijo una fuente al interior de la “Ciudad Judicial”.
También al día siguiente de su fallo, la juez Prieto remitió los seis tomos que conforman la carpeta de investigación iniciados contra Quintana Villasana al Ministerio Público de la federación, autoridad que hasta principios de la presente semana no había notificado nada al Tribunal de Garantía.