Blanca Elizabeth Carmona
El Diario
Durante el presente sexenio estatal el 73 por ciento de los ocho mil internos recluidos en cárceles de Chihuahua están recobrando su libertad, de acuerdo a cifras de la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.
Tan sólo en el 2014, unos mil 500 sentenciados por diversos delitos regresarán a las calles.
Esto se debe a beneficios previstos por la ley, como la preliberación, o bien porque ya cumplieron sus condenas.
Ellos tendrán pocas oportunidades laborales, sólo en el círculo familiar y de amigos, consideraron abogados litigantes.
El titular de la dependencia, Eduardo Guerrero Durán, informó que al inicio de la presente administración se realizó un estudio para determinar cuántas personas iban a salir libres y se estableció que se trata de cinco mil 840 reos recluidos en prisiones estatales, distritales y municipales.
“El 73 por ciento de los que estaban compurgando sentencias están saliendo, esto a lo largo de estos seis años. En este periodo salen, si se cumplen con todos los requisitos de preliberación, alrededor de mil 500 personas. Muchos de ellos ya estaban ingresados dentro de un centro penitenciario a nuestra llegada, es decir, no es gente que acaba de ingresar”, declaró.
Guerrero Durán explicó que se trata de personas de mediana y baja peligrosidad que fueron encerradas en ocho cárceles estatales y en seis distritales (que abarca varios municipios) y municipales.
El funcionario descartó que sean presos arrestados y sentenciados en la actual administración, pues, en este sexenio —dijo— se han puesto a disposición de los juzgados personas de muy alta peligrosidad, quienes han recibido condenas muy altas e incluso vitalicias y por uno o varios delitos.
Respecto a la posible reinserción de los ex convictos, el funcionario dijo que se han enfocado a que los presos reciban capacitación para el trabajo en áreas como electricidad, herrería y carpintería.
También educación básica que incluye la alfabetización, además de buscar un acercamiento con empresas establecidas en la entidad en busca de espacios laborales para los presos que obtengan su libertad.
“Estamos trabajando con el Patronato para la reinserción social y a través de ellos se buscan alianzas con algunas empresas lo que podría permitir que ellos tengan trabajo” explicó.
Agregó que es muy complejo poderles conseguir empleo a todos o ayudarles a obtener uno.
“Por ejemplo en Casas Grandes estamos trabajando con una empresa que exporta nueces a Europa; en Chihuahua con una compañía textil; en Juárez se ha hablado con algunas maquiladoras”, dijo.
Guerrero aseguró que al inicio de la administración de César Duarte Jáquez, en 2010, sólo el 10 por ciento de los presos trabajaban, estudiaban o participaban en actividades deportivas dentro de los penales, y actualmente la cifra llegó al 99.
Respecto a la reinserción, Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), abogado y ex director del Cereso, consideró que no existe una verdadera reinserción en los centros carcelarios, lo que se da es un proceso de aprendizaje por parte de los presos y en varias ocasiones esto conlleva el deseo de no volver a delinquir o bien cuidarse de ser detenidos.
“Lo que hay es un aprendizaje, no hay procesos de reinserción. No se tiene la capacidad, lo digo como ex director del Cereso. Los programas de reinserción o readaptación son muy pocos y es difícil evaluarlos pues no hay parámetros efectivos”, dijo.
Explicó que lo que existe al interior de las prisiones es una experiencia de vida para los internos, “por eso debe dársele otra oportunidad. Una persona que sale después de cuatro años de cárcel tiene una experiencia que no quiere volver a vivir, tiene la idea de que su vida es recuperable. Pero alguien que dura 20 en prisión, sale con la convicción de que su vida ya no es recuperable”.
De la Rosa también dijo que la sociedad prejuzga y tiene una doble moral, por ello se les otorga pocas oportunidades de un empleo legal.
Por su parte, el abogado y secretario ejecutivo nacional de la Confederación de Abogados de México, Salvador Urbina Quiroz, señaló que hay falta de voluntad política y poca inversión para la reinserción social de los detenidos.
“A pesar de que el Estado y sus autoridades presumen de estar certificados, de contar con los mejores ceresos del país, se tiene la duda. En el Cerefeso 9 norte no los dejan trabajar, no hay escuelas, ni capacitación para el trabajo así es imposible reinsertarlos a la sociedad”, expuso.
Agregó que en el Cereso Estatal ubicado en Ciudad Juárez “quienes quieren tener una tienda deben pagar mordidas a la gente a los funcionarios y afuera se encargan de no darles trabajo, porque les piden la carta de no antecedentes penales, eso los deja sin oportunidad para un empleo. Así ¿cómo van a reinsertarse?”. (Blanca Elizabeth Carmona/El Diario)
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