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2018-08-30Managua— El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que pedirá a Costa Rica la lista de nicaragüenses que han huido hacia este país vecino a causa de la crisis local, petición negada por el Gobierno costarricense.
El mandatario, que enfrenta una crisis que ha dejado más de 400 muertos por las protestas en su contra, mostró su interés en reclamar a quienes considera que cometieron crímenes antes de emigrar.
"Les vamos a pedir el listado oficial (de nicaragüenses) para poder decir con toda claridad cuáles son los que cometieron delitos, los demás pueden regresar sin temor", dijo Ortega, en un acto público, ante miles de seguidores y trabajadores del Estado.
Sin embargo, el Gobierno de Costa Rica dijo que no entregará a Nicaragua ninguna lista de personas solicitantes de refugio porque ello atentaría contra el derecho internacional y los derechos humanos de esta población.
"Costa Rica no brinda esa información a ningún país. Liberar información confidencial o sensible de estas personas atenta contra todo el derecho internacional sobre derechos humanos y refugiados", declaró hoy a los periodistas la vicecanciller Lorena Aguilar.
El Gobierno de Costa Rica explicó que la información de los solicitantes de refugio es confidencial por tratados internacionales y que por ello no entrega ese tipo de datos a ningún país.
"Hay que pensar en que las personas que piden refugio vienen porque están huyendo, tienen temor por su vida, por su familia. Costa Rica lo que está haciendo es abrazando los principios internacionales y haciendo lo que es correcto", afirmó la vicecanciller Aguilar.
"Los refugiados merecen la protección de su información sensible sean del país que sean", agregó.
Decenas de miles de nicaragüenses han huido de su país desde abril pasado, sobre todo hacia Costa Rica, debido a la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra Ortega.
El Gobierno costarricense ha informado de al menos 23 mil nicaragüenses que han hecho solicitudes de asilo en su país.
En un informe emitido este miércoles, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) responsabilizó al Gobierno de Nicaragua de lo que llamó una criminalización y persecución de todas aquellas personas que participaron en las protestas o que son de alguna forma percibidas como opositores.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también ha sido descalificada por el Gobierno de Nicaragua debido a un informe con conclusiones similares en el que reportó 322 muertos, apoyó la denuncia de la Acnudh, que reporta 300 víctimas mortales producto de la represión gubernamental.
Organismos humanitarios locales estiman que entre 400 y 500 personas han desaparecido o fueron convertidas en reos políticos desde el estallido social de abril.
En Costa Rica, un país de 4.9 millones de habitantes, cerca del 8 por ciento de su población es inmigrante, la mayoría nicaragüenses que históricamente han huido en busca de trabajo, a lo que se han sumado miles en 2018 debido a la violenta crisis sociopolítica.
Y apuntan a exlíder sandinista
La Policía de Nicaragua señaló hoy al fundador del Ejército Popular Sandinista (EPS) y coronel retirado Carlos Brenes, de 63 años, de ser presunto cabecilla de un grupo terrorista que se manifestaba contra el Gobierno que preside Daniel Ortega desde abril pasado.
Brenes es sospechoso de cometer los delitos de terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos y daños agravados en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense, dijo el segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, Farle Roa, a través de medios oficiales.
"En los meses de abril a julio, Carlos Ramón Brenes Sánchez, cabecilla de un grupo terrorista, junto a otros delincuentes, planificaron asesinatos, secuestros, torturas, asaltos, violaciones, incendios a viviendas e instituciones, creando terror y zozobra en los departamentos de Carazo y Masaya (sur)", afirmó el jefe policial.