Blanca Elizabeth Carmona
El Diario
El traslado de 318 reos al penal de Aquiles Serdán ubicado en la capital del estado, ayer provocó el diferimiento de al menos siete audiencias a extorsionadores y otras ocho como efecto dominó, así como la inconformidad de jueces y defensores. Estos últimos anunciaron la interpondrán decenas de amparos al considerar como ilegal la trasferencia de presos que no están sentenciados.
Los juicios orales fueron los más afectados, al constituirse los Tribunales para dar a conocer a las partes que los acusados no se encontraban disponibles para llevar a cabo las diligencias y fijar nuevas fechas.
Los juicios marcados como 77/13 seguido en contra de José Ramón Galáviz Ávalos, Gonzalo Arturo González, José Rodrigo Reyes Ávalos, Melchor Enrique Bermúdez Ávalos y Francisco Morales Santillán; el 152/13 que se lleva contra Édgar Eduardo González del Toro; el 59/13 instruido a Carlos Alonso Montes Cháirez; el 120/13 seguido a Luis Fernando Chávez Carmona, Martín Iván Verdeja Villegas, María Judith Márquez Baltazar, María Iveth Ayala Ramos y Ángel Gerardo Soto Solís y el 124/13 iniciado a Erick Beltrán Montelongo fueron los diferidos ayer.
“Si afecta en cuanto a la programación de los juicios orales de debate. Cada juez programa los juicios que les asignan, ya sea de forma unitaria o colegiada, y con esto (el traslado) vamos a tardar más en desahogarlos. Lo que se tenía pensado terminar hoy se mueve para el viernes, lo del viernes se difiere para otra fecha y así sucesivamente. Además faltan salas con equipo para realizar las videoconferencias”, indicó el jefe de administración de la Unidad de Juicio Oral, Tomás Magdaleno Carrillo.
Ayer el Ministerio Público y la defensa iban a presentar las conclusiones del juicio 77/13 y por la tarde el Tribunal iba a emitir un fallo. Mientras que en el 152/13 estaba previsto el desahogo de pruebas de la defensa y en el marcado como 120/13 los abogados defensores se inconformaron por la ausencia de sus representados indicando a los jueces que se violaba la garantía del debido proceso porque bajo esas circunstancias no existía la posibilidad de una defensa técnica adecuada por la falta de comunicación con los imputados.
Los litigantes de esa causa, la 120/13, exigieron que los detenidos sean regresados al Cereso 3 de Ciudad Juárez, pero el Tribunal presidido por la juez Claudia Domínguez Curiel no resolvió esa petición, indicando que primero se iba a pedir un informe de lugar dónde se encuentran los acusados.
Un abogado de los trasladados, Salvador Urbina Quiroz, dijo que interpondrán varios juicios de amparos para demandar el regreso de sus representados.
“El problema es que se están llevando a personas que son procesadas, es decir, sin sentencia. Esto está ocasiona situaciones ilegales dentro de los procedimientos a los que tienen derecho, se violan las garantías de los procesado al ausentarlos del lugar donde son enjuiciados. Nosotros tenemos varias audiencias que se van a suspender en virtud del mandato que hizo el fiscal de Ejecución d Penas y Medidas Judiciales por órdenes del ejecutivo para llevarse a personas relacionadas con secuestro y extorsión. Se van a presentar una serie de amparos, al menos 30 amparos”.
En los Tribunales de Garantía 1130/11; 569/121; 2657/13; 2672/13;976/12; 617/13; 2787/13; 2596/12; 1551/12 y el desahogo del exhorto 68/14.
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