Antonio Rebolledo
El Diario
A queja expresa, la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) podrá solicitar al banco nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército) un informe sobre el fundamento legal que empleó para cobrar desde julio del 2011 la cantidad de 59.94 dólares por la inspección física de automóviles importados para su inscripción al Registro Público Vehicular (Repuve).
El titular de la Condusef en esta frontera, Jorge del Valle Cosío, indicó que en materia de servicios bancarios, Banjército incurriría en dos irregularidades de acuerdo a un análisis ágil sobre sus funciones en torno a la inscripción al Repuve.
La primera, por cobrar una comisión en dólares por un servicio que no implica una operación en moneda extranjera, en este caso en dólares. La segunda, por no incluir el “Servicio de inspección física para confronta de historial de reportes” ni la inscripción al Repuve en su panel de servicios financieros, un trámite que debe estar inscrito ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que regula y admite los servicios que ofrecen las instituciones bancarias en el país, incluyendo la banca nacional, como es el caso de Banjército, independientemente del acuerdo que sostenga con dependencias de gobierno o de seguridad para su funcionamiento, apuntó.
“Se trata de información que debe estar al alcance de los usuarios, visible, y Banjército no la informa en su panel o Listado General de Tarifas y Comisiones, al menos en internet”.
En su portal, Banjército enlista los Servicios Bancarios Fronterizos que ofrece: el pago de aranceles e impuestos a la importación definitiva de automotores, embarcaciones y casas rodantes; la internación temporal de vehículos, y la internación de personas a territorio nacional con o sin permiso para realizar actividades remuneradas.
“No se menciona en ningún apartado algún cobro o el servicio de inspección física del automotor y su inscripción al Repuve, un servicio que en el caso de las instituciones financieras sería único, pues para establecer esta labor, los bancos regularmente se apoyan en Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) para no emplear a su personal en forma directa. Si su personal ejerce estas actividades, debe también justificar que recibió un tipo de capacitación específica, pues prácticamente son labores de peritaje”, expresó Del Valle Cosío.
Precisó que en forma paralela a la queja ante Condusef, los usuarios o contribuyentes inconformes al momento de la importación de autos usados pueden promover una queja ante la Secretaría de la Función Pública si consideran que el cobro –del que Banjército no ha especificado su fundamento legal ni justificación– es una contribución no contemplada por la autoridad federal incluida en un trámite que por Ley es gratuito, como lo indica la normatividad del Repuve.
“Si el contribuyente considera que hay una situación irregular, por ser Banjército una institución financiera del Estado, la Secretaría de la Función Pública podría abrir una investigación para determinar la justificación del cobro de los 59.94 dólares, pero también el destino final de lo recaudado en los últimos dos años”, detalló Del Valle Cosío.
La primera instancia que abrió una investigación por el cobro para la inscripción del Repuve fue la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) a principios de mayo pasado.
Empero, ante la presión que imprimieron de manera conjunta Banjército y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de la Aduana de Ciudad Juárez, ordenó a su delegación en Chihuahua que traslade a sus áreas jurídicas en la capital del país la investigación por el cobro que personal de Banjército realizaba en la aduana del cruce internacional Jerónimo-Santa Teresa.
Mediante un acuerdo por escrito, la titular de la Prodecon a nivel nacional, Diana Bernal Ladrón de Guevara, instruyó el pasado 31 de mayo que la queja promovida por la Unión Independiente de Vendedores de Autos y Camiones (UIVAC), con número de expediente 238-VII-QR-97/2013, fuera turnada por la Delegación Regional Norte-Centro I con sede en Chihuahua capital, a la Subprocuraduría de Protección de los Derechos del Contribuyente y a la Dirección General de Quejas y Reclamaciones de la Prodecon.
Banjército y el SAT en las respuestas a la Prodecon (muy similares en redacción) le manifestaron que esta investigación no era de su competencia por considerarse un cobro que no es un impuesto ni un derecho que lacere al contribuyente, sino un simple servicio bancario, de ahí la postura de ayer de la Condusef que, subrayó, abrirá una investigación sólo si se presenta una queja sobre el particular.
Banjército dejó de cobrar en forma obligatoria el pasado 21 de mayo los 59.94 dólares por la inspección física de los vehículos de importación para su inscripción al Repuve. Lo volvió un servicio opcional y no un requisito más de importación.
Instruyó a su personal que quien quiera Repuve que lo pague, y quien no, cumpliendo con su trámite de importación puede continuar su camino hacia el interior del país para registrarlo en forma gratuita ante dependencias de seguridad vinculadas con el Secretariado Nacional de Seguridad Pública.