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El Diario
Un presunto sicario que dio muerte a una persona inocente, es decir, que no era el objetivo del ataque armado, fue vinculado a proceso penal por el delito de homicidio calificado.
El sospechoso Jesús Antonio Hernández Aguiñaga, fue presentado ante un Tribunal de Garantía dos horas después de que agentes ministeriales ejecutaron una orden de aprehensión en su contra.
La audiencia se realizó la tarde del martes pasado ante el juez de Garantía Apolinar Juárez Castro. Ahí un agente del Ministerio Público dijo que el 22 de enero del presente año Hernández Aguiñaga y tres masculinos más acudieron a un presunto punto de venta de droga ubicado en las calles Séptima y Pascual Orozco de la colonia División del Norte.
Después de pasar en varias ocasiones por el lugar y al observar que se habían retirado varias personas y únicamente quedaba un hombre a quien confundieron con un distribuidor de droga pero que en realidad se trataba de una persona enferma de sus facultades mentales y quien acostumbraba a colocarse en ese cruce de calles para pedir cigarros a los vecinos que pasaban por el lugar, los matones dispararon en varias ocasiones.
En el lugar quedó lesionado Jaime Pérez Ríos quien murió antes de llegar al hospital a donde era trasladado.
Dos asesinos dispararon a una distancia de un metro y medio con armas calibre 9 milímetros y 40 y luego abordaron el vehículo donde los esperaban otros dos individuos.
Al solicitar la vinculación a proceso un fiscal señaló al juez que un testigo presencial –cuya identidad quedó bajo reserva judicial- le obsequió un cigarro a la víctima unos minutos antes de que fuera baleado y al escuchar las detonaciones se regresó para ver qué había sucedido. Él encontró a la víctima aún con vida y trató de trasladarlo a un nosocomio.
También el papá de la víctima compareció ante el Ministerio Público y su declaración fue leída por el fiscal, para básicamente referir que Jaime Pérez Ríos padecía de esquizofrenia.
En la diligencia el agente del Ministerio Público formuló cargos y el acusado renunció a las 72 horas y a la duplicidad que marca la ley para que cualquier acusado de un delito reúna pruebas a su favor, por lo que el juez entró al estudio del fondo del asunto y dictó el auto de vinculación a proceso además le otorgó a la representación social un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.