El Diario de Juárez
2018-05-22
La empresa armamentística alemana Heckler & Koch está siendo investigada por un presunto soborno a diputados para que aprobaran la venta de fusiles y ametralladoras a México, un envío que está siendo juzgado al margen por supuesta exportación ilegal, escribió la agencia EFE.
Según la televisión pública alemana "ARD", la Fiscalía de Stuttgart abrió una investigación contra un ex directivo de Heckler & Koch por el presunto soborno entre 2009 y 2010 de responsables políticos con el objetivo de que le concedieran a la empresa el permiso necesario para la exportación de armamento a México.
La investigación se inició a raíz de unos correos electrónicos intervenidos al ex gerente de Heckler & Kock, Peter Beyerle, y la televisión pública añade ahora un documento remitido a la auditora de la empresa armamentística, KPMG.
Según este informe, Heckler & Koch entregó 5 mil euros a dos parlamentarios del Partido Liberal -que fueron transferidos a cuentas de la formación- y otros 10 mil euros a una asociación local de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de la Canciller Angela Merkel.
Tres semanas después de la transferencia, según el medio alemán, Beyerle escribió al político más conocido de esa asociación local de la CDU, el jefe de su grupo parlamentario en el Bundestag, Volker Kauder, pidiéndole su apoyo en la concesión del permiso de exportación.
El portavoz de la Fiscalía de Stuttgart, Heiner Römhild, indicó al canal de televisión que se está investigando si estas donaciones a los partidos tuvieron algún efecto en la concesión del permiso a Heckler & Koch.
La Audiencia Provincial de Stuttgart (sur de Alemania) abrió el pasado 15 de mayo un proceso por presunta exportación ilegal de armas a México contra seis ex empleados de Heckler & Koch después de que la Fiscalía considerara que los acusados violaron en varias ocasiones la ley de control de exportación de armas.
Según la fiscalía, los acusados vendieron entre 2006 y 2009 cerca de 4 mil 500 fusiles, así como ametralladores y munición por un valor de 4.1 millones de euros en zonas mexicanas con problemas de violencia, algo prohibido según la legislación alemana.
Los acusados rechazaron los cargos y aseguraron que la venta de las armas a esas áreas problemáticas fue realizada por las autoridades mexicanas.
En el centro de este proceso, que continuará hasta octubre, está una reglamentación que exige a los compradores de armas alemanas una declaración sobre el destino de las mismas.
Normalmente, el receptor acepta no vender las armas a países terceros, pero en el caso mexicano el compromiso, según la Fiscalía, había sido no destinarlas a determinadas zonas problemáticas.
El proceso deberá aclarar si los acusados tenían información sobre esa reglamentación, así como el papel desempeñado por la empresa.