Antonio Rebolledo
El Diario
No sólo Banjército exigió a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) que saque las manos en la investigación que abrió por el cobro que realiza a los contribuyentes por el “Servicio de inspección física y confronta de historial de reportes” para inscribir automóviles al Registro Público Vehicular (Repuve) en el momento de ser importados por las garitas aduanales de la frontera norte del país.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se agregó a la exigencia para que la Prodecon retire su investigación por considerar que no es de su competencia.
En una carta enviada el pasado 23 de mayo al delegado regional Norte-Centro I de la Prodecon, José Luis Figueroa Jácome, la Subadministración de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Ciudad Juárez subrayó que la Prodecon “carece de facultades legales y, por ende, de competencia para conocer e investigar sobre una queja relacionada por presuntas actuaciones en operaciones y servicios bancarios no realizados por una autoridad fiscal federal”.
La queja fue interpuesta por la Unión Independiente de Vendedores de Autos y Camiones (UIVAC) a principios de mayo pasado, luego de que calificaran de ilegal el cobro de 59.94 dólares por el “Servicio de inspección física y confronta de historial de reportes” y por la inscripción al Repuve de los vehículos que importaban por la Aduana.
Y lo consideraron ilegal porque no se encuentra especificado el cobro ni en la Ley Federal de Derechos ni en la Ley de Ingresos de la Federación 2013 y años anteriores.
El SAT acentúa en la misiva –de la que El Diario cuenta con una copia–, que la Prodecon debe desechar la queja interpuesta, ya que “la UIVAC carece de interés jurídico para promover una queja relacionada con presuntas actuaciones de la Sociedad Nacional de Crédito (Banjército) en operaciones y servicios bancarios no prestados al quejoso”.
En todo caso, advierte el SAT, la queja debiera realizarse por un afectado de un acto de autoridad fiscal competente, es decir, un importador.
El documento que envió el SAT a Prodecon tiene varias similitudes a la carta que envió Banjército dos días antes.
En el documento de Banjército a la Prodecon se solicita que “los asesores jurídicos, así como la delegación regional de la Prodecon, se excusen de conocer la improcedente reclamación por existir presuntos indicios de parcialidad en el asunto”.
Y es que para Banjército, según expone en la carta, no es competencia de la Prodecon investigar el origen del cobro por la inscripción al Repuve y por el “Servicio de inspección física y confronta de historial de reportes” de los vehículos que ingresan al país por las aduanas de la frontera norte.
Por ser un servicio bancario, dejó entrever, en todo caso la queja por el cobro injustificado sería competencia de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).
No obstante, Banjército no aclara ante la titular de la Prodecon cuál es la facultad o la instrucción del ejecutivo federal que le permite realizar el cobro de los 59.94 dólares por vehículos inspeccionado y registrado al Repuve.
En las cartas que emitió a la Prodecon, Banjército se limita a mencionar y a exponer que el servicio de inscripción al Repuve lo faculta un Convenio de Colaboración que firmaron el 25 de julio del 2011 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Servicio de Administración Tributaria y Banjército.