Denuncia ONU impunidad en Venezuela

Associated Press
2018-06-23

Caracas— Las fuerzas de seguridad venezolanas matan gente sin justificación y aparentemente sin sufrir las consecuencias a medida que se desvanece el Estado de Derecho, sostuvo un informe de Naciones Unidas publicado el viernes.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) dijo que los agentes de seguridad implicados en unas 500 muertes cuestionables aparentemente no han sido acusados.
Es una señal de erosión de los controles y equilibrios, lo que exime a las autoridades estatales de rendir cuentas, dijo el alto comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein.
El informe destaca el caso, meses atrás, del agente de Policía rebelde Óscar Pérez y seis miembros de su grupo que fueron abatidos cuando intentaban rendirse. Los funcionarios de la ONU creen que el grupo fue ejecutado por orden de altas autoridades del Gobierno en violación de sus derechos fundamentales.
“El Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, dijo Zeid. “La impunidad debe terminar”.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, “considera que las cifras con realmente impresionantes”, dijo el portavoz Farhan Haq más tarde en la sede de la ONU. Dijo que Guterres sintió que el informe “muestra la necesidad de un diálogo político y una solución política plenamente inclusiva” a los problemas de Venezuela.
Venezuela consideró como un “acto arbitrario” el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alegando que vulnera las normas de funcionamiento de esa dependencia y “usurpa” las atribuciones que corresponden a otros órganos de la ONU.
Al condenar al informe, el Gobierno venezolano dijo en un comunicado que el pronunciamiento del alto comisionado vulnera los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad, y descartó la información oficial con el fin de construir una “grotesca farsa mediática”.
Asimismo, criticaron al jefe de la dependencia, Zeid al que señalaron de tener “obsesión” con Venezuela y de omitir las actuaciones y conclusiones de procedimientos especiales del propio Consejo de Derechos Humanos.
El país sudamericano está sumido en una crisis política y económica creciente caracterizada por la escasez de alimentos y medicamentos y una inflación galopante que ha llevado a miles a buscar una vida mejor en otras partes.
El gobierno ha sido objeto de condenas internacionales desde el año pasado, cuando funcionarios leales al presidente socialista Nicolás Maduro formaron una asamblea constituyente que despojó de sus poderes al congreso elegido democráticamente y controlado por la oposición.
El informe de la ONU estudia casos de aplicación excesiva de la fuerza por parte del gobierno y también menciona ejemplos de oficiales que amenazan o detienen a trabajadores de la salud por denunciar la falta de medicamentos y las malas condiciones.
Según el informe, entre 2015 y 2017 unos 357 agentes fueron investigados por la muerte de 505 personas en supuestas operaciones de allanamiento en los barrios.
Pero la fiscal general, que era crítica de Maduro, fue reemplazada en agosto y no se ha publicado más información sobre las investigaciones en relación con esos homicidios, dice el informe, y añade que aparentemente han desaparecido las pruebas de los archivos.
“El Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos”, dijo Zeid, y sugirió que la Corte Penal Internacional podría tener una mayor implicación.
Las autoridades venezolanas, que denuncian frecuentemente la intromisión extranjera en sus asuntos, no permitieron el ingreso de los funcionarios de la ONU, que obtuvieron su información en entrevistas con víctimas, testigos, abogados y médicos.
El informe echa luz sobre la muerte de Pérez en enero, cuando las fuerzas del gobierno localizaron a su grupo que estaba escondido en una barriada ubicada al oeste de Caracas. Era el prófugo más buscado desde que atacó edificios del gobierno con un helicóptero policial robado.
Según el informe, 400 agentes armados con fusiles de asalto y un lanzagranadas antitanque rodearon a Pérez, quien aparece en un video ofreciendo la rendición. La Policía halló en el lugar cuatro fusiles, una pistola y dos granadas de mano, dice el informe.
Funcionarios de la ONU dijeron que su investigación les permite pensar que agentes dependientes directamente de Maduro ejecutaron a los siete rebeldes y luego destruyeron las pruebas.


 

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