Luz del Carmen Sosa
El Diario
La tranquilidad de la noche se rompió de pronto. Los padres ya estaban acostados cuando sus tres hijos menores llegaron corriendo a su cuarto y brincaron a la cama. En la oscuridad, hombres armados irrumpían en su hogar.
Ese sería el último momento en que estarían reunidos en la habitación de la vivienda ubicada en las calles Dolores Revilla y Lauro Gómez, de la colonia Independencia II.
Horas de terror después, la familia entera terminó consignada ante el Ministerio Público Federal por la posesión de una pistola calibre 9 milímetros; incluidas dos niñas de 11 y 13 años, en un hecho sin precedentes en el estado de Chihuahua.
Antes, el padre y la madre fueron exhibidos ante los medios como “Aztecas” por la Policía. Frente a ellos los agentes colocaron el arma y el “equipo táctico militar” que supuestamente les encontraron, violando su presunción de inocencia.
Aun cuando la familia ya fue liberada y hay una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) hacia el gobierno del ex alcalde Héctor Murguía, los municipales responsables de la aprehensión y consignación ilegal siguen laborando en la corporación, confirmó ayer Adrián Sánchez Contreras, vocero de la Policía Municipal.
La madre de familia recuerda ese 15 de diciembre de 2012. Eran entre 11 y 12 de la noche. Todos estaban agazapados en la recámara matrimonial mientras los cuatro perros Chihuahua ladraban desesperados bajo la cama. Todos escuchaban fuertes ruidos en el patio de la casa, estaban forzando el portón, rompían los vidrios, los gritos se escuchaban cada vez más cerca, casi dentro de la casa.
Policías municipales sorprendieron a la asustada familia.
“Me sacaron del cuarto arrastrándome del cabello hasta donde está la sala, una mujer policía me puso bocabajo encima de la orilla del sillón y ahí me estuvo golpeando y diciéndome muchas groserías”, narra Luz Imelda Ayala Córdova, de 40 años. La oficial le cortó la respiración con una bolsa de plástico del súper que le ponía en la cabeza por prolongados segundos. La asfixiaba. En la primera oportunidad que tuvo alcanzó a tomar aire y vio que era golpeado su esposo Jesús Muñoz Rocha, de 34 años; su hijo de 16 estaba esposado. A ellos los torturaban de la misma manera.
La madre buscó en la habitación a sus niñas de 11 y 13 años. Cuando la arrastraban a la sala alcanzó a ver que a ellas las encerraban en el baño, sin que los oficiales consideraran las súplicas de las pequeñas para que no les pegaran.
De rodillas, a la madre le faltaba el aire y le sobraba el miedo. “Ya no podía respirar. Mordí la bolsa con los dientes para poder respirar”, dice. Con las encías sangrando a causa del esfuerzo de romper la bolsa, inhaló una bocanada de aire, lo que enfureció a la oficial excedida de peso y pelo teñido de rubio. “Pinche vieja, ¿estás respirando?”, le gritó la agente.
“Entonces pidió otra bolsa y me la empalmaron encima. Trataba de morderlas para respirar pero no podía. Entonces ella (la oficial) me puso sus manos enfrente de la cara y su pierna en la espalda para ahogarme. Me decía ‘estás respirando’. Me soltó porque yo ya no me moví, me quitó las bolsas y sacaron una pistola y me la pusieron en la cara”, dice.
Fue entonces cuando la madre vio que su esposo y su hijo estaban casi sin sentido con bolsas en la cabeza. En ese momento ella gritó: “sí, acepto todo lo que tú quieras, pero a mis hijos y a mi marido déjenlos en paz”. Se rindió.
Esta narración forma parte de las 17 hojas que contiene la recomendación 19 //2013 que el 27 de septiembre emitió la CEDH contra el entonces presidente municipal Héctor Murguía Lardizábal.
El organismo derechohumanista encontró suficientes elementos de prueba para presumir daños a la propiedad, allanamiento de morada y lesiones, aunque la familia denuncia actos de tortura.
La madre de familia recuerda que cuando ella aceptó declararse culpable de los delitos que aún desconocía, observó a los agentes cenar la pizza que habían comprado para sus hijos. Los oficiales estaban hambrientos, recuerda. Empezaron a sacar la comida del refrigerador y a calentarla en el microondas; también tomaron perfumes y dinero en efectivo. En la recámara de las niñas encontraron uniformes militares y también los agarraron.
De la cochera sacaron una camioneta que estacionaron en la calle y luego los sacaron a ellos, no sin antes golpearlos de nuevo. Hasta los perros se llevaron. La madre vio cuando a las niñas las subían a su camioneta que era conducida por un policía.
Sus vecinos suplicaron a los agentes que les dejaran a las pequeñas. También llegó el mayor de sus hijos y dijo que él se hacía cargo de sus hermanas, pero los agentes rechazaron poner en libertad a las dos menores de 11 y 13 años.
“Nos dijeron que íbamos todos detenidos y nos llevaron en las patrullas 335, 525, 125, 302, 303, 304, 325, donde estaban cargando todas las cosas que sacaron de mi casa, parecían camionetas de mudanza”, narra la madre de familia que presentó la denuncia ante la CEDH.
Toda la familia fue a parar a la estación de Policía Universidad, donde la juez de Oficialía Jurídica y Barandilla, Lizet Lugo Acosta, consignó ante el Ministerio Público Federal a los cinco integrantes, incluidas las dos niñas de 11 y 13, así como al adolescente de 16, por el delito de posesión de un arma de fuego calibre 9 milímetros.
Poco después de las 4 de la mañana la autoridad federal recibió a la familia en las instalaciones ubicadas en la avenida Hermanos Escobar.
“Cuando llegamos nos tuvieron afuera esperando a que abrieran. Adentro nos quitaron las esposas y entonces el licenciado (de PGR) le dijo al policía que por qué a esos menores, que si había quién los estaba reclamando por qué los traían de arriba para abajo toda la noche, que por eso podía ir a la cárcel. Entonces el policía municipal se soltó llorando”, recuerda la quejosa.
La mujer que se declaró culpable de la posesión del arma que, afirma, le sembraron, obtuvo su libertad con una fianza de 20 mil pesos.
Luego de meses de investigación, la CEDH concluyó que “existen datos o elementos para presumir la violación al derecho a la propiedad en la modalidad de daños; al derecho a la privacidad, en la modalidad de allanamiento de morada; al derecho de integridad y seguridad personal, en la modalidad de lesiones y derechos contra la niñez”, cita la recomendación.
Hasta ayer el Gobierno municipal no ha dado una respuesta formal a la recomendación emitida el pasado 27 de septiembre. El secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana Silveyra, menciona que la recomendación tal vez llegó a la oficina del alcalde, desde donde se tiene que responder, lo cual tampoco le constaba.
El arresto y consignación contraviene la Ley Federal para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, y Adolescentes, que refiere que no procede la privación de la libertad en ningún caso cuando se trate de niños menores de 12 años, situación que se agrava con los actos de tortura denunciados por los padres y otros menores, menciona la CEDH.
Este caso de abuso de autoridad ya es investigado por la Fiscalía General del Estado. El vocero de esa dependencia, Arturo Sandoval Figón, afirma que fue abierta la carpeta de investigación 2806-025831/2012 por el probable delito de abuso de autoridad en contra de los cinco integrantes de la familia Muñoz Ayala y en particular en perjuicio de las niñas de 11 y 13 años.
El expediente menciona la actuación de los agentes Julio Alberto Quintero Zapata y José Bernardo Mote Rodríguez, que firmaron las remisiones 61870D y 61871D, quienes continúan laborando de manera normal, así como la intervención en los probables hechos delictivos de los tripulantes de las patrullas 525, 125, 302, 303, 304 y 325, que participaron en los arrestos y probables actos de tortura contra los quejosos.
El agente del Ministerio Público César Armando Chacón Martínez, adscrito a la Unidad de Investigación Contra el Servicio Público, abrió la indagatoria en la que también se menciona a Lizet Lugo Acosta, juez de Oficialía Jurídica y Barandilla en turno y quien signó el oficio SA/DOJB/OJ-2012, mediante el cual puso a disposición del Ministerio Público Federal a la pareja y a los tres menores de edad, según obra en la recomendación.
Este es el primer caso en el que se hace pública la consignación de una niña de 11 años ante el Ministerio Público Federal por la supuesta posesión de una pistola calibre 9 milímetros y de “equipo táctico militar”.
“Mi niña de 11 años no puede dormir, estamos muy asustados, tememos por nuestra seguridad, eso que nos hicieron nos perjudicó demasiado, hasta salimos en los medios de comunicación con puras mentiras”, concluye la madre en su relato de terror.
Por miedo a represalias, la familia, junto con los canes que finalmente recuperaron, decidió empezar de nuevo en otro lugar, lejos de lo que fue su hogar.