Reforma
2018-06-13
La policía chilena realizó este miércoles indagatorias a sedes de la Iglesia Católica en busca de archivos por los casos de abuso sexual, justo antes de que delegados del Papa se reunieran con un Fiscal en jefe para aunar una mayor cooperación en las investigaciones de miembros del clero.
En inesperadas diligencias, la policía y fiscales incautaron expedientes a un tribunal eclesiástico en Santiago y en la diócesis de la ciudad de Rancagua, al sur de la capital, vinculados a religiosos que habrían cometido abusos sexuales y delitos de encubrimiento.
"El objeto de estas diligencias es pesquisar precisamente delitos cometidos contra menores de edad y que no estén prescritos", dijo a periodistas el Fiscal de Rancagua, Emiliano Arias.
La Fiscalía local busca determinar la veracidad de denuncias sobre una supuesta red de 14 sacerdotes que se habrían organizado para cometer delitos sexuales de manera sistemática.
Por este caso, la diócesis de Rancagua ya suspendió de sus funciones a los sacerdotes involucrados para determinar si incurrieron en estos delitos, en un caso más que profundiza la crisis por la que atraviesa la Iglesia.
El arzobispo Charles Scicluna, un enviado especial del Vaticano, dijo que era importante dar una señal de colaboración entre la Iglesia y la entidades persecutoras del estado para proteger a los menores que presuntamente han sido abusados por religiosos.
"El proceso canónico no debe de ninguna manera impedir el derecho de los ciudadanos de ejercer su derecho de denuncia frente a la autoridad civil (...) Es muy importante trabajar juntos en la defensa de estos valores", dijo Scicluna a periodistas.
Scicluna y el padre Jordi Bertomeu, expertos en temas de abusos, llegaron el martes al país por petición del Papa Francisco para brindar "ayuda técnica y jurídica" y colaborar con las autoridades y miembros del clérigo en casos de denuncias.
Jaime Ortiz de Lazcano, vicario judicial del Arzobispo de Santiago, dijo que estaba en una reunión con Scicluna cuando se enteró que la policía allanaría el tribunal eclesiástico para confiscar expedientes vinculados a una investigación.