No agotaron investigación en masacre de Villas de Salvárcar

Luz del Carmen Sosa
El Diario
2013-11-09

Pese a que la Fiscalía General del Estado giró una orden de arresto contra Israel Arzate por los delitos de homicidio calificado, con penalidad agravada y delincuencia organizada, otros involucrados que participaron en la masacre de Villas de Salvárcar permanecen en el anonimato y libres.
Además, el caso fue cerrado sin que el Ministerio Público agotara diversas líneas de investigación que se desprendieron de las declaraciones de los testigos de los hechos y de los propios imputados, según el resultado de una revisión exhaustiva que se hizo de la carpeta de investigación 2628/2010-2011 de la causa penal 136/2010.
En este estudio también se detectaron deficiencias de forma en al menos 11 diligencias practicadas que la representación omitió anexar, pero que subsanó un año después y a pocos días antes de fenecer el plazo del cierre de la investigación, según documentos que obran en poder de El Diario y que son corroborados en la versión pública de la sentencia del juicio oral.
Los responsables de la ‘auditoría’ a la carpeta de investigación encontraron que carecían de los certificados previos de las lesiones expedidas por el Seguro Social que atendió a los heridos, tampoco fueron anexados los informes médicos de lesiones.
Faltan la acreditación de títulos de 12 doctores y tres peritos como lo establece el Código de Procedimientos Penales; no contenía los expedientes clínicos del IMSS y de Poliplaza Médica de las víctimas, entre ellos el de la testigo 10 que pese a su condición física declaró; faltaba el informe preliminar del examen toxicológico y de alcoholemia de las víctimas; el examen datiloscópico de las víctimas, así como el informe de confrontación de elementos balísticos asegurados en Villas de Salvárcar con otros eventos violentos.
No fue incluido el documental consistente en el reporte de llamadas al Centro de Respuesta Inmediata 066 o 060 y un reporte de Crime Stoppers.
Los registros de los aparatos de telefonía celular tampoco fueron anexados, ya que no los encontraban al momento de la revisión a la carpeta, pero estos documentos se mostraron a los imputados en el juicio oral, sin que la defensa tuviera conocimiento de su existencia, según obra en la versión publica de la sentencia.
El registro telefónico contiene las llamadas y mensajes que recibieron los imputados al momento de recibir la orden de matar a los jóvenes.
Hasta la dirección del lugar de los hechos, la fecha y la hora estaba mal, lo que tuvo que ser corregido.
Los cargos iniciales contra los imputados fueron “por la muerte de 15 personas y lesiones de consideración en por lo menos 10 personas, lo que, conforme al Código de Procedimientos Penales fue modificado a “homicidio con penalidad agravada y homicidio con penalidad agravada en grado de tentativa”.
Estas deficiencias finalmente fueron subsanadas mediante una acusación coadyuvante que firmó de último momento un testigo a tres días de que finalizara el plazo para celebrar la audiencia intermedia programada en marzo de ese mismo año.
Pero esta revisión también llamó la atención sobre algunos datos aportados por las víctimas, como el hecho de que durante la fiesta de cumpleaños del estudiante de preparatoria, llegaron al lugar dos hombres “de aspecto cholo” que fueron identificados como “Azael” y “El Bone”, que querían entrar a la fiesta pero no se les permitió el acceso.
Una de las lesionadas aseguró que estas dos personas se retiraron enojadas y amenazaron a gritos con regresar y matar a uno de los jóvenes que asistía a la reunión. Minutos después irrumpió el grupo de hombres armados y disparó contra varios de los asistentes, entre ellos el joven falleció amenazado.
Estas dos personas fueron declaradas en torno a los hechos, pero su testimonio fue minimizado por la representación social al ser presentados por el Ejército Mexicano varios hombres a los que identificaron como los agresores.
Precisamente una de estas personas mencionaron en su testimonio que en el ataque a las tres viviendas de Villas de Salvarcar participaron tres mujeres, parejas de los imputados, para camuflarse “como familia” en caso de ser sorprendidos en los retenes que en ese entonces realizaba el Ejército Mexicano.
Ninguna de estas mujeres compareció ante el Ministerio Público a causa de esta supuesta participación en los hechos.
Otra versión que obra en la carpeta de investigación es la versión de otro de los imputados, el cual involucró como “jefe de grupo de una de las células delictivas” a un agente de la Policía Ministerial Investigadora.
El imputado había iniciado sus actividades ilícitas en el 2009 y dijo que recibió órdenes del agente Edder Germán Castillo Molina. “Era quien ponía los jales”, declaró.
Sin embargo, este elemento fue asesinado junto a su compañero y amigo el 4 de enero del 2010 sobre el bulevar Óscar Flores Sánchez.
Ambos elementos formaban parte de la escolta del comandante Francisco Lazarín Núñez, ejecutado el 23 de octubre del 2009 en el interior del bar Pockets, ubicado en el bulevar Óscar Flores y Zaragoza. Los tres investigadores eran de toda la confianza de la procuradora Patricia González Rodríguez.
Otro imputado dijo que luego de la masacre, recibieron la orden de arrojar en un lote baldío las prendas de vestir y calzado que portaban el dia de los hechos y estaban ensangrentados, pero ni la representación social ni la defensoría pública corroboró este dato.
De manera extraoficial el personal de la Fiscalía General del Estado dio a conocer que parte del armamento empleado en la masacre de Villas de Salvárcar fue asegurado en abril del 2011, al ser detenidos varios hombres dedicados al robo de vehículos.
La carpeta de investigación de Villas de Salvárcar fue conocida por casi media docena de agentes del Ministerio Público, sólo dos de ellos continúan laborando en la institución. Otros, han sido asesinados o renunciaron a causa de confrontaciones con Juana María Castañeda, según el archivo periodístico.

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