The New York Times
2018-05-14Barcelona— La llaman la frontera más peligrosa del mundo, pero eso no basta para entender al mar Mediterráneo.
Allí, en el mismo espacio geográfico, conviven tanto multitudes de turistas que se broncean en las playas como bomberos en el agua, buques europeos en misión de vigilancia, refugiados jugándose la vida, quijotescos barcos de organizaciones de la sociedad civil que navegan para salvarlos y lanchas libias con ametralladoras montadas para impedir los rescates.
Sufrimiento y política sobre un tapete azul que divide el norte y el sur.
En esta fosa común —619 muertos este año—, la justicia de varios países mediterráneos ha formulado una pregunta que indigna al mundo humanitario y excita a los partidarios de cerrar fronteras: ¿son traficantes de personas o rescatistas?
Hace una semana, el 7 de mayo, una juez de la isla griega de Lesbos absolvió de todos los cargos a cinco personas —tres bomberos de la organización española Proem-Aid y dos cooperantes daneses— que enfrentaban hasta diez años de cárcel por tráfico de personas. El caso se abrió en 2016 y la Fiscalía de Grecia mantuvo la acusación “hasta el último minuto”.
“Han sido dos años en los que se ha criminalizado la ayuda humanitaria”, dice por teléfono a The New York Times en Español Manuel Blanco, uno de los bomberos absueltos y vicepresidente de Proem-Aid. “Nosotros nacimos ante la inacción de los Estados. Llegan muchas embarcaciones y hace falta ayuda”.
El caso es extraño porque, aunque la organización desarrolló labores de rescate desde diciembre de 2015 en el mar Egeo, la acusación se refería a unos hechos en los que no hubo rescate: los bomberos se subieron a un barco de los cooperantes daneses para acudir a un supuesto salvamento —no lo hicieron en el suyo porque estaba siendo reparado—, pero allí no había nadie. Es algo relativamente habitual en este tipo de operaciones porque se reciben coordenadas o avisos incorrectos, pero sorprende que se investiguen unos hechos en los que no hubo salvamento.
La ruta de la muerte
Proem-Aid quiere volver al Mediterráneo central, a la ruta marítima Libia-Italia, la más peligrosa (ya estuvieron allí a fines de 2017), pero es una operación cara y compleja que la organización aún no sabe si podrá llevar a cabo: tan solo el costo de comprar o alquilar un barco, pagar la gasolina y afrontar otros gastos de logística puede ascender a millones de euros.
Una de las organizaciones más resonantes que trabaja en esta ruta es Proactiva Open Arms, también española. En marzo, la fiscalía de Catania inmovilizó a uno de sus barcos de rescate en el puerto siciliano de Pozzallo, con la acusación de facilitar la inmigración irregular. La investigación se inició después de un rescate de 218 personas cerca de la costa de Libia, durante el cual la organización se negó a entregarlas a los guardacostas de ese país.
Una visión que aterroriza a quienes se suben a los botes inflables para intentar llegar a Europa es la de los guardacostas libios y la estela de espuma blanca que sus lanchas dibujan en el mar. Algunos amenazan con tirarse al agua con tal de no caer en sus manos y regresar a Libia.
Los guardacostas, formados y financiados por la Unión Europea (UE), patrullan con soberbia, intimidan a los barcos de rescate y, en virtud del acuerdo con Italia, intentan impedir la salida de barcazas. Es el método que ha encontrado la UE de trasladar su frontera al sur: de marcar, con dinero y diplomacia, dónde empieza la realidad africana y dónde la occidental.
Las víctimas se han rebelado contra esto. Diecisiete nigerianos que sobrevivieron a un naufragio el año pasado han denunciado a Italia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por coordinarse con Libia para intentar devolverlos al país norteafricano, sumido en el desgobierno y el caos posgadafista.
Frontera sur española
Hay tres rutas fundamentales para llegar por mar a Europa. La del Mediterráneo oriental, donde trabajaban los bomberos, fue prácticamente cerrada tras el acuerdo entre la UE y Turquía. Por la de Libia, la más concurrida, cada vez pasan menos personas. Las llegadas por la frontera occidental (Marruecos-España) se triplicaron el año pasado: allí trabaja desde hace años la activista Helena Maleno, de la organización Caminando Fronteras.
Según Maleno, la justicia marroquí la investiga a instancias de la policía española por supuestamente favorecer la inmigración irregular con sus llamadas a Salvamento Marítimo, ente público español encargado de la seguridad en el mar, para alertar de la existencia de embarcaciones que cruzan el estrecho de Gibraltar. El juez debe decidir si abre juicio —en cuyo caso la activista se podría enfrentar incluso a la pena de cadena perpetua— o archiva la causa.
“En cualquier momento puedo ser detenida o acusada. Es una forma de torturarme”, dice Maleno, una de las voces que más ha denunciado la violación de los derechos humanos en la frontera sur española. “Me siento maltratada por el gobierno español”.
La investigación contra la activista se inició después de que la justicia marroquí recibiera unos informes policiales que Maleno sospecha que vinieron de España, algo que negó el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, quien en los últimos días sí ha expresado su apoyo a los bomberos encausados en Lesbos.
“Mi caso tiene que ver con España. Esa es la mala suerte que he tenido”, explica la activista.
Voluntarios, activistas y organizaciones humanitarias están asumiendo operaciones de rescate y de asistencia ante la falta de voluntad política de la mayoría de los países europeos.
A fines de 2013 se suspendió la operación italiana de salvamento conocida como Mare Nostrum. Las operaciones marítimas financiadas después por la UE se centraron en la vigilancia y en el control de fronteras.
Hay causas abiertas por las vidas salvadas o los individuos en tránsito, pero no hay responsabilidades penales por las más de 16 mil muertes registradas en el Mediterráneo en el último lustro.
“Cuanta más ayuda demos, más posibilidades hay de que tengamos problemas con la justicia”, dice Blanco, el bombero y directivo de Proem-Aid.
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