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El Diario
Pese a que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) incrementó casi en 10 veces las detenciones de juarenses entre enero de 2011 y el primer mes de este año, sólo 4 por ciento de los arrestados cometió presuntamente un ilícito y fue presentado ante el Ministerio Público, revelan estadísticas de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla.
De acuerdo con los datos oficiales, en 2011 fueron aprehendidos 98 mil 958 ciudadanos, incluidos 5 mil 760 menores de edad.
De ese total, únicamente 3 mil 873 adultos y 418 adolescentes fueron consignados ante el Ministerio Público, del fuero común o federal, como presuntos responsables de algún delito.
Sin embargo, más de la mitad de los imputados obtuvo su libertad y menos de 25 por ciento de ellos fue judicializado, es decir, presentado ante un Tribunal de Garantía.
El número de detenciones de civiles correspondería al de una ciudad prácticamente en estado de sitio, aseveró Gustavo de la Rosa Hickerson, integrante de la Mesa de Seguridad y visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Un informe correspondiente al pasado mes de enero detalla que 11 mil 521 ciudadanos ingresaron a las cárceles preventivas, de los cuales sólo 375 fueron turnados ante el Ministerio Público por la comisión de algún delito.
En promedio diario, los elementos de la Policía Municipal arrestaron a 359 personas por faltas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno, mientras que en flagrante delito capturaron sólo a 12 supuestos delincuentes.
Otro documento oficial, correspondiente a enero de 2011, indica que en ese periodo fueron arrestadas mil 586 personas, de las cuales 134 fueron consignadas ante otra autoridad competente.
Se agudiza detención de juarenses
Tras el nombramiento de Julián Leyzaola Pérez como secretario de Seguridad Pública Municipal las detenciones de los agentes preventivos han alcanzado cifras históricas, de acuerdo con los informes oficiales.
No obstante, de acuerdo con De la Rosa Hickerson, las intervenciones de los oficiales están más encaminadas a los arrestos de ciudadanos por actos de molestia, que por transgredir la ley.
Esos datos, expuso el visitador de la CEDH, revelan que no hay una eficacia real en el combate a la delincuencia.
“Lo que vemos es una película de guerra de Leyzaola y los cárteles. Y eso es malo porque pretende un terrible dominio del territorio de ‘su’ ciudad y es momento de que tanto el secretario de Seguridad Pública reconsidere su estrategia y retome la función de la policía preventiva. Es momento de que el teniente deje hacer su trabajo a la Procuraduría General de la República”, propuso.
Agregó que a partir de 2008, cuando la seguridad pública quedó en manos del Ejército, la ciudadanía ha sido víctima de violaciones a los derechos humanos, que se repitieron con la Policía Federal.
“Ahora con el secretario Julián Leyzaola Pérez los ciudadanos estamos viviendo por tercera ocasión una estrategia fallida y totalmente atentatoria contra todos los derechos de los ciudadanos”, afirmó.
De acuerdo con el archivo periodístico, el mes de enero cerró con varias denuncias contra los agentes municipales por delitos como abuso de autoridad, lesiones e incluso homicidios.
Entre los casos destacan la agresión y arresto de un estudiante del Tec de Juárez, la detención de seis menores “por feos”, los ataques contra cuatro periodistas, y la carpeta de investigación que abrió el Ministerio Público por el probable delito de homicidio contra un hombre detenido.
El mes anterior también sobresalió por los atentados perpetrados contra los policías, con un saldo de ocho elementos asesinados. Los ataques se recrudecieron luego de que amenazas contra Leyzaola mediante “narcomantas”, en las que se le advertía que sería asesinado un policía diario por “apoyar” a un grupo contrario.
Los atentados provocaron que el personal operativo fuera acuartelado en hoteles.
El jefe policiaco no ha emitido declaraciones después de que hizo una acusación pública contra un ciudadano estadounidense de ser el supuesto líder del Nuevo Cártel de Juárez y éste lo confrontó públicamente, al exigirle que se retractara de tal acusación.
'Criminalización de la pobreza'
Para De la Rosa Hickerson la actuación de los policías tienen que ver más que nada con la criminalización de la pobreza.
Por ejemplo, el reporte de liberaciones de arrestados indica que sólo uno de cada ocho paga la multa para quedar libre; el resto opta por cumplir el arresto con horas-cárcel.
En enero del año en curso mil 603 personas pagaron de 300 a mil 500 pesos por la sanción impuesta, mientras que 7 mil 981 detenidos permanecieron de 12 a 36 horas en los separos municipales.
Otros mil 295 sólo fueron amonestados verbalmente, 51 salieron libres por no existir elementos en su contra, mientras que 424 fueron soltados sin que los motivos fueran precisados.
“Estos datos lo que nos dicen es que la Policía Municipal sigue arrestando a una gran cantidad de trabajadores, de personas que no han cometido ningún delito y que se les arresta, golpea y veja a criterio de un policía que se sabe en gran peligro”, alertó De la Rosa.
“Nos dice que esta campaña de Leyzaola contra la delincuencia es únicamente mediática y por eso ha implicado mucho riesgo para la Policía y los propios ciudadanos. Lo que él presenta son resultados simbólicos, cuando estamos viendo que su eficacia es del 4 por ciento sobre el número de detenidos sorprendidos en una actitud delictiva”, abundó.
Respecto al tipo de delito cometido por los detenidos, el informe interno de enero de 2012 indica que de un total de 420 remisiones por ilícitos, 56 fueron por delitos contra la salud; tres por contrabando y 17 por portación de armas de fuego y los imputados fueron turnados ante el Ministerio Público Federal.
Los jueces de Barandilla turnaron ante la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito a 299 personas.
Los delitos cometidos con mayor número de detenidos son: robo de autos, con 37 arrestados; robo a negocios con 34; robo viviendas con 29; otros 28 por uso indebido de documentos; 26 por daños; 25 por violencia familiar; 13 por robo; 12 por lesiones; 11 por tentativa de homicidio; 11 por promoción de conductas ilícitas; 10 por robo a transeúnte, entre otros.
Difieren cifras oficiales
La semana pasada, la SSPM dio a conocer sus estadísticas, pero las cifras no coinciden con el informe de ingresos y salidas de presentados ante un juez de Barandilla.
En un comunicado expone que los agentes de los seis distritos detuvieron y consignaron a las autoridades investigadoras estatales y federales a 781 personas.
Agrega que el total de detenidos por delitos del fuero común que se pusieron a disposición de la autoridad investigadora fue de 619 personas, mientras que detenidos por comisión de delitos del fuero federal fueron 162, en donde destacan los arrestos por posesión de arma de fuego y de droga.
Respecto a la diferencia de cifras entre Oficialía Jurídica y la Policía Municipal, el vocero de la corporación, Adrián Sánchez Contreras, puso en duda la veracidad de los datos oficiales obtenidos a través del propio portal del Gobierno municipal (www.juarez.gob.mx).
A partir de la designación de Leyzaola, no sólo los arrestos aumentaron, también las denuncias por violaciones a los derechos humanos, afirmó Gustavo de la Rosa Hickerson.
“Ellos (SSPM) tienen el deshonroso récord de agresiones ante el Centro de Confianza Ciudadana donde recibimos quejas en dos vertientes: personales y por medio de denuncias anónimas a través de los teléfonos de emergencia 066 y 089”, precisó.
“Nunca habíamos tenido tanta queja contra los preventivos; en enero lo cerramos con 90 quejas y 35 eran contra la Policía Municipal. Ese promedio de quejas es histórico, no lo habíamos registrado nunca, cuando yo entré a los Derechos Humanos en 2005 sólo eran tres quejas por mes, ahora se han multiplicado por 10 veces”, afirmó.
Incluso cuestionó los resultados en el combate al crimen organizado y delitos graves, al señalar que se ha presentado a imputados tan torturados, a destiempo y con puras confesionales que los casos se están cayendo ante los jueces de Garantía.