Martín Coronado
El Diario
Miles de personas que buscan trabajo enfrentan la exigencia de una carta de antecedentes penales, y no tener tatuajes visibles a pesar de que la nueva ley laboral lo prohíbe.
Especialistas afirman que los cambios hechos a la Ley Federal del Trabajo, y publicados el 31 de noviembre de 2012, permiten a los buscadores de empleo ganar demandas laborales contra quien les niegue un empleo por ser ex convictos o haberse marcado el cuerpo con tinta.
Patrones y abogados de corporativos reconocen que ahora los buscadores de empleo pueden ganar con mayor facilidad demandas por discriminación, lo que representa multas de hasta 32 mil 500 pesos, y mayores riesgos para operar.
Mientras tanto, abogados laboristas aplauden que se facilite la tarea de hacer valer los derechos de las personas a tener un empleo y a no ser discriminadas.
Buscadores de empleo, por su parte, creen que es sano que se revisen los antecedentes penales a los posibles trabajadores, por la situación de inseguridad que vivió la ciudad, aunque les parece exagerado el estigma al que se ha sometido a las personas con tatuajes.
Filas kilométricas
Aunque es febrero, el sol calienta. Una fila de más de 600 personas lleva más de dos horas frente al edificio norte de la Fiscalía General del Estado en Juárez, en donde se tramita la carta de antecedentes penales.
Es el primer filtro en la odisea de conseguir uno de los escasos empleos que poco a poco brotan en la ciudad. Desde que inició la crisis de inseguridad, en 2008, las maquiladoras fueron adoptando la carta de antecedentes penales como un primer requisito para recibir a las personas que buscan empleo.
Con ella garantizan que las personas no han sido sujetas a procesos penales, o detenidas por determinados delitos que implican riesgos para sus operaciones de comercio exterior.
Con el auge de empleo de inicios de año, cientos de personas se han animado a buscar trabajo.
"Pues está bien que la pidan, porque no saben a quién contratan”, dice Mario, un hombre moreno de 30 años, que hasta el pasado jueves era chofer de quinta rueda en una empresa transportista en la ciudad.
“Con todo lo que pasó en la ciudad, se tienen que asegurar de a quién contratan”, dice mientras trata de concentrarse en la forma que debe llenar para obtener la carta.
“Sí, ya sabemos que está mal que pidan la carta, pero es algo que tienen que hacer, no está para menos”. Comenta que espera conseguir trabajo pronto, pues cada vez se ve “más movimiento”.
Toda la mañana
El proceso es simple pero puede llevar toda la mañana. Hay que ir a la caja a pagar los 73 pesos que cuesta el trámite, y a recoger la forma que se requiere llenar.
Luego se entrega la forma y minutos más tarde, luego de hasta dos horas de filas se obtiene el documento, que tiene una validez de tres meses.
De manera ordinaria se llegan a solicitar hasta 600 cartas diariamente. Pero en los primeros tres días del año se alcanzaron hasta mil 200 trámites diarios, según indica Carlos González Estrada, portavoz de la FGE.
Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, indica que la carta de antecedentes penales se convirtió en un primer requisito.
“Yo tengo que saber a quién contrato”, dice enérgico.
Sotelo Suárez, un hombre con 37 años de trayectoria empresarial, quien ha estado en giros que van de lo comercial al transporte, afirma que seguramente, aunque la ley diga lo contrario, las empresas de la ciudad seguirán pidiendo la carta de no antecedentes.
En el caso de la industria maquiladora, explica, están obligadas a no contratar personas con antecedentes penales porque para poder tener la certificación CT-Pat —que permite beneficios fiscales y operativos, como cruza por los carriles exprés de carga—, es necesario cumplir con todos los requisitos, como el hecho de hacer exámenes antidoping a todos los trabajadores, revisar que no tengan tatuajes y tampoco antecedentes penales.
Sotelo Suárez indica que incluso el Nuevo Esquema de Empresa Certificada, un sistema de la Secretaría de Hacienda, que también permite a las maquiladoras aprovechar al máximo los beneficios fiscales y utilizar los carriles exprés, exige las mismas condiciones para los trabajadores contratados por la industria maquiladora.
Sustento legal
Abogados laboralistas y corporativistas coinciden en que ahora es posible ganar un juicio a una empresa antes de ser contratado, alegando discriminación.
Y es que los cambios a la Ley Federal del Trabajo y Previsión Social que entraron en vigor el primero de diciembre de 2012, en la llamada reforma laboral, dan sustento legal al principio de discriminación, al enumerar los casos en los que se puede demandar.
Max Salazar, abogado corporativista del despacho BéndiksenLaw, explica que el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo cambió para dar fundamento a la defensa contra la discriminación.
“Queda prohibido a los patrones o a sus representantes, negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio”, indica la nueva ley.
Salazar explica que al incluir el término “cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio”, se abre la puerta para que los buscadores de empleo ganen demandas contra quienes publiquen en sus vacantes la necesidad de presentar cartas de no antecedentes penales, o cualquier otro requisito que implique discriminación. Eso incluye negar un empleo por uso de drogas o por tener tatuajes, un color de piel o determinada preferencia sexual, por ejemplo.
El abogado corporativista indicó que la pena marcada por la nueva ley laboral va de los 50 a los 5 mil salarios mínimos, que significan multas de entre 3 mil y 311 mil pesos por cada caso perdido, además de la obligación de contratar al buscador de empleo demandante.
Reforma incompleta
Gustavo de la Rosa Hickerson, abogado laboralista y derechohumanista de trayectoria, afirma que desde antes de la reforma incluso, era posible ganar un juicio a quien negara un empleo por discriminación.
El laboralista señala que el negar empleo a personas por determinada condición social, económica, sexual o de cualquier otra índole, hace a la empresa responsable por discriminación y que por ello tiene que enfrentar las consecuencias.
De la Rosa Hickerson asegura que si la industria maquiladora necesita usar una certificación antiterrorismo que viola las leyes mexicanas, entonces tiene que hacerse a la idea de que le va a costar caro.
La Confederación Patronal de la República Mexicana detectó la falla y está preocupada por el problema.
Guadalupe de la Vega Arizpe, presidenta de la organización patronal, afirma que sus especialistas, entre ellos el fiscalista Tomás Sánchez Natividad, ya están cabildeando con los legisladores parches a la reforma laboral, dado que provocan más daños que beneficios.
La empresaria dice que la posibilidad de que un buscador de empleo demande antes de que inicie una relación laboral es algo muy peligroso, que resta certidumbre para las inversiones.
Asegura que la reforma laboral definitivamente no quedó completa, y que necesitan hacerse nuevos ajustes a la ley laboral para que en realidad pueda ser un factor detonante de la inversión, en lugar de estarla frenando, como puede darse el caso si los abogados laboralistas inician demandas en este sentido.
Los tatuajes
Alejandro es de esas personas que ven a los demás a los ojos.
Tiene 30 años y al menos cinco tatuajes. Uno de ellos, el que no muestra por pudor, le abarca gran parte de la espalda. Señala con la mirada otra marca en el brazo derecho, aunque no se le ve y tiene uno más en la mano izquierda.
Es de tez morena y apenas mueve el bigote cuando habla despacio. Se niega a hablar de otros dibujos en su cuerpo, aunque acepta tener más.
Con dos hijos y su esposa, Alejandro quedó desempleado el miércoles pasado.
Trabajaba como chofer de quinta rueda, porque con la crisis de inseguridad las maquiladoras no lo contratan por sus tatuajes.
“Antes era supervisor de almacenes en maquila, pero luego te van sacando, y vas a las entrevistas y en el examen médico te dicen, ¿qué traes?, ¿traes tatuajes?, no pos que sí, y hasta ahí llegas”, lamenta.
Dice que se puso los tatuajes cuando era más joven y no tenía responsabilidades. Ahora que le estorban para encontrar trabajo le resulta muy caro quitárselos.
“Está muy caro, aproximadamente con todos los que yo tengo me sale en unos 55 mil pesos quitármelos”, dice tajante.
Alejandro cree que las empresas y los gobiernos prejuzgan sin razón a quien tiene tatuajes.
“Yo creo que es falta de ética, aquí en México se han generado paradigmas, si traes tatuajes eres o fuiste un delincuente… no es cierto”, dice.
“Desgraciadamente nuestros diputados, senadores, presidentes, eso no lo ven, y eso provoca que la gente ande delinquiendo por eso, porque se les cierran las puertas y de algo tienes que vivir”, critica.
Mario y Alejandro salieron de la misma empresa, y ahora buscan un nuevo empleo. Aunque saben que tienen el derecho de entablar un juicio, dicen que no lo harán, porque lo que quieren no es pleito, sino trabajo. (Martín Coronado/El Diario)