Jesús Salas/ Cinthya Ávila
El Diario
Pepenadores que se encuentran en la Zona Centro desconocen qué pasará con su forma de ganarse la vida, pues con la Reforma Hacendaria estarán obligados a pagar impuestos y hacer declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Ni sé qué es eso de las declaraciones, están locos”, dijo al respecto Manuel, un pepenador que recolectaba botes de aluminio y cartón detrás de Catedral.
A partir de este año, el SAT obliga a las empresas recicladoras a registrar a los “pepenadores” para poder comprobar sus compras; esta medida va a repercutir en los ingresos de quienes subsisten por medio de la recolección de residuos, pues el 5 por ciento de sus ganancias le será retenido, indicaron fiscalistas.
Manuel dijo desconocer de qué se trata el tema de los impuestos, pero dijo no estar de acuerdo con tener que hacer las declaraciones fiscales.
Él vive de lo que recoge en las calles desde hace seis años, y al preguntarle su opinión sobre el pago de impuestos por lo que recogen y venden, creyó que era una mentira. Después de explicarle la situación, la molestia invadió su rostro, “esos nomás nos quieren fregar, de dónde voy a pagar impuestos; ni sé qué es eso de las declaraciones, están locos”, protestó.
Precisamente José Luis Reyes Castorena, fiscalista de la firma Key Consulting, señaló que la nueva fiscalización crea un problema tanto para las recicladoras como para los pepenadores, pues las empresas tendrán que recopilar información de sus proveedores para darlos de alta, y los pepenadores se encuentran en desventaja al tener desconocimiento de los temas fiscales.
Según Manuel, cada kilogramo de aluminio que logre recolectar significan entre 16 y 18 pesos dependiendo de dónde lo venda, al día debe de juntar al menos 10 kilos para que la jornada haya sido redituable.
En caso de que no corra con suerte y opte por la recolección de cartón, el peso a levantar se incrementa, “ese me lo compran casi a peso, imagínate cuánto debo de juntar para sacar unos 50 pesos, y aun así me quieren hacer pagar cosas, no se puede”, dijo el hombre.
El registro
Para el fiscalista de la firma Key Consulting, José Luis Reyes Castorena, esta modificación fiscal es para “meter en cintura” a los pepenadores, además de que el SAT “no quiere dejar fuera a nadie” y todo aquel que pueda contribuir al pago de impuestos será fiscalizado.
Reyes Castorena dijo que la fiscalización no va propiamente hacia los pepenadores, sino hacia las recicladoras, por ser los que están legalmente establecidos.
Sin embargo, indicó que las recicladoras se verán obligadas a recopilar datos oficiales de sus pepenadores para poder darlos de alta en el SAT, como es nombre, CURP, acta de nacimiento y domicilio fiscal.
De igual forma dijo que los pepenadores no prestarán mucha atención cuando se empiece con la recolección de datos, pues su interés es seguir obteniendo el ingreso por lo que recolectan.
Manuel Díaz Marín, fiscalista de la firma Kreston CSM, dijo que las recicladoras tendrán que hacer, como cada empresa, la declaración mensual de sus proveedores para poder hacer efectivas sus compras, que en este caso son los pepenadores.
Díaz Marín indicó que desde la perspectiva del SAT esta modificación no se considera injusta, ya que es obligación de todos contribuir a la carga tributaria.
Esta medida es el resultado de las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, que pretende fortalecer el padrón de contribuyentes y formalizar la compra de residuos mediante un comprobante digital expedido por un tercero autorizado por Administración Tributaria.
Las empresas recicladoras deberán realizar la retención del IVA y el 5 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las personas que recolectan los residuos, es decir sus proveedores.
De acuerdo con el SAT, los recolectores podrán darse de alta vía Internet o bien a través de las empresas que les compran los desperdicios.
Los fabricantes podrán realizar el registro de los pepenadores siempre y cuando sea una enajenación por primera vez, cuando no tengan un establecimiento fijo y si los ingresos de los recolectores fueron menores a 2 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior.
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