Luz del Carmen Sosa
El Diario
Las omisiones e irregularidades cometidas por las autoridades mexicanas en el caso de la niña ecuatoriana Joselin Nohemí Álvarez Quillay de 12 años, quien se suicidó en el sanitario del albergue “La Esperanza”, deberán ser investigadas y sancionadas, urgió Jorge Muñoz Marfa, cónsul adscrito de la Embajada de Ecuador en México.
La menor fue considerada mexicana y procedente del estado de Durando por las tres autoridades (municipales, estatales y federales) que tuvieron contacto con ella, por lo fue ingresada a un albergue que atiende niños migrantes en tránsito en edades de 6 a 10 años, al estimar que su edad era de 8 años.
El diplomático dijo que la menor ya ha sido plenamente identificada por sus padres, José Segundo Álvarez y Martha Violeta Quillay, quienes están radicados en forma indocumentada en Estados Unidos.
La familia es originaria de la Provincia de Cañar, Ecuador, que se encuentra ubicada en la sierra al sur de ese país.
El funcionario dijo que los padres solicitaron ayuda a través del Consulado en Monterrey y ha sido a través de esta instancia como obtuvieron las fotografías y resultados de la necropsia de ley practicada por médicos forenses de la Fiscalía General del Estado, que emitieron un reporte con fecha del 13 de marzo.
Para los padres será difícil que acudan a reclamar el cadáver de la infante que falleció hace 8 días, por su condición de indocumentados en Estados Unidos.
“Para ellos se agravaría el problema, sería en perjuicio para ellos, el Consulado en Monterrey les han enviado fotos y han reconocido a la niña”, dijo el diplomático.
Cuestiona procedimientos
Para el cónsul adscrito de la Embajada de Ecuador en México, Muñoz Marfa, el gobierno debe muchas explicaciones sobre los procedimientos empleados en este caso, ya que la menor fue tratada en forma omisa y se violentaron los protocolos internacionales de protección a la infancia, lo cual dejó a la niña en una condición muy vulnerable.
“Cuando la rescatan y de ahí a la fecha que aparece muerta, ¿qué es lo que se hizo? ¿Tuvo tratamiento psicológico? ¿Estuvo sujeta a presiones de investigación que le llevaron al suicidio? Parece que puede haber negligencia y falta de seguridad jurídica hacia la niña”, advirtió el cónsul.
“Ya se ha pedido que se investigue ese tema, no puede ser que la niña no haya recibido atención. Sabemos porque así consta en los documentos que el Instituto Nacional de Migración recibe los oficios del Ministerio Público a las cinco de la tarde, cuando la niña murió a las 3 de la tarde", dijo.
"¿Qué pasó? ¿Por qué no se comunicaron las autoridades locales con Migración? Hay muchos vacíos que las autoridades deben aclarar”, agregó.
“¿Qué pasó con Derechos Humanos, qué pasó con el DIF? No puede taparse el caso al decir que la niña se suicidó y se acabó. Estamos hablando de una menor de edad que es totalmente vulnerable”, destacó.
El cónsul también cuestionó el destino final del hombre que iba a internar a la niña a Estados Unidos, ya que inicialmente él fue enterado de que estaba detenido, sin embargo, Domingo Ferman Uves fue liberado y desde el jueves anterior no ha regresado a su hogar, según confirmaron a El Diario sus vecinos de la colonia Puerto Anapra.
El procedimiento a seguir para recuperar el cuerpo, explicó, será preguntar al Ministerio Público si acepta una declaración juramentada hecha en el Consulado de Ecuador en Estados Unidos indicando los padres que la niña es su hija y evitar el traslado de los padres a México, y otro sería mediante la prueba de ADN, pero en este caso el trámite demorará un poco de tiempo.
Entrega del cuerpo puede demorar
“El cuerpo de la niña va a regresar a la Provincia de Cañar. Ella regresará sola a Ecuador y éste es un dilema al que se han enfrentado muchas familias que han partido a Estados Unidos en calidad de indocumentados, es en verdad un verdadero dilema familiar”, lamentó.
Datos proporcionados por el albergue “México, Mi Hogar” que depende del DIF Municipal, refiere que Ecuador es el principal país expulsor de menores migrantes que viajan solos con la intención de ingresar a Estados Unidos para reunirse con sus padres.
La principal vía de ingreso al país es aérea y son los padres de los menores quienes se hacen cargo de pagar a los traficantes de personas el traslado de sus vástagos.
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