Staff
El Diario
“Mi esposa está enferma y entregué todas las cosas”, afirmó en varias ocasiones un adulto mayor contra quien se ejecutó una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el robo de ropa y artículos electrodomésticos de una tienda, todo valorados en 62 mil 35 pesos, y contra quien el Ministerio Público pidió la medida cautelar más dura, la prisión preventiva, a la que el juez se negó para en su lugar dictarle la firma quincenal.
Rubén Pérez Carranza, de unos 70 años, se mostró muy nervioso debido a su preocupación por la salud de su mujer durante la diligencia realizada ayer en la Octava Sala de la Ciudad Judicial y fue tranquilizado por el juez de Garantía, Apolinar Juárez Castro quien le explicó que en caso de quedar detenido el Estado tenía la obligación de brindar asistencia social a su esposa enferma.
Al presentar la formulación de cargos contra Pérez Carranza, un agente del Ministerio Público dijo que del 13 al 17 de agosto del año pasado el adulto mayor presuntamente se introdujo en el negocio denominado “Novedades Vestir”, localizada en la calle Morelos número 1095 de la colonia Barrio Alto cuando el establecimiento se encontraba cerrado y se apoderó de 679 prendas de vestir además de varios aparatos electrodomésticos.
Además refirió que las personas que acusan a Rubén Pérez son el dueño del negocio Daniel Berumen González así como otras cinco personas.
El fiscal le solicitó al juez que enviará a la cárcel al sospechoso, petición que fundamentó en que el monto a resarcir era alto; las penas que podría llegar a alcanzar, de hasta diez años, podrían provocar que se sustrajera y porque no atendió una cita el pasado 25 de marzo para presentar los cargos en su contra.
En su defensa el acusado declaró que él devolvió todo lo robado y que en esa fecha no acudió al llamado ya que se encontraba en Mexicali, cuidando a un hermano enfermo.
Por lo que al resolver, el juez Juárez Castro dijo que si los objetos hurtados se habían devuelto bajaba el monto a resarcir e indicó que la pena mínima para ese delito es de dos años y seis meses, lo que también se debe tomar en cuenta para la imposición de cualquier medida cautelar.
Al final el juzgador se negó a acceder a la petición de Ministerio Público.
Ante esto el fiscal pidió otra medida cautelar, la firma quincenal de Pérez Carranza ante la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, lo que fue aceptado por el juez.
Por lo tanto el adulto mayor deberá acudir a firmar durante un año o por el tiempo que dure el proceso así como presentarse por sus propios medios a la siguiente diligencia prevista para el próximo lunes.