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Piden madres de desaparecidas asilo a EU; acusan amenazas

Reforma

2013-03-02

El Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas informó hoy que cuatro integrantes con sus familias solicitaron refugio político a Estados Unidos tras haber sido amenazados de muerte y responsabilizaron al Gobierno del Estado de Chihuahua si les llega a ocurrir algo.

A través de su cuenta en Facebook, el comité denunció que el hostigamiento en su contra sigue por parte de las autoridades y de la organización Justicia para Nuestras Hijas, con sede en Chihuahua y dirigida por la activista Norma Ledezma.

"Este hostigamiento sistemático desde hace dos años, pero intensificado a raíz de la Caminata por la Vida que emprendimos el 15 de enero (de) 2013 para exigir la verdad sobre desapariciones y feminicidios de nuestras hijas, a (sic) llevado a la migración forzada de cuatro miembros del comité", se lee en el pronunciamiento difundido este sábado.

En un periodo de tres semanas, la primera en solicitar refugio junto con sus cuatro hijos fue Karla Castañeda, madre de Cinthia Jocabeth Castañeda Alvarado, desaparecida a los 13 años en el 2008.

También solicitaron el apoyo de las autoridades norteamericanas Manuel García, hermano de la coordinadora administrativa del comité, Bertha García; también Maricela Varela, cuyo cargo no especificaron y quien se fue con sus dos hijas debido a que una recibió advertencias, y Francisca Galván, representante legal de la agrupación.

"Todos ellos amenazados de muerte varias veces", estableció el comité.

Agregó que las autoridades migratorias de Estados Unidos otorgó tres refugios políticos, uno individual y otros dos a igual número de familias.

Sin embargo, la abogada Galván fue retenida en Migración en espera de una audiencia debido a que consideró analizar el caso.

"Las autoridades migratorias de Estados Unidos están sorprendidas de que en un lapso (sic) de tres semanas hayan tenido que emigrar tres familias con hijas desaparecidas en Ciudad Juarez y su representante legal, y que sean las propias autoridades mexicanas quienes las están hostigando", añadió.

Se indicó que Galván es fundadora del Comité de Madres y se ha entregado de tiempo completo y de manera voluntaria a la búsqueda de la verdad y la justicia de los crímenes de sus hijas.

"Hasta ahora las agresiones no han cesado", insistió la agrupación.

Aseguró que Karla Castañeda fue amenazada de muerte el 4 de febrero pasado, mientras que la hija de Maricela Varela, los días 6 y 19 de ese mes.

En tanto que Marcos Espinoza Rendón fue golpeado, afirmó el comité, por agentes ministeriales al intentar acompañar a una madre a la revisión de un expediente.

Además, agregó, dos familiares de Bertha García fueron secuestrados y después de varios días uno fue liberado en Saltillo, Coahuila y otro en Ciudad Juárez.

"Francisca Galván (sic) recibió llamadas telefónicas amenazándola de muerte (sic) fue intimidada por el presidente municipal de Cd. Juarez (sic) y en varias ocasiones y por la directora de Justicia para nuestras hijas Norma Ledezma (sic)", se puntualizó en el documento.

"Hacemos publico (sic) cada hostigamiento que recibimos y dejamos evidencia de que no es un hecho aislado lo que vivimos por exigir el esclarecimiento de estos crímenes y el cese al lucro de los feminicidios".

"Hacemos responsable al gobierno de Chihuahua de cualquier agresión física (sic) psicológica y emocional que sigamos padeciendo las madres del comité (sic) y nuestra abogada Francisca Galván Segura".

La Caminata por la Vida y la Justicia de las Mujeres Desaparecidas y Asesinadas del Estado de Chihuahua inició el 15 de enero en esta ciudad fronteriza y concluyó el 21 de enero en Palacio de Gobierno de Chihuahua capital, donde Duarte no las recibió debido a que se encontraba en el arranque del Programa Contra el Hambre anunciado por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, el Gobernador se reunió con ellas públicamente el 2 de febrero en la Plaza Misión de Guadalupe, en Ciudad Juárez, donde escuchó reclamos de madres por localizar a sus hijas, realizar nuevos estudios de ADN a los cadáveres que permanecen en el Servicio Médico Forense, así como aplicar justicia en el caso de los responsables de los homicidios y despedir a funcionarios ineficientes, a lo cual se comprometió.

Días después, el Comité denunció que una de sus integrantes, Karla Castañeda, era acosada por elementos policiacos en su casa, por lo que huyó.
 

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